Montoro penalizará a las empresas que demoren los pagos a sus proveedores

Las empresas que tarden en el pago a sus proveedores más de lo que establece la Ley de Morosidad podrán ser penalizadas. Fue uno de los escasos anuncios que dejó la comparecencia del ministro de Hacienda y Función Pública, en el Congreso, la primera en esta XII Legislatura que protagonizó para explicar las líneas maestras de actuación de su departamento, que pasan por reducir el déficit y la deuda pública, reformar el sistema de financiación autonómica, impulsar la Aministración electrónica, consolidar la creación de empleo y subir el gasto público aunque a menor ritmo que el crecimiento económico. Y todo ello sin olvidar la primera tarea de la lista y que el Gobierno juzga irrenunciable: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

Cristóbal Montoro subrayó que "no es aceptable" que con la Ley de Morosidad vigente las grandes empresas fuercen "condiciones de financiación" a pequeñas compañías, porque eso "no tiene sentido" en el actual contexto de financiación. Por eso, el Ejecutivo tiene el "compromiso" de trasladar la "experiencia", que entiende positiva, de agilización del pago a proveedores puesta en marcha por las Administraciones Públicas al sector privado. "El Gobierno sí puede actuar en esta materia, por ejemplo utilizando penalizaciones en materia tributaria". Asimismo, avanzó que Hacienda trabaja en la elaboración de un procedimiento que evite que la prohibición de aplazamiento de las deudas tributarias —aprobada a finales de 2016, y que despertó el rechazo de pymes y autónomos porque a menudo lo utilizan como financiación— se va a flexibilizar y se pondrá en marcha "cuanto antes" (no dijo cómo), aunque el sector quiere que llegue antes del 30 de enero, cuando se liquida el IVA.

El ministro insistió en todo momento en que está dispuesto a liderar una política en materia fiscal "coherente" con la ejecutada durante todo el mandato de Mariano Rajoy. No tiene por qué ser "inmóvil" o "rígida" —ha de ser "flexible", admitió—, pero sí ha de partir de los principios que la han cimentado estos cinco último años, como la apuesta "decidida" por la búsqueda del equilibrio presupuestario. El principal objetivo, en consecuencia, es el "fortalecimiento del crecimiento económico" y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta la "nueva situación parlamentaria", la de un Gobierno en minoría, que hace que los planteamientos de Hacienda "deban adecuarse" a esa necesidad de diálogo, lo que Montoro cree una "oportunidad".

20 millones de empleos en 2020

El Ejecutivo confía en que en los casi cuatro años que quedan por delante sea posible "enterrar la crisis económica definitivamente", para lo que sabe que es necesario "el diálogo, la negociación y, en su momento, la cesión", aunque, eso sí, con los "límites" marcados por Rajoy en su discurso de investidura, y "sin perjudicar las claves de la política económica". Para que la recesión se pueda dar por superada, apuntaló, no basta con recuperar los niveles de actividad, de renta o de PIB, sino volver a los niveles de empleo anteriores. La "convicción" del Gobierno es que al final de legislatura, tal y como comprometió el PP en su programa, se podrá llegar a "20 millones de personas trabajando en España", lo que supondrá dejar atrás las "inaceptables" tasas de paro actuales. "Sería el mejor resultado de esta legislatura, lo que daría sentido a las políticas de corrección del déficit público y de reducción de la deuda". En ese objetivo primordial, insistió Montoro, deben "coincidir" los diferentes grupos, "más allá de las diferencias ideológicas". "Como ministro, les espero a todos con la mano tendida para trabajar juntos por los españoles, y estos valorarán adecuadamente a quienes se sumen a esta tarea", señaló durante su comparecencia.

El ministro ofrece "diálogo, negociación y cesión", pero siguiendo una línea "coherente" con la de estos años, aunque "flexible"

El titular de Hacienda repitió en varias ocasiones que el primer paso ha de ser la aprobación de los PGE de 2017. Su necesidad es "perentoria". "¿A qué clase de legislatura estamos abocados sin unos Presupuestos? ¿Conocen algún país que comience una legislatura sin un Presupuesto del Estado? Sería una extraña y anómala figura", subrayó, para incidir en que hacen falta unas cuentas de este año para "cumplir con Europa" porque España "es Europa". Montoro reconoció que aunque "no existe" el "riesgo" en estas Cámaras de dar oxígeno a fuerzas que no creen en la UE, sí "conviene" al país acatar sus compromisos, porque además los últimos años han demostrado que "es compatible" tapar el agujero fiscal y al mismo tiempo "aumentar el gasto social" y crear empleo.

El ministro no dio detalles de cuándo presentará los PGE —será "en las próximas semanas"—, pero sí que habrá que "acordar" su contenido, y no solo negociarlo. Como guiño a Ciudadanos, su socio de investidura, le garantizó que se incluirán en el proyecto de ley los compromisos incluidos en su pacto, porque no hacerlo "no tendría sentido", pero sí advirtió de que aun así hará falta el apoyo de otros grupos, ya que la suma con la formación de Albert Rivera no es suficiente. "No estamos en una competencia excluyente, sino inclusiva y de coincidencia", verbalizó. El Gobierno sigue mirando al PSOE, con quien consensuó los objetivos de déficit y deuda para este año y sacó adelante las nuevas medidas tributarias —la reestructuración del Impuesto de Sociedades—, pero su no a las cuentas de 2017 sigue en pie. Como herramienta de presión, Montoro contestó a la petición de los socialistas de subir el sueldo a los funcionarios recordando que para dar "acomodo" a esa demanda hay que darle la "certeza" de que habrá Presupuesto.

Un ajuste de 16.000 millones en 2017

Las de 2017 serán unas cuentas "exigentes", porque han de llevar adelante una reducción del déficit dura: del 4,6% con el que se confía haber cerrado 2016 hasta el 3,1% pactado. El ajuste será de 16.000 millones de euros. 2017, según aseguró Montoro, será "el año más difícil" de la legilsatura. Así, 2018 será más sencillo, pues cruzar el umbral del 3% se presenta como "más accesible" y además para entonces España podrá salir del procedimiento de déficit excesivo al que está sujeta por la UE. "La legislatura tiene mucho mejor aspecto, nada que ver con 2012", tranquilizó. Añadió que no hará falta adoptar "medidas adicionales" para recortar el agujero, pues bastará con lo reflejado en los Presupuestos... si salen adelante, claro.

El Ejecutivo se jacta de que España vive un crecimiento "muy sano", y pone como prueba la recaudación por IVA e IRPF, similar a la de 2007

El Gobierno no da muestras de arrepentimiento de su política económica. En modo alguno. Montoro se jactó de que cinco años después de la llegada del PP al poder, el endeudamiento del sector privado, la principal preocupación de entonces, se ha reducido —se han desapalancado entre 400.000 y 450.000 millones de euros, más de 40 puntos de PIB—, que ya hay un crecimiento económico basado en la inversión, lo que hace que el país sea más competitivo y tenga un nivel de exportaciones "histórico". "Vivimos un crecimiento muy sano, saludable", señaló. Y puso como prueba la recaudación por IRPF y por IVA de 2016, que superará la de 2007 (el año de mayor bonanza antes del descalabro) y sumará unos 134.900 millones de euros. Así, por el Impuesto de la Renta, Hacienda ingresará unos 72.000 millones de euros, mientras que el IVA marcará un nuevo récord al llegar a los 62.900 millones de euros, frente a los 60.300 millones del anterior máximo. Los impuestos especiales generarán unos ingresos de unos 2.000 millones en 2016. Sin embargo, sí está "lejano" el umbral de lo obtenido por Sociedades: lo recaudado se quedará en la mitad de lo que entraba a las arcas públicas antes de la crisis. Por eso mismo se modificó el impuesto a finales del año pasado (y pactado con el PSOE), para que la tributación por las grandes empresas aumentara, y rápidamente.

El "desafío de la reducción del gasto" que se vivió en 2012 (22.000 millones de euros menos) no se volverá a dar. Montoro recuperó las cifras para intentar demostrar que la partida social no se ha visto tan dañada. En 2011, el conjunto del gasto público, de todas las Administraciones Públicas, ascendió a 490.261 millones, el 45,8% del PIB. De esa cantidad, 296.481 millones se dedicaron a gasto social (sanidad, educación y protección social). En 2016, el gasto público total habrá sido de 474.803 millones, el 42,5% del PIB. Sin embargo, dijo Montoro, el gasto en materia social fue 4.789 millones superior al de 2011, "el mayor de nuestra historia como país, superando por primera vez los 300.000 millones de euros".

Es decir, que en estos años el peso de la sanidad, la educación y la protección social "ha subido tres puntos, pasando del 60,5% en 2012 al 63,6% en 2016", y es así porque, aunque el gasto público se ha contraído un 3,5% respecto a 2011, como parte de la política de reducción del déficit, el dinero dedicado a gasto social ha crecido 1,5 puntos en este periodo. El ministro también hizo la comparación con el año anterior al arranque de la crisis: el gasto en educación en 2016 fue 1.800 millones más que en 2007, y el de sanidad, 7.000 millones más. Los recursos destinados a protección social (pensiones, dependencia, discapacidad, lucha contra la marginación social, etc.) son también mayores: de 49.000 millones de euros más. "No ha habido un descuido, una infravaloración o una reducción de ese gasto social. Las cifras son muy elocuentes y ese es el punto de partida sobre el que tenemos que plantear las políticas presupuestarias".

Montoro presumió de que el Gobierno "ha reducido el déficit público aumentando el gasto social", aunque hayan sufrido otras partidas de gasto, como el de funcionamiento de las Administraciones o el de inversión pública. El reto de esta legislatura es reducir la deuda pública, que supera el 100%, llegar al 3,1% de déficit y hacer que el gasto público aumente "a menor ritmo" que el crecimiento económico. El ministro señaló que ese objetivo se puede conseguir junto con una "suficiente" recaudación. Hacienda lo acompañará además de un proyecto de ley que desarrolle medidas contra el fraude fiscal, todo ello en un "marco muy favorable", ya que entra en vigor el nuevo sistema de intercambio automático de información financiera. El ministerio mantiene asimismo su compromiso de ir bajando impuestos a lo largo de la legislatura.

Críticas de los grupos

El tono de los grupos fue amable con Montoro, y él lo agradeció. Pero eso no le alivió de las críticas, por aplicar medidas ineficaces y regresivas, por los recortes en el gasto público y por la elevada deuda del Estado. El socialista Pedro Saura le recordó que en realidad el gasto en educación y sanidad se ha reducido en términos absolutos "un 20%" desde 2011, porque se ha apretado a las comunidades autónomas, le remarcó que su modelo ha conducido a más desigualdad, le pidió una profunda reforma fiscal y una subida de las pensiones. El modelo del PP, resumió, supone "jibarizar el Estado del bienestar y un empleo precario". Su compañera de partido María Jesús Serrano le demandó que "escuche" a los ayuntamientos y los deje de "asfixiar", y también que dedique más atención a los funcionarios y que permita la creación neta de empleo público.

El PSOE denuncia que el PP persigue "jibarizar el Estado del bienestar" y consolidar un modelo de "empleo precario"

Paco de la Torre, el portavoz de Ciudadanos, preguntó al ministro si el PP será capaz de cumplir con lo acordado con su partido y proceder a la bajada de impuestos, y si también dotará de más recursos a la Agencia Tributaria. Alberto Garzón, de Unidos Podemos, le fustigó por su política "incoherente" y "errónea" y por haber dado bandazos. Preguntó a Montoro si habrá bajada del IVA cultural. Sin mucho éxito. El ministro simplemente señaló que espera llevar adelante el paso del IVA general al reducido (10%) para los espectáculos en directo "en función del acomodo presupuestario".

"O nos ponemos de acuerdo o no habrá nueva financiación autonómica"

Cristóbal Montoro hizo hincapié en que uno de los grandes proyectos en cartera del Gobierno para 2017 es entrar a "remozar, actualizar e incluso reinventar" la financiación autonómica. Es una "oportunidad" hacerlo ahora, defendió, tanto porque es el arranque de la legislatura como porque las arcas públicas están más desahogadas.

Además, recordó, el juego de mayorías y minorías en el Parlamento hace que no se pueda alumbrar ninguna modificación del modelo sin consenso. La reforma, "o nace con las votaciones" del Congreso, o "no nace". "O nos ponemos de acuerdo, o no tenemos sistema de financiación", sentenció. El Gobierno, dijo, está "empeñado" en la modernización del sistema, y también en la reforma de la financiación de los ayuntamientos. Y está dispuesto a llamar a los "mejores expertos", pero sus señorías, incidió, tendrán la última palabra. El pistoletazo de salida para el cambio del modelo lo dará la Conferencia de Presidentes del próximo martes, 17 de enero, que se reunirá en el Senado.