El Gobierno recurrirá al TC y a su mayoría en el Senado para frenar las contrarreformas

El Gobierno se prepara para frenar en el Tribunal Constitucional y en el Senado la lista de iniciativas parlamentarias de la oposición para derogar las reformas económicas y legislativas impulsadas por el PP en la última legislatura útil. De momento, y a la espera de encarrilar las negociaciones sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se guarda los recursos y las mociones correspondientes en la Cámara Alta hasta después de Navidad. Pero si la oposición, incluido el grupo de Ciudadanos, no se aviene a los pactos, el Consejo de Ministros tendrá que tomar a mediados de enero las primeras medidas en defensa de las prerrogativas del Ejecutivo.

En el Grupo Popular intentan hacerse a la idea de perder las votaciones sobre mociones y proposiciones no de ley que se registran en el Congreso todos los martes con alianzas cruzadas entre el PSOE, Podemos, Ciudadanos y los independentistas. Se conforman porque son intrascendentes en términos legislativos y jurídicos, y también porque no acaban de creerse que esos mismos partidos sean capaces después, a partir de febrero, de ponerse de acuerdo en ningún texto concreto como una proposición de ley. Al menos en los casos que afectan a la política económica, fiscal o laboral.

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Ángel Collado

Las propuestas de derogación de todo tipo de leyes, como la Lomce, Seguridad Ciudadana, del mercado de trabajo, subida de las pensiones o las condiciones de las subcontratas, triunfan en el Congreso por el común denominador de que a todos los grupos de la oposición les vienen bien para derrotar al PP. Pero son inviables en términos constitucionales en cuanto afectan al equilibrio entre gastos o ingresos establecido en los Presupuestos o, si no afectan a la cuentas del Estado, son de muy difícil plasmación legal cuando el Ejecutivo está en contra de que se tramiten y pueden ser frenadas en el Senado, al menos un tiempo.

La oposición sigue empeñada en hacer como si pudiera gobernar desde el Parlamento por el hecho de sumar mayorías circunstanciales en algunos asuntos, y el Gobierno dispuesto a frenar toda iniciativa en contra de sus reformas, salvo previo pacto de enmienda entre varios grupos y solo para “mejorarlas”.

Después de la reunión de la Mesa del Congreso de esta semana, el Ejecutivo ya tiene constancia de que la Cámara rechaza sus vetos a la derogación de la Lomce y a las medidas de equiparación de derechos en las subcontratas de las empresas.

Salvo que la oposición desista en su empeño y se conforme con buscar el acuerdo sobre la aplicación y eventuales cambios en la reforma educativa, el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional esa decisión del Congreso, por que supondría perder las millonarias subvenciones de la UE apalabradas para el desarrollo de la Lomce. El Consejo de Ministros tiene un mes para proceder.

De momento, el Ejecutivo ha vetado otras 10 propuestas de tres parlamentos autonómicos, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto ante la Mesa del Congreso sin que los representantes de la oposición se pusieran de acuerdo para saltarse la prerrogativa del Gobierno. Pero hay otras cuatro iniciativas en las que el gabinete de Rajoy solo ha logrado que le den más tiempo para argumentar a favor del veto o buscar acuerdos 'paliativos' con otros grupos. Es el caso de la revalorización de las pensiones al margen de los Presupuestos, la supresión de las tasas judiciales, las subvenciones "contra la pobreza energética” y “la universalización del derecho a la asistencia sanitaria”. Todas dispararían el gasto y contribuirían a aumentar el déficit público.

TC al margen, si la oposición insiste en dictar desde el Congreso las leyes que tiene que hacer o aplicar el Ejecutivo en contra de sus propias reformas o proyectos, el PP maneja la posibilidad de formular lo contrario desde el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Podría así la Cámara Alta instar al Gobierno a mantener la legislación laboral en sus actuales términos, o hacer lo propio con la de Seguridad Ciudadana. Entrarían en conflicto las proposiciones del Congreso y el Senado, con el consiguiente argumento añadido del Gobierno para rechazar las contrarreformas defendidas por el PSOE, Podemos, Ciudadanos o los independentistas.