Guerra entre la Policía de Madrid por los privilegios con el culpable del Madrid Arena

La nueva vida que emprendió Miguel Ángel Flores tras ser condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Provincial en el marco del caso Madrid Arena ha levantado ampollas en el Ayuntamiento de Madrid. Desde que se hizo público que la mercantil Madrid Exposiciones y Eventos Urbanos (MEEU) había contratado al empresario —que se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso para ver si entra o no en la cárcel—, el coordinador de Seguridad del consistorio, Daniel Vázquez Llorens, parece empeñado en sacar irregularidades a la sala Lab, uno de los negocios de la citada sociedad.

Por orden suya, el Servicio de Inspección y Evaluación (SIES) de la Policía Municipal de Madrid no ha dejado de visitar el espacio ni una sola noche de actividad desde que se puso en marcha. Ha llevado a cabo tres inspecciones desde que el 1 de enero comenzó a funcionar la sala, coincidiendo todas ellas con los días en los que ha habido espectáculo en el local. En concreto, los agentes visitaron el establecimiento la madrugada del domingo 15 de enero a la 1:00, la del 21 de enero a las 2:20 y la del 23 a las 2:15. En sus informes, los funcionarios concluyeron que el espacio estaba siendo utilizado para un fin que no es el que recoge la licencia, por lo que previsiblemente no estaría cumpliendo con la legalidad. Los policías esgrimieron que la cocina no estaba activa y que había personas bailando, por lo que en realidad la sala estaba funcionando más como una discoteca que como un restaurante con espectáculo, que es la licencia con la que cuenta la sala.

Según el 'Catálogo de espectáculos públicos' de la Comunidad de Madrid, sin embargo, la licencia de restaurante espectáculo no prohíbe el baile. Los locales que están calificados de este modo, explica el mencionado documento, son "cerrados y cubiertos" y están "destinados a ofrecer al público espectáculos de variedades; disponen de servicio de bar y restauración y están dotados de camerinos y zonas destinadas a las representaciones o escenario". No pocos locales con esta misma licencia, de hecho, se anuncian en las guías del ocio de la capital como lugares en los que se puede bailar.

No en vano, el criterio del SIES no es el único que existe en el consistorio. Además de las inspecciones efectuadas por estos especialistas, durante los mismos fines de semana, la sala Lab también recibió la visita de otros policías municipales, los responsables de la zona de Chamartín en la que se encuentra ubicado el local gestionado por el Grupo Alonso. En concreto, el mismo domingo 15, cuatro horas después de que sus compañeros del SIES pasaran por el local, los policías del distrito se personaron en el establecimiento y, en contra de lo que concluyeron sus predecesores, determinaron que el local cumplía con los requisitos legales establecidos en la normativa y funcionaba como un restaurante con espectáculo; es decir, de acuerdo a su licencia.

Los informes que denuncian que el local no cumple con la normativa han sido elevados a Desarrollo Urbanístico Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que es el organismo que finalmente determinará si el espacio ha incurrido en algún tipo de ilegalidad y si procede imponer una sanción a sus gestores o si no cabe hacerlo. El castigo en el caso de que Desarrollo Urbanístico considere que ha habido algún incumplimiento podría ir desde una mera multa económica, que conllevara la obligación de modificar cualquier aspecto que el organismo considere, hasta el precintado y cierre del espacio.

Junto al informe que pone en evidencia que la sala no fue utilizada para los fines que contempla la licencia la madrugada del 14 al 15 de enero, uno de los cabos que firman el acta añade un escrito complementario en el que se queja de haberse sentido coaccionado al realizar la inspección por el subinspector José Luis Morcillo, responsable del área de Chamartín, entre otras zonas, y por lo tanto máximo responsable de los policías que emitieron el informe que apuntaba en sentido contrario.

Además de esta contradicción entre actas, existe otra paradoja en los informes elevados por el SIES. En concreto, en el último que firmó este departamento policial, el del pasado 23 de enero, donde, a pesar de describir el local de modo prácticamente idéntico al que dibuja el acta del día 15 que daba por buena la actividad de la sala, los agentes reflejan que el establecimiento funciona como una discoteca y no como un restaurante espectáculo.

En concreto, detallan que se trata de un "local con puerta de acceso donde se cobra entrada, se accede tras pagar 15 euros a la sala principal, donde se observa la siguiente configuración: una barra principal en medio, cuatro accesorias repartidas, un escenario y zona de asientos con mesas bajas; existe una pista de baile donde el escenario y la zona de asientos en la que el público (...); respecto a la cocina, se encuentra un cocinero y dos ayudantes elaborando canapés fríos y calientes".

La descripción coincide en lo fundamental con la que llevan a cabo los agentes del distrito de Chamartín en su acta del 15 de enero. "El local se encuentra en funcionamiento con música por un espectáculo en vivo; se observan mesas con bandejas de comida y cocina en funcionamiento", reseñan los agentes que sí califican como una actividad propia de un restaurante espectáculo la que llevan a cabo los propietarios de Lab.

Miguel Ángel Flores, condenado por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 29 de lesiones también por imprudencia grave en el caso del Madrid Arena, ejerce actualmente como coordinador de desarrollo de negocio de MEEU desde que fue contratado por la mercantil del Grupo Alonso el 7 de mayo de 2015. Sus responsabilidades, según explican desde la sociedad, se han centrado en la gestión de la pista de patinaje Rolling Dance and Burger y en la administración del centro de negocios Factory, que alquila espacios de 'coworking' y oficinas. No tiene vinculación alguna en el día a día, por lo tanto, con la sala Lab, más allá de que esta última pertenece a la misma empresa matriz que paga a Flores.

El director general de MEEU, Hugo Jiménez, no entiende que el ayuntamiento someta a la sala a tantas inspecciones y alega que el espacio cumple con la legalidad, pues cuenta con una licencia de restaurante con espectáculo, que es la más amplia que se dispensa. "Tras más de dos años trabajando y desarrollando MEEU, con una parte de los espacios ya explotados y sin ningún problema ni incidencia, nos sorprende enormemente este reciente acoso continuado al que se nos está sometiendo, que provoca un perjuicio económico y de imagen en un proyecto que desarrollamos dentro de la más estricta legalidad", asegura Jiménez a El Confidencial.

"Desde la apertura del espacio Lab Espectáculos el pasado 18 de diciembre, hemos sufrido inspecciones policiales en cada evento celebrado", asegura el director general, quien añade haber "llegado a padecer incluso tres visitas durante una misma noche, durante un espectáculo de seis horas de duración". "Conocemos de primera mano que hay negocios similares al nuestro que, a día de hoy, no han recibido una sola inspección desde su apertura", afirma Jiménez, quien considera que "esta persecución continuada a la que nos vemos sometidos por la Policía repercute muy negativamente en la imagen que pueden llevarse nuestros clientes". "La duración desproporcionada de las inspecciones —continúa—, así como las formas de proceder en las mismas, están acarreando connotaciones muy negativas para nuestro negocio; en los dos últimos espectáculos celebrados, por ejemplo, se llegó incluso a cachear indiscriminadamente a los clientes".

En la misma línea se ha expresado el directivo de la mercantil mediante un correo electrónico remitido al oficial de la Policía Municipal responsable de la unidad de distrito de Chamartín, Blas Robert Gil de Mingo, al que reclama una reunión. "El único objetivo que tiene nuestra empresa es cumplir con la legalidad y poder ejercer libremente y sin presión continua policial la licencia que tenemos admitida por el ayuntamiento", solicita Jiménez, que pide el encuentro con el fin de que la Policía le informe "de los aspectos que entiende que se efectúan incorrectamente".

El consistorio, por su parte, se limita a admitir la situación de desencuentro policial que existe en este momento en el seno de la corporación.

Fuentes municipales consultadas aseguran que las actas contradictorias firmadas por los dos grupos de la Policía Municipal mencionados "están siendo estudiadas".

"Tanto los elementos de contradicción como los motivos" que han podido llevar a efectuar los diferentes informes son objeto de análisis por los responsables policiales y políticos. En especial, el Área de Salud, Seguridad y Emergencias que dirige el concejal Javier Barbero está estudiando "por qué se produjo una segunda inspección y si fue allí algún subinspector", en referencia al mando señalado por el cabo que realizó el escrito complementario, la noche del 14 al 15 de enero.

La Dirección General de Control de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid concedió la licencia definitiva a la sala Lab el 7 de diciembre de 2016, siete meses después de otorgarle la de actividad. El 18 de diciembre, la sala organizó un cóctel de apertura para los medios de comunicación; unos días después, dos eventos empresariales. La tarde noche del 1 de enero, el local celebró su primera fiesta pública. Tras ella, cada vez que ha organizado un espectáculo, la sala ha recibido la visita de la Policía Municipal. Ocurrió la madrugada del 14 al 15 de enero, la del 20 al 21 y la del 22 al 23, las tres ocasiones en que el local volvió a abrir sus puertas tras año nuevo.