El PSOE rechaza definitivamente el recurso de los díscolos contra la multa de 600 euros

Polémica zanjada. El PSOE desestima de forma definitiva los recursos de ocho diputados díscolos que votaron no en la investidura de Mariano Rajoy. Rechaza sus impugnaciones contra la multa de 600 euros que se les había impuesto por desobedecer el mandato del comité federal y no abstenerse.

La decisión fue adoptada este lunes por la tarde por el comité permanente del Grupo Socialista en el Congreso, el órgano de trabajo que reúne a la dirección parlamentaria y a los portavoces de comisión —ya no se sientan en él los presidentes—, y se tomó "por asentimiento y por unanimidad", según adelantaron a El Confidencial fuentes próximas al portavoz, Antonio Hernando. En los próximos días se redactará la resolución y se les enviará a los ocho recurrentes. Cuando se formalice la comunicación formal, no habrá posibilidad de una nueva impugnación. La vía interna se ha agotado. No permite más alegaciones el reglamento del grupo, y en esta cuestión la gestora, que dirige Javier Fernández, no tiene nada que ver, puesto que se trata de un expediente disciplinario impulsado por la cúpula socialista en el Congreso.

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Juanma Romero

En la reunión de este lunes por la tarde, el secretario general del grupo, el andaluz Miguel Ángel Heredia, informó de que ocho de los 15 diputados que votaron no a Rajoy en la sesión de investidura del pasado 29 de octubre —todos menos los siete del PSC, que rehusaron presentar ningún escrito— habían presentado un recurso contra la decisión de la dirección parlamentaria de imponerles una multa de 600 euros por haberse saltado la directriz del comité federal, comunicada esta el 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución. Heredia planteó desestimar las impugnaciones, el procedimiento habitual en este tipo de expedientes, y el comité permanente validó esa decisión por asentimiento y sin voces discrepantes. Nadie discrepó.

Los ocho recurrentes (los siete del PSC no habían presentado escrito) advertían de que la sanción no era procedente y de que habían cumplido la palabra dada

Los recurrentes eran los diputados Susana Sumelzo (Zaragoza), Odón Elorza (Guipúzcoa), Luz Martínez Seijo (Palencia), Rocío de Frutos (Ourense), las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera (Madrid) y los dos representantes socialistas por Baleares, Sofía Hernanz y Pere Joan Pons. En su escrito común, señalaban que la multa no era "procedente" porque era contraria a la Constitución y porque se imponía por una desobediencia respecto a una decisión del comité federal, y no del grupo. También protestaron porque no se les permitió votar "en conciencia", negándoles "un derecho".

Heridas vivas

En su alegato, los díscolos insistían en que estaban cumpliendo con lo que prometieron en campaña. "No es buena política de un partido centenario, caracterizada por la justicia, la pluralidad y la igualdad, sancionar por cumplir con la palabra dada, por mantener la coherencia con el programa electoral, con la trayectoria de un ideario absolutamente opuesto a la corrupción y las políticas de derecha del PP", razonaban. Además, los castigados políticamente por la gestora, apartados de sus cargos institucionales en el Congreso, se quejaban por haber sido sancionados por partida doble. Los representantes del PSC no redactaron un nuevo documento porque la relación con el partido hermano, el PSOE, está siendo examinada en una comisión bilateral aparte.

En la reunión, según fuentes presentes en la misma, no se entró a deliberar sobre los argumentos de los díscolos. "Es que de la sanción tenían difícil librarse. Siempre ha sido así. Es normal también que recurran, pero al final se desestima", apuntaba un miembro de la cúpula parlamentaria.

No hay opción de recurso a la gestora, porque se trata de un expediente abierto por el grupo. Quedaría la vía de los tribunales, que no contemplan por ahora

Con la decisión definitiva del comité permanente del Grupo Socialista, los ocho diputados que han mantenido el pulso hasta el final —y que trabajan de forma coordinada— no tienen más posibilidades de pataleo. Sí acudir a los tribunales, aunque en principio no contemplan esa alternativa, según manifestaba a este periódico una de las afectadas. Así, la dirección cierra un capítulo administrativo que abrió con la votación del 29 de enero. Pero las heridas por aquella votación, y las que lleva sufriendo el partido desde hace meses, más aún desde la defenestración de Pedro Sánchez, siguen siendo profundas.