Mapa de la violencia de género: Baleares, la que más denuncia y la que menos condena

El año 2017 empezó con tragedia. La violencia machista no dio tregua ni en Nochevieja, cuando una vecina de Rivas Vaciamadrid fue asesinada a manos de su pareja, un crimen que recordó a la sociedad que el año que se queda atrás había acabado con 44 víctimas mortales en España, cifra que rebajaba en 16 el número de muertas respecto al año anterior pero que ponía en evidencia que el problema está más vivo que nunca y que se torna necesaria la implantación de nuevas medidas. El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió que es urgente cerrar un pacto de estado en esta materia.

La inhibición tres días después del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid a favor de los tribunales especializados en violencia de género en relación con el caso de la joven que murió tras precipitarse desde un balcón también la mañana del 1 de enero elevaba a dos el número de casos y no hacía más que volver a golpear la conciencia de los españoles, que no tienen la misma sensibilidad en función de si viven en una comunidad autónoma o en otra. Tampoco los jueces responden igual, como muestran los datos proporcionados por el Observatorio de la Violencia de Género que coordina el Consejo General del Poder Judicial.

Baleares encabeza el 'ranking' de comunidades en las que se registran más denuncias de víctimas de esta violencia y el dato sigue subiendo. En 2009, la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres era de 81,8, una cifra que en 2015 se incrementó un 3%, hasta las 84. Es decir, que seis años después se ha incrementado el número de denuncias en un 3%. Más llamativo, sin embargo, es el crecimiento experimentado por Extremadura en cuanto a la cantidad de denuncias presentadas. Esta autonomía pasó de las 30,7 denuncias por cada 10.000 mujeres que registró en 2009 a las 44 de 2015, lo que representa el mayor aumento de todo el país, un 44%.

En el lado contrario se sitúa La Rioja, donde el número de denuncias en los seis años analizados baja un 27%, de las 52,3 por cada 10.000 mujeres que se presentaron en 2009 a las 38 que fueron interpuestas en 2015. Tan solo Murcia, que baja de 85,1 a 69, experimenta una reducción que se acerca ligeramente a la de La Rioja, con un descenso del 19%. Cierto es que la región del sureste español venía de ser, tras Canarias (que tenía 85,4), la que más tasa de denuncias tenía, con 85,1 por cada 10.000 mujeres. En las islas también se ha reducido el índice en un 14%.

En términos globales, los tribunales madrileños y andaluces —debido a la elevada población— son los que más delitos por violencia de género han tramitado en los últimos años, aunque en el caso de la comunidad gobernada por Susana Díaz cada vez tienen menos entre manos. En los seis años estudiados, estos juzgados han reducido el número de casos en cerca de 2.000. Otras comunidades con menos delitos de este tipo, sin embargo, han experimentado un alza considerable. Extremadura, por ejemplo, terminó 2009 con 1.929 casos y acabó 2015 (último año computado completo) en 2.435. Algo similar le ha ocurrido al País Vasco, que concluyó 2009 con 3.750 asuntos de violencia de género y finalizó 2015 con más de 5.000.

Pero no solo la sensibilidad social y el hecho de que las víctimas estén concienciadas y denuncien es lo único relevante en este panorama de la violencia de género. Al igual en denuncias y víctimas, los tribunales tampoco van en bloque en el conjunto de España. Hay autonomías en las que se condena más que en otras en proporción a la población. Los jueces de Galicia y Extremadura, por ejemplo, son más proclives a fallar en contra de los acusados. Baleares, Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y Madrid, por contra, son las regiones menos dadas a declarar culpables a los imputados por violencia de género.

Aunque no llegan al nivel de los magistrados gallegos y extremeños —que dictaminan en contra de más del 80% de los acusados—, los jueces que trabajan estos asuntos en Castilla y León, Asturias, Cantabria y Andalucía también condenan por encima de la media española. Estas diferencias, que evidentemente tienen que ver con el hecho de que cada caso es radicalmente diferente al resto, muestran sin embargo una cierta diferencia de sensibilidad por parte de los magistrados, ya que se trata de porcentajes que se mantienen en el tiempo durante los últimos años.

La conciencia social respecto a la violencia de género ha provocado recientes reformas legislativas, como la ley orgánica de 2004, que han tenido consecuencias claras sobre los condenados. No en vano estos cambios han provocado un notable "incremento de la población penitenciaria", como señala Pilar Casado, subdirectora de Régimen Penitenciario en Almería, en un artículo escrito en el periódico 'Enfoque', donde apunta que el número de inquilinos de las cárceles ha subido "hasta el punto de que los internos condenados" por este tipo de conductas "constituyen el tercer grupo más importante en prisión".

Según datos de Instituciones Penitenciarias, a finales del pasado noviembre —último dato registrado—, había 3.987 reclusos condenados por violencia de género en las prisiones españolas, por encima de los 3.803 castigados por homicidio o alguna de sus formas. Estos datos sitúan a los encerrados por este tipo de delitos como los terceros presos más comunes, por detrás de los que se encuentran dentro de la cárcel por robo (u otros atentados contra el patrimonio y el orden socioeconómico) o por los relativos a la salud pública (drogas, etc.). Actualmente, hay 19.704 encarcelados por el primer tipo penal y 10.818 por el segundo.