La vicepresidenta se desmarca de la redada y sigue la operación diálogo con inversiones

El Gobierno, por la vía habitual de Soraya Sáenz de Santamaría, vuelve a velar por la presencia del Estado (Ejecutivo nacional) en Cataluña, lo que los independentistas llaman con cierto desprecio "la operación diálogo". La vicepresidenta visita este viernes las obras del acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat junto con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al día siguiente de que los partidos nacionalistas se declararan escandalizados ante la posibilidad de que el gabinete de Mariano Rajoy tenga alguna medida prevista para impedir su referéndum para la secesión y asistieran a una nueva redada de la Guardia Civil sobre las tramas de corrupción del 3% de la antigua Convergència.

TE PUEDE INTERESAR

La Guardia Civil detiene a los 'capos' de Artur Mas que ejecutaron los amaños del 3%

José María Olmo Antonio Fernández

En el Ejecutivo, han dado instrucciones de no mover más el asunto de las "medidas coercitivas" previstas para frenar la consulta ilegal anunciada por la Generalitat. Remiten a las palabras de la propia Sáenz de Santamaría para zanjar el asunto: "Cuando se vulnera la legalidad, se repone". Y como prueba, a la vicepresidenta del Ejecutivo le toca ahora remarcar la labor de la Administración central en favor de los intereses de los ciudadanos catalanes.

Este viernes se desplaza a Barcelona para visitar las obras del acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat, una inversión del Ministerio de Fomento de 272 millones de euros que demuestra de forma palpable la presencia del Estado en Cataluña, pese a las campañas de victimismo de los independentistas. El nuevo tren-lanzadera moverá entre siete y nueve millones de viajeros.

También niegan en medios gubernamentales haber precipitado la operación contra las tramas de financiación ilegal y corrupción de Convergència, con detenciones incluidas de hombres de confianza de Artur Mas. Son fruto de labores de investigación y trámites judiciales que duran muchos meses y que no se pueden prever. Y si se hicieran a conveniencia del Gobierno, hubieran quedado mejor el próximo lunes, cuando el expresidente de la Generalitat tiene que declarar ante el juez.

No hay medidas previstas "hoy por hoy"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a quien correspondería en último extremo dar instrucciones directas a la policía autonómica catalana en caso de convocar el referéndum independentista con el fin de impedirlo, negó en el Congreso tener prevista alguna medida "hoy por hoy". Zoido se aplica el guion oficial de respuesta instaurado por Sáenz de Santamaría: a cada paso ilegal, se responderá en su momento y de forma proporcional. "Lo que tiene que hacer la Generalitat es reconsiderar su posición y no desviarse del marco constitucional, no veo otra salida posible" y "lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad vigente" fueron las únicas frases que el ministro pronunció al respecto.

La vicepresidenta, a quien el grupo parlamentario de la antigua CiU quiere citar en la Cámara catalana para que explique las medidas con que el Gobierno frenará el referéndum, eludió las preguntas sobre la vía legal para la intervención de las funciones del Gobierno autonómico: la aplicación del artículo 155 de la Constitución o la ley de seguridad nacional que faculta al Ejecutivo a dar órdenes a los funcionarios de otras administraciones en caso de emergencia o amenaza para el marco constitucional.

El Gobierno parece que se da por satisfecho con avisar que no permitirá un nuevo 9-N (el simulacro de consulta de 2014), y no quiere dar más pistas sobre sus planes concretos para parar el golpe institucional que anuncian con todo detalle la Generalitat y el bloque de partidos independentistas, desde lo que queda de CiU a ERC y la CUP.