El 'Falcon Crest' de Granados en Ávila: 84 hectáreas, 24 caballos y seis 'quads'

La Guardia Civil ha aportado al instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, nuevos indicios de corrupción contra Francisco Granados que lo dejan aún más cerca de una hipotética condena. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado acusa al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid de haber disfrutado desde 2004 hasta su ingreso en prisión en 2014 de una finca de 842.881 metros cuadrados con mansión, caballerizas, tentadero, piscina e incluso un embalse, que estaba a nombre de dos constructores a los que presuntamente favoreció con recalificaciones y convenios urbanísticos.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, concluye que la finca es presuntamente una de las contraprestaciones que recibió Granados de esos empresarios y, por ello, sostiene que los hechos descubiertos serían constitutivos de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En un primer momento, el exdirigente popular no tenía una participación directa en la propiedad de los terrenos. Sin embargo, en 2005 efectuó un movimiento societario con testaferros y firmas instrumentales para quedarse con el 50% de la finca, ubicada en el paraje de Fuentenebro del término municipal de Higuera de las Dueñas (Ávila), a solo hora y media de los despachos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que ocupó entre 2003 y 2011.

Los agentes han acreditado que Granados se alojaba en ella con regularidad y que incluso acudía allí con su familia y también con amigas cercanas. En noviembre de 2015, realizaron un registro de la propiedad. Encontraron 24 caballos de competición de pura raza española, 19 escopetas de caza, seis vehículos 'quad' de las marcas Kymco y Polaris, un coche Ford Ranger, una furgoneta Renault Kangoo y una máquina excavadora sin matricular. Además de las 84 hectáreas de terreno, en su mayoría pastos y monte bajo, el complejo disponía de una vivienda principal de dos plantas y sótano con 1.400 metros cuadrados, otra vivienda para los encargados del mantenimiento de 102 metros cuadrados, más de 100 metros de almacén y una piscina exterior con vestuarios. También contaba con un embalse para las aguas de lluvia, un cebadero, un palomar, cuadras para los caballos y un tentadero en el centro de las instalaciones.

Granados la visitó por última vez solo unos días antes de ser detenido por su implicación en Púnica el 27 de octubre de 2014. El presunto cerebro de la trama ha sostenido desde el principio que, en realidad, solo acudía ocasionalmente a Fuentenebro invitado por los constructores. Sin embargo, los investigadores recuerdan que se interceptaron llamadas telefónicas en las que reconocía que era copropietario de la finca. Otros indicios avalan esa acusación, como las numerosas fotografías encontradas en su vivienda que prueban que visitaba las instalaciones de forma recurrente, hojas de cálculo en las que aparece como responsable de parte de los gastos de la finca y las conexiones del esquema societario de Higuera de las Dueñas con otras operaciones en las que también estuvo presuntamente involucrado.

La UCO detalla que la finca fue adquirida en 2004 por los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza a través de la sociedad Tuvalu Gestión SL, tras pagar a partes iguales a sus antiguos propietarios un total de 1.022.710 euros. Cid y Marjaliza están imputados en Púnica por haberse enriquecido presuntamente con la ayuda de Granados y otros políticos. Entre ellos, José Miguel Moreno Torres, que se convirtió en alcalde de Valdemoro en 2003 cuando Granados dejó ese cargo para ser consejero de Transportes. Moreno Torres también habría disfrutado de la finca de Higuera de las Dueñas desde el primer momento, según el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

Las circunstancias cambiaron en 2005. Marjaliza decidió separarse de Cid y le vendió su 50% de la finca. La operación se materializó con el pago de 1,3 millones de euros por esa mitad. Los investigadores sostienen que Granados aprovechó ese momento para entrar en el accionariado de Tuvalu Gestión SL, dueño de Fuentenebro, quedándose con un simbólico 2% de las participaciones de la mercantil y, por tanto, de la finca. Para ocultar esa vinculación, el político del PP utilizó a María José Marijuán, la mujer de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios. Así, el 2% de las viviendas y terrenos pasó a ser propiedad, supuestamente, de la mercantil Ayjopen Consulting SL, una empresa administrada por Marijuán. Pero las pesquisas ya han acreditado que Granados era el auténtico dueño de Ayjopen y que su participación en Fuentenebro no fue del 2%, sino del 50%. Es decir, que con esa operación pasó a controlar activos por valor de 1,3 millones de euros, el precio en el que ya estaba tasada la mitad de la finca.

“Como ha quedado evidenciado a lo largo de la investigación”, recoge el informe, “el 'modus operandi' que ha utilizado siempre Francisco Granados para ocultar su verdadero patrimonio obtenido por supuestas comisiones ilegales era a través de personas físicas/jurídicas interpuestas. En el caso de la finca Fuentenebro, Francisco Granados quería disfrazar también el vínculo que le relacionaba con la misma, dando apariencia de ser simplemente un huésped invitado por Ramiro Cid y no como copropietario”. En opinión de los investigadores, el 2% (50% real) que pasó a controlar Ayjopen Consulting en Fuentenebro sería una remuneración que consiguió el exconsejero del PP por beneficiar a las sociedades de los constructores, “por lo que se le considera presunto autor de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales”.