La alarma por las agresiones homófobas hará llegar la primera ley LGTB al Congreso

La alarmante situación de las agresiones homófobas en España llegará al Congreso de los Diputados. Tras conocerse la tercera víctima a causa de esta lacra en Madrid en lo que va de año, los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos han tomado cartas en el asunto mientras se intensifican las intenciones de los colectivos LGTB por que esta cuestión llegue a las más altas instituciones. Hasta el punto de que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) tiene elaborado un proyecto de ley para la igualdad LGTBI que pretende llevar a sede parlamentaria en el mes de marzo para que comience a tramitarse, según ha podido confirmar este diario.

La federación que aglutina 50 colectivos en todo el país y que preside Jesús Generelo lleva trabajando en este proyecto un año y medio, y el pasado septiembre comenzó una ronda de contactos con todos los grupos políticos de la Cámara Baja. "Contamos con el apoyo de muchos y estamos a la espera de las conclusiones que manifieste el PP". La FELGTB envió la propuesta legislativa al Gobierno a través del Ministerio de Sanidad e Igualdad que encabeza Dolors Montserrat. La verdadera intención de la federación pasaría por contar con la mayoría del arco parlamentario, y elevar así la cuestión por encima de signos políticos, como consiguieron en la Asamblea de Madrid el pasado año, contando con el apoyo de Cristina Cifuentes. "Tenemos muchas esperanzas puestas en esta ley. Ayudaría muchísimo a reducir los niveles de violencia y discriminación que sufre el colectivo", afirma Generelo.

El proyecto de ley integral incorporaría las normativas autonómicas ya existentes en 10 comunidades autónomas, entre las que están Extremadura, Madrid, Baleares, Murcia o Cataluña, para instar a las restantes a sumarse y ordenar el sistema de protecciones e igualdad LGTB en todos los territorios. Por otro lado, la ley a nivel nacional pretende alcanzar grados de la Administración que escapan de la competencia autonómica, como son el ejército, prisiones o política exterior. La normativa, en todo caso, que podría ser presentada en marzo para comenzar su tramitación, apuesta por la pedagogía y la formación de profesionales en los ámbitos educativos y sanitarios, y dotaría a la Administración de herramientas eficaces para acabar con la discriminación.

"Las administraciones no pueden esperar a que haya denuncias, porque en los temas de identidad sexual y de género existen muchas trabas para que las denuncias sean efectivas. Las administraciones necesitan tener la iniciativa legal como el principio de obligación de intervención, teniendo en cuenta que las estadísticas reflejan los riesgos que existen simplemente por mostrar tu condición LGTB por la calle", explica Generelo. El objetivo pasa por un cambio de cultura a todos los niveles, que evite situaciones "como que en el colegio haya niños o niñas que sufran 'bullying' o que una empresa pueda despedirte".

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Paloma Esteban

El presidente de la organización madrileña Arcópoli, Yago Blando, explica otros ejemplos muy cotidianos que el colectivo LGTBI aún no tiene reconocidos. "Una persona transexual que quiera cambiarse el nombre, a día de hoy necesita dos años —como mínimo— para trámites burocráticos y un tratamiento psicológico paralelo que finalice con un informe para acreditar médicamente que sí puede cambiarse el nombre". En el plano meramente administrativo, este es uno de los ejemplos que la nueva ley LGTBI podría cambiar. "Si una persona se siente 'tran', debería poder cambiárselo sin tener que superar todas esas trabas". Actualmente, esta cuestión aparece así recogida en Ley de Identidad de Género de 2007, aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pero la voluntad de la FELGTB es aglutinar todos los aspectos en la ley integral, que estaría abierta a las enmiendas de los grupos políticos.

Por otro lado, tras la tercera víctima del año en Madrid por un ataque homófobo, los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos lanzaron una batería de preguntas al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que los ataques a homosexuales y transexuales se aborden directamente en la Cámara Baja. Los socialistas reclaman conocer el número de denuncias registradas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la cantidad de procedimientos judiciales que de ellas se derivaron en los últimos años. La formación centrista, por su parte, insiste en datos concretos sobre los delitos de odio, las personas detenidas por ellos y, sobre todo, la necesidad de poner en marcha un plan específico de prevención.

"La igualdad legal no es la real"

El colectivo considera prioritario que se legisle por la igualdad LGTBI. "En España, los derechos de todos los ciudadanos están recogidos en la Constitución. El problema es que la igualdad legal no es lo mismo que la igualdad real", insiste Yago Blando. La única garantía de que se visibilice al colectivo, que representa el 10% de la población española, pasa "por que las instituciones actúen regidas por una norma" y, sobre todo, "que en la educación sea un asunto de primer orden".

Las agresiones homófobas en toda España —inferiores que en muchos países vecinos, pero todavía muy preocupantes— desatan las alarmas, entre otras cosas, por el perfil del agresor. Según los datos que maneja la FELGTB, en la mayor parte de los casos se trata de hombres jóvenes de entre 20 y 30 años. "Es evidente que hay que empezar por la educación. Los atacantes son personas que siempre han vivido en democracia e incluso con el matrimonio igualitario en vigor y, sin embargo, estas cosas ocurren en la calle", asegura Blando, que achaca la situación a la "normalización" de los ataques homófobos en los propios centros educativos.