Entran en prisión los exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) que pretendían librarse

La Audiencia Nacional ha ordenado la detención e ingreso en prisión de los cinco ex directivos de Novacaixagalicia condenados a dos años de prisión por concederse a sí mismos indemnizaciones millonarias antes de abandonar la entidad financiera. La sección tercera de la sala de lo penal ha rechazado la suspensión de la condena reclamada por los ex cargos después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena el pasado septiembre.

Según fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha valorado la gravedad de los hechos así como que el propio Supremo, en la sentencia que emitió, calificó de benévola la pena de dos años de prisión impuesta por el primer tribunal a los ex directivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, al ex presidente Julio Fernández Gayoso y al que fuera asesor jurídico Ricardo Pradas. Para tomar la decisión, la sala también ha tenido en cuenta que los condenados en ningún momento han devuelto el dinero fijado en la resolución y que aún tienen causas pendientes con la justicia.

En concreto, el Supremo calificó de "desproporcionada" la pena de dos años de prisión, pero no por su exceso, "sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas". Sin embargo, admitió que no tenía margen para aumentar la condena que impuso la Audiencia Nacional al no haber sido cuestionada la sentencia en ese punto.

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M. Altozano

La decisión de la Audiencia Nacional de que los cinco sean encarcelados se torna extraordinaria teniendo en cuenta que, cuando las condenas no superan los dos años de prisión, como es el caso, los tribunales suelen conceder la suspensión de la pena y los condenados no entran en la cárcel, a menos que los magistrados responsables de ejecutar la sentencia estimen lo contrario, como finalmente ha ocurrido en este asunto.

La Sala II del Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de cárcel para los cinco exdirectivos por los 22 millones de euros que se concedieron en concepto de indemnizaciones por prejubilación mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en 2010, cuando ya había comenzado la fusión bancaria entre Caixa Nova y Caixa Galicia y la entidad había solicitado 1.162 millones de euros al Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) para ser rescatada y poder hacer un plan de viabilidad.

Ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios, los condenados planificaron la reformulación de los contratos laborales de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada. Según sentenció el Supremo, los ex directivos se inyectaron las millonarias cantidades a través de "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias.