El Congreso aprueba, con el voto en contra del PP, que los ministerios cierren a las seis

Primer paso para que en los ministerios acabe la jornada laboral a las seis de la tarde. Y primer paso también para que arranque la tramitación de una iniciativa legislativa popular promovida por los sindicatos para que se implante una renta mínima que "rescate a las personas" sin empleo ni recursos. Medidas ambas aprobadas por el pleno del Congreso de este jueves sin los votos del grupo mayoritario, el PP.

El plan para que el fin de la jornada de trabajo en la Administración General del Estado llegue a las 18:00 forma parte de una amplia proposición no de ley del PSOE sobre conciliación y corresponsabilidad, que comprende otras importantes medidas, como la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad (y que sean intransferibles), el fomento de la creación de escuelas infantiles en centros públicos y privados de trabajo, o abordar con los interlocutores sociales una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial. La moción socialista fue aprobada por 195 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias), 130 en contra (PP y Foro Asturias) y 14 abstenciones (PNV, PDeCAT y UPN). La redacción final es producto de una enmienda transaccional firmada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y el Grupo Mixto.

Isabel Rodríguez, portavoz adjunta de los socialistas en la Cámara baja, fue la encargada de defender la proposición no de ley de su partido, que llamó a los grupos a "trabajar para que los sueños y los deseos" de una conciliación real "no se queden en eso", y todos se comprometan para "marcar esa prioridad en la agenda política" y "construir un país más igualitario". La diputada manchega confiaba en que la propuesta fuera apoyada por unanimidad, pero el PP se negó, porque consideraba que la moción era un mero "sofrito" y que parte de las medidas ya están recogidas en planes promovidos por el Gobierno, y otras dependen directamente de la voluntad de los gobiernos autonómicos, al ser competencia suya.

La moción impulsada por el PSOE, pactada con varios grupos, es un plan de 25 medidas para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad

El texto transaccional pactado por PSOE, Unidos Podemos, C's, ERC y el Mixto [aquí en PDF] contempla un total de 25 medidas. Entre ellas, dotar de más medios humanos y materiales a la inspección de Trabajo para controlar el cumplimiento de la normativa sobre igualdad salarial y jornada laboral; promover la incorporación en la negociación colectiva de planes para la racionalización de los tiempos; fomentar la mayor corresponsabilidad de mujeres y hombres para la asunción de obligaciones familiares; bonificar en cuotas de la Seguridad Social los periodos de paternidad, maternidad, adopción o acogimiento; regular que las dos últimas semanas del permiso de paternidad (de cuatro semanas desde el 1 de enero) puedan ser disfrutadas "a opción de los progenitores"; universalizar la oferta de escuelas infantiles, de cero a tres años, intentando su "gratuidad progresiva"; desarrollar íntegramente la Ley de Dependencia; poner en marcha incentivos a las empresas para la implantación de un horario racional; adoptar una nueva regulación del teletrabajo; reconocer un bonus de dos años de cotización por cada hijo nacido o adoptado a efectos del cálculo de las pensiones; promover el acceso a los comedores escolares en época de vacaciones; fomentar acuerdos con los sectores de la cultura y el ocio para el adelanto de los horarios de mayor consumo de su oferta o poner en marcha campañas de sensibilización sobre el rol de hombres y mujeres en responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos.

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Críticas de PP y Ciudadanos

En la propuesta pactada, en efecto, se mantiene el compromiso de impulsar "el cumplimiento íntegro en las administraciones públicas, empezando por la Administración General del Estado, del Plan Concilia 2005 y las resoluciones de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que señalan que la jornada laboral debe finalizar a las 18 horas". En cuanto a los permisos de paternidad, el texto inicial modifica la redacción formulada por el PSOE cuando registró su propuesta, en agosto, cuando aún el Gobierno no los había alargado de dos a cuatro semanas. En el texto consensuado con varios grupos se dice que además de que las dos últimas semanas del permiso de paternidad puedan ser disfrutadas "a opción de los progenitores" —o sea, que ellos elijan si se consume ese mes de corrido o se fragmenta—, se establezca, de forma progresiva, un calendario de implantación para la equiparación gradual de los permisos de paternidad y maternidad, configurándolos como "permisos de igual duración, intransferibles, con una prestación del 100% de la base reguladora y con igual protección del puesto de trabajo".

Rodríguez hizo hincapié en la enorme brecha salarial entre los dos sexos aún existente (del 20%, dijo) y en que el 70% de los contratos a tiempo parcial son firmados por mujeres. "No queremos vivir en una sociedad en la que los abuelos tengan que cuidar de los nietos y no poder descansar", resaltó.

La propuesta incluye universalizar la educación de cero a tres años, igualar los permisos de paternidad y maternidad o bonificar por hijo nacido o adoptado

Las mayores críticas se las llevó el PSOE de parte del PP y de Ciudadanos. Ambas portavoces, Silvia Valmaña y Patricia Reyes, pusieron en duda que la conciliación sea una "prioridad" para los socialistas. La primera criticó que la iniciativa que este jueves discutía la Cámara no concordaba "con lo que hacen luego los gobiernos autonómicos" en los que hay un presidente socialista. Y puso el ejemplo del manchego Emiliano García-Page, pues ambas, Rodríguez y Valmaña, son de la misma comunidad. Reyes, a su vez, enfatizó que le habría gustado ver al PSOE "negociando" el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, porque en él se incluyeron medidas de conciliación y corresponsabilidad a propuesta de la formación naranja, y de hecho se atribuyó el tanto de la extensión del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas. La diputada de C's alertó asimismo de que queda mucho por hacer para que las mujeres tengan las "mismas oportunidades" que los hombres.

Por su parte, Sofía Fernández Castañón, de Unidos Podemos, valoró la proposición socialista como "razonable y sensata". Pero hizo varias "advertencias", como el "peligro" que entraña a jornada a tiempo parcial de las mujeres, porque supone una rebaja de su salario y "da menos valor a su trabajo". La consecuencia, además, es que las trabajadoras españolas "van a ser más pobres" que sus compañeros hombres después de su jubilación. También hizo hincapié en la necesidad de formentar la igualdad desde la niñez o el cambio de los planes de estudio. "Y sin derogar las reformas laborales que nos esclavizan, esta proposición no deja de ser un bonito y bienintencionado discurso". Los portavoces de PNV y PDeCAT (la antigua Convergència), Joseba Agirretxea y Lourdes Ciuró, incidieron por su parte en que la moción socialista invadía competencias atribuidas a las comunidades autónomas.

Una renta mínima "por justicia social"

Todos los partidos, a excepción de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, apoyaron este jueves la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por los sindicatos para implantar una renta mínima para los hogares más vulnerables. La admisión salió adelante por 177 votos a favor, 165 en contra y ninguna abstención. Tras la votación de este jueves, la ILP, que llegó al Congreso respaldada por 700.000 firmas, se convierte en proposición de ley, y comenzará a discutirse ahora en comisión. Al debate en el pleno asistieron los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, mientras que el Gobierno se ausentó, informa Efe.

El PSOE ya había anunciado su adhesión a la iniciativa de los sindicatos. Así, su portavoz de Empleo, Rafa Simancas, defendió la iniciativa, que persigue que aquellos que no tengan recursos reciban una renta de 426 euros mensuales durante el tiempo en que no tengan empleo, aunque esta prestación estaría vinculada a la formación o a la búsqueda de un trabajo. 

"Es por justicia social, por eficacia en términos económicos porque supondrá una inyección directa al consumo, y por estabilidad democrática, para luchar contra la desigualdad", afirmó Simancas, para quien es una obligación del Estado luchar contra la pobreza y "no dejar en la cuneta" a los miles de ciudadanos que no tienen ingresos. El portavoz adelantó que el PSOE, durante la tramitación parlamentaria, instará a aumentar las prestaciones por hijo a cargo, complemento de esta renta mínima. 

Los socialistas defienden que esta ayuda, aunque costosa (12.000 millones de euros anuales, según CCOO y UGT), es asumible por el Estado, y critican a PP y C's por argumentar que no se puede pagar, cuando se han destinado 40.000 millones al rescate de la banca. 

La popular Susana López basó en el coste el voto contrario de su grupo, pues no hay "margen de maniobra" para financiar la iniciativa, y añadió que según algunos expertos los beneficiarios podrían llegar a ser ocho millones de personas y alcanzar un gasto de 50.000 millones. Mientras, el portavoz de Economía de la formación naranja, Toni Roldán, calificó la propuesta de antiliberal y progresista, y también impagable. "Es una mala noticia que el PSOE opte por podemizarse y hacer políticas de humo y asumir compromisos que no se pueden cumplir", denunció.

Desde Unidos Podemos, el diputado Segundo González agradeció a los sindicatos la presentación de una ley dirigida a "rescatar a personas y no para rescatar a bancos" y acusó al PP de romper España. Su grupo defiende ampliar la renta mínima de 426 euros, porque no basta para salir de la pobreza. Unidos Podemos reclama que se suba hasta los 660 euros, que es la recomendación de la UE y no supone "pedir la luna", informa Efe.