POR LA EJECUCIÓN DE SU HERMANO

Una víctima española se querella contra las fuerzas militares y de inteligencia sirias

La denuncia presentada este miércoles en la Audiencia Nacional quiere hacer justicia sobre la presunta detención ilegal y ejecución de su hermano en Damasco en 2013

Foto: Una bandera de la oposión siria ondea en el quinto aniversario del comienzo del conflicto. (EFE)
Una bandera de la oposión siria ondea en el quinto aniversario del comienzo del conflicto. (EFE)

La hermana de un ciudadano sirio presuntamente detenido de forma ilegal, torturado y ejecutado por las fuerzas de seguridad e inteligencia militar del régimen de Bashar al Asad, ha presentado este miércoles una querella ante la Audiencia Nacional por lo que se considera un delito de terrorismo de Estado. Esta querella es la primera acción penal presentada ante tribunales europeos contra miembros de las fuerzas de seguridad sirias y, de ser admitida, la primera a nivel mundial.

La denuncia de A. H., nacida en Siria y de nacionalidad española desde hace cinco años, ha sido investigada y presentada por el equipo jurídico G37 Despacho Internacional, que defiende que “de acuerdo con las normas y estándares internacionales, se la considera víctima indirecta de la tortura y ejecución de su hermano y, por lo tanto, parte perjudicada, lo que establece la jurisdicción de los tribunales españoles y les faculta para investigar y, en su caso, enjuiciar los hechos criminales”.

Acreditaron la muerte con fotografías

El hermano menor de la querellante, de 42 años de edad en el momento de su desaparición, casado y con tres hijos, cubría su ruta de trabajo diaria de reparto de frutos secos y otros comestibles entre su municipio de residencia y Homs cuando fue arrestado en 2013 y llevado a un centro de detención ilegal en Damasco a cargo del Departamento de Inteligencia Militar. El transportista ya había manifestado que quería dejar este trabajo precisamente por la peligrosidad de la ruta y la cantidad de puestos de control.

La querellante reconoció a su hermano en unas fotografías que se llevó un policía que desertó de Siria

La identificación de su cuerpo e investigación de su caso han sido posibles porque un miembro de la policía militar, conocido con el alias 'César', desertó en septiembre de 2013, sacando de Siria más de 50.000 fotografías del archivo de los cadáveres de personas torturadas y ejecutadas que las fuerzas de seguridad recopilan desde 2011. En ellas, se fotografía a los fallecidos junto con un letrero o marca que indica su número de preso, el del centro de detención ilegal y una tercera cifra asignada al fallecimiento.

Estas fotografías, que en total corresponden a unos 6.000 cadáveres, están permitiendo identificar a muchas víctimas de las detenciones del régimen de Al Asad a nivel internacional, con la esperanza de denunciar y solicitar la investigación de estos crímenes. Es el caso de A. H., que identificó a su hermano en las fotos de su cuerpo sin vida “con evidentes muestras de tortura”, y pudo así constatar su muerte y avisar al resto de su familia, que desconocía su paradero.

La querella interpuesta este miércoles va dirigida concretamente a nueve miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, tres del centro de detención ilegal donde estuvo el hermano de A. H. y el resto en distintos cargos de los mandos de inteligencia, además de un vicepresidente. "El objetivo no es enjuiciar el régimen de Siria, sino una serie de hechos y delitos concretos, pero para ello hay que acreditar lo que está ocurriendo, porque los hechos se enmarcan dentro de la legislación de represión que ha implementado el Gobierno sirio", asegura Maite Parejo, abogada penal miembro del equipo jurídico que presenta la querella. Desde 2011, antes incluso de que se recrudeciese el conflicto dentro del país, el Gobierno de Al Asad puso en marcha un plan de seguridad nacional destinado precisamente a reforzar e institucionalizar la violencia contra la población civil.

Una mujer, durante la exhibición del trabajo de un fotógrafo identificado como César, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. (Reuters)
Una mujer, durante la exhibición del trabajo de un fotógrafo identificado como César, en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. (Reuters)

"Llevamos muchos años para llevar el caso a los tribunales y espero que se haga por fin justicia para mi hermano", explica A. H. a este diario. Llegó a España hace ya 30 años, por lo que ha vivido todo el conflicto sirio desde la distancia: "Está siendo muy duro ver desde aquí todo lo que está pasando, me duele todo, porque tengo a muchos familiares allí y es peor desde que mi hermano no está". Esta querella supone para ella una esperanza para cambiar las cosas en su país: "Creo que es fundamental que más gente se una, porque a nivel internacional no se está haciendo nada para detener lo que está pasando, y no parece que vaya a parar dentro de poco", se lamenta.

Consideración de víctima

La base legal de la querella se fundamenta en que los tribunales españoles pueden ejercer su jurisdicción de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite juzgar crímenes de terrorismo cometidos por ciudadanos españoles o extranjeros fuera del territorio nacional si “la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos”, como es el caso.

La Ley del Estatuto de la Víctima del Delito española considera a los hermanos como víctimas indirectas en los casos de muerte o desaparición

En cuanto a la concepción de 'víctima', la denuncia se basa en las dos resoluciones (40/34 y 60/147) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos internacionales, en la Directiva 2012/29 del Consejo y Parlamento Europeo sobre garantías mínimas con las que deben contar las víctimas de infracciones penales, que reconoce como parte perjudicada a los hermanos y hermanas de víctimas directas.

En la legislación española, también la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito española, en la cobertura sobre familiares, considera a los hermanos como víctimas indirectas en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causa directamente por un delito.

Antecedentes legales

En cuanto a los hechos denunciados, la querella se fundamenta en el artículo 573 del Código Penal sobre terrorismo, considerando que lo ejercen aquellos estados que aplican una “violencia extrema e indiscriminada contra sus ciudadanos o contra los de otros países, que ejercen su fuerza sin sujeción al derecho, y que vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. Como ejemplos, aporta además varios antecedentes judiciales donde se reconoce el terrorismo de Estado, como el del régimen de Pinochet o el del Gobierno paraguayo, “intrínsecamente similares” a lo ocurrido en Siria en los últimos años, según la querella.

Almudena Bernabéu, otra de las abogadas de G37 Despacho Internacional, especialista en derecho internacional, incide sobre la importancia de este primer paso judicial: "Nuestra esperanza es que este primer paso permita inaugurar esfuerzos de justicia penal en diferentes jurisdicciones y, con ello, esperanza para los miles de civiles sirios que siguen sufriendo las consecuencias de esta barbaridad”.

Desde marzo de 2011 han desaparecido en Siria más de 117.000 personas y han muerto más de 450.000. A pesar de ello, hasta ahora no ha habido ninguna investigación o proceso de justicia para establecer responsabilidades penales, aunque la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "explicitó la necesidad de llevar los crímenes de lesa humanidad ante la justicia", según recoge la querella. De hecho, la Comisión Independiente de Investigación sobre Siria de las Naciones Unidas determinó en 2015 que se han de explorar vías alternativas en los tribunales nacionales basadas en el principio de jurisdicción universal, como es el presente caso.

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