Paga Interior: 15 altos cargos de Prisiones gastaron 112.137€ de teléfono en cuatro años . Noticias de España
los móviles asignados a las prisiones: 505.000€

Paga Interior: 15 altos cargos de Prisiones gastaron 112.137€ de teléfono en cuatro años

Instituciones Penitenciarias ha desglosado los gastos de telefonía móvil de sus principales directivos. Un subdirector general se gastó casi 24.000 euros, 12.000 en un solo mes

Foto: El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

El Ministerio del Interior ha desembolsado en los últimos cuatro años (ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015) un total de 112.137 euros para pagar la factura telefónica de una quincena de altos cargos de Instituciones Penitenciarias que disponen de una línea móvil sufragada con el erario público. El 'ranking' lo lidera Enrique Caracuel González, subdirector general de Servicios Penitenciarios, con 23.349 euros. Como ya publicó El Confidencial, Caracuel se fundió 12.000 euros de teléfono en apenas 15 días del mes de julio de 2015, durante sus vacaciones. A raíz de esa información, este diario solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el gasto anual en telefonía móvil de cada línea corporativa adscrita a este departamento desde enero de 2012 hasta septiembre de 2016.

Interior ha contestado a la petición, pero solo aparecen los datos desglosados (por puesto y mes) hasta el 1 de noviembre de 2015. A partir de esa fecha, "el gasto anual en telecomunicaciones asciende a 6.660.490 euros como consecuencia de la realización del contrato de estos servicios por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), sin que se pueda imputar de manera individualizada coste alguno a línea concreta", señala el ministerio, que recalca además "que los subdirectores generales no tiene la consideración de alto cargo". No obstante, "se ha hecho una interpretación masiva y se proporcionan los datos en telecomunicaciones referentes a aquellos puestos que incluyen alto cargo, subdirector general y subdirector general adjunto o asimilado".

Caracuel es subdirector general desde enero de 2012. Ese año, hubo traspaso de poderes en la gran mayoría de los altos cargos del Gobierno central tras la derrota electoral del Gobierno socialista y la llegada al Ejecutivo del PP y de Mariano Rajoy. Por ejemplo, en los datos de 2012 aparecen dos gastos diferentes asociados a la misma línea de teléfono móvil. "2012 es un ejercicio en el que existe duplicidad en algunos puestos, como consecuencia de los ceses y tomas de posesión de distintas personas en el mismo puesto, así como la posterior desaparición de algunas subdirecciones generales según el Real Decreto 400/2012", especifica Interior. Por ejemplo, Caracuel gastó ese año 1.691 euros en teléfono, y su predecesor en el cargo, 555 euros. Interior ha ofrecido el coste de las "obligaciones reconocidas, paso previo al abono, adquiridas anualmente en el periodo de diciembre del año X a noviembre del año X más uno".

Caracuel fue el alto cargo que más teléfono gastó en 2015 y en 2014. El segundo puesto en gasto lo ocupa la línea asignada a la jefatura de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, con 12.960 euros en cuatro años, cargo que ha ocupado en este periodo José Manuel Arroyo Cobo. El tercer puesto lo ocupa el primer directivo de Instituciones Penitenciarias, su secretario general, Ángel Yuste: 8.499 euros. Tomó posesión en enero de 2012. La línea asignada al subdirector general de Inspección Penitenciaria consumió 7.756 euros en estos cuatro años. En este periodo, el cargo lo ha desempeñado José María Pérez Peña.

Interior también ha facilitado el gasto de las líneas móviles asignadas a las distintas prisiones españolas y a los servicios centrales de la secretaría general. En 2015 (datos hasta octubre), había 323 líneas que gastaron 105.712 euros. Es decir, en un año, 323 teléfonos consumieron lo mismo que los 15 de los altos cargos en cuatro años. En 2014, había 319 líneas (124.965 euros), y en 2013, una menos, 318 (124.955 euros). En 2012, había 332 líneas, que gastaron 150.000 euros. Lo que suma un total de 505.000 euros en esos cuatro ejercicios.

Sigue la investigación interna

En agosto de 2015, tras la publicación del gasto telefónico de Enrique Caracuel, Instituciones Penitenciarias ordenó la apertura de una información reservada (una investigación interna) para esclarecer por qué se disparó su consumo telefónico. La información reservada sigue actualmente abierta,según un portavoz de Prisiones. 

Instituciones Penitenciarias aseguró entonces que Caracuel, antes de marcharse de vacaciones al extranjero, concretamente a Portugal, pidió por correo electrónico al departamento correspondiente que le activara el 'roaming' de su línea corporativa. Lo pidió el 18 de julio de 2015. Dos días después, el 20, recibió la respuesta de que ya lo tenía activado. Pero no fue así. Nunca se activó, lo que provocó que la tarifa se disparara. "La gran mayoría del importe de ese mes lo provocó la descarga de datos, ya que aunque estaba de vacaciones, estuvo preparando los presupuestos de su departamento para el siguiente ejercicio y preparando la defensa en el caso por el que está imputado en Granada".

Caracuel está actualmente investigado (la nueva denominación jurídica de la imputación) por el juzgado de instrucción número 6 de Granada por un delito de medio ambiente causado por unos vertidos contaminantes procedentes de la cárcel de Albolote. El juez dictó a principios de octubre la apertura de juicio oral. La Fiscalía pide su absolución y la de otros tres procesados.

A juicio del ministerio público, "la complejidad del organigrama de Instituciones Penitenciarias y del procedimiento para adoptar las medidas adecuadas y dotación de presupuesto que solventaran la calamitosa situación" de la estación depuradora de la cárcel de Albolote, "obligan a concluir que, a pesar de la realidad de los vertidos de aguas residuales gravemente dañinos para el medio ambiente (...) y para la finca de cultivo Cortijo las Torres (...), no cabe imputar aquellos a las personas contra las que se ha dirigido el auto".

 

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