Artur Mas se sentará en el banquillo la víspera del congreso del PP

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se sentará en el banquillo de los acusados los días previos a la celebración del congreso del Partido Popular, que dará comienzo el 10 de febrero en Madrid. En concreto, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la vista por el caso 9N —que juzgará también a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau— se celebrará entre el 6 y el 10 de febrero y tendrá al magistrado Jesús Barrientos como ponente. La Fiscalía reclama diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat.

Tanto el exjefe del Ejecutivo catalán como sus dos exconsejeras están acusados de desobediencia grave y prevaricación por organizar la consulta soberanista ilegal del 9 de noviembre de 2014 a pesar de que esta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional cinco días antes. El juez del alto tribunal autonómico José Francisco Valls acordó el pasado 13 de octubre abrir juicio oral contra los tres por los dos delitos mencionados al tiempo que descartaba imputarles el ilícito penal de malversación de caudales públicos, por el que las acusaciones —el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y Manos Limpias— pedían seis años de prisión, debido a que la Generalitat encargó los servicios para la celebración del referéndum "con anterioridad a la suspensión".

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Agencias

Según el magistrado Valls, el expresidente Mas "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión acordada por el TC, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad". Para el juez, "lejos de ser interrumpida, la utilización de instrumentos y procedimientos públicos continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior la apariencia fuera de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios".

El magistrado sostiene que, para un "observador externo", resultaba difícil constatar la "intensa utilización de medios públicos" durante la preparación y desarrollo de la votación, a lo que en su opinión "contribuyó decisivamente que los principales trabajos organizativos, logísticos y de apoyo fueran principalmente encomendados a contratistas privados". "Y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas", remacha el juez, que cree que ello "revela bien a las claras" que los acusados eran conscientes de que el 9N podía ser impugnado por el Gobierno "y actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control jurisdiccional".

Mas "declaró públicamente y en diversas ocasiones ser el máximo responsable de la iniciativa política y de haber impulsado el proceso participativo del 9N" y admitió haber recibido una comunicación del TC que le ordenaba suspender la votación soberanista, como también recordó el magistrado en su auto de apertura de juicio oral. "En definitiva, en forma intencionada y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del tribunal e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso ante diversos departamentos y entes públicos de la administración por él encabezada", concluyó Valls.