el dinero del fútbol en paraísos fiscales

Un juez español intenta prohibir la publicación de Football Leaks en toda Europa

El auto del viernes se suma a la prohibición que el mismo juzgado instó al diario dirigido por Pedro G. Cuartango hace 15 días

Foto: Cristiano Ronaldo, en el centro del escándalo de Football Leaks.
Cristiano Ronaldo, en el centro del escándalo de Football Leaks.

La mayor filtración en la historia del fútbol ya tiene a un enemigo en los juzgados. El titular del número 2 de Madrid ha emitido un auto para convencer a sus homólogos europeos de frenar la publicación de la investigación periodística que está revelando cómo futbolistas de primer nivel han utilizado paraísos fiscales de todo el mundo para eludir el pago de impuestos de sus derechos de imagen.

El trabajo periodístico nace de la filtración de Football Leaks, 18 millones de documentos que arrojan luz por primera vez sobre los trapos sucios del fútbol internacional. Una red internacional de medios (EIC), liderada por el semanario alemán 'Der Spiegel' y en la que en España participa 'El Mundo', empezó el pasado viernes la publicación de los documentos. Es la segunda vez que el juez Arturo Zamarriego intenta frenar esta información en tan solo dos semanas.

El auto del viernes se suma a la prohibición que el mismo juzgado instó al diario dirigido por Pedro G. Cuartango hace 15 días. Se trataba de la aplicación de una medida cautelar solicitada por el despacho Senn Ferrero Asociados, que, de acuerdo con los papeles en el centro del escándalo, habría asesorado a Cristiano Ronaldo y a otros grandes del fútbol en asuntos fiscales.

Senn Ferrero denunció hace meses un "ataque informático" a sus servidores, que se empezó a investigar en el juzgado. Según el juez, la información a la que ha tenido acceso la red internacional de medios provendría de esa información y se trataría de "datos de carácter confidencial, de índole fiscal y relativa a cuestiones legales de clientes del despacho de abogados".

Cuando se han hecho ya públicos los primeros contenidos de aquellos documentos (como las tramas fiscales de Cristiano Ronaldo o José Mourinho), el ataque a la publicación de esta información se está extendiendo por Europa. El nuevo auto se dirige al EIC y a Stefan Candea, periodista rumano fundador de la red, y ha sido remitido al alemán 'Der Spiegel'. Para intentar ampliar la prohibición, el juez alega que los periodistas de varios medios (cuyos nombres aparecen mal redactados en el auto) han intentado ponerse en contacto con varios de sus clientes para contrastar información.

El pasado viernes, el diario de la avenida de San Luis y los otros medios implicados reiteraban que la información proviene de “decenas de fuentes distintas”. En una entrevista con el EIC, la persona que se puso en contacto con los periodistas para facilitar los documentos apuntaba en esta dirección. 'John', como se hace llamar, asegura que recuperar la información ha sido “un trabajo de equipo” y que la misma procede de diferentes fuentes, no de una sola.

Caso sin precedentes

"Una medida cautelar de este tipo es la que se aplicaría en un litigio entre dos empresas y cuando una está siendo perjudicada económicamente, pero nunca cuando hay un claro interés público de por medio", explica a este diario Joan Barata, abogado y experto internacional en derecho. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado que la libertad de información prima sobre el derecho a la intimidad cuando la información sea veraz y de relevancia pública.

Incluso ante la sospecha de que se trate de información robada, la Audiencia Nacional dejó clara su postura con el caso de los datos de las cuentas bancarias suizas obtenidas por el informático Hervé Falciani. Esa información secreta sirvió para desvelar desvío de impuestos y blanqueo de capitales, y la resolución de la AN entiende que "existen intereses superiores que relevan del secreto y justifican la cesión de la información".

Las acciones del juzgado español han sorprendido incluso a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OCSE), que ha manifestado su preocupación por el auto del juzgado madrileño: "Es una clara amenaza para el periodismo de investigación", ha dicho públicamente su portavoz.

En la misma línea se ha manifestado, en España, la Plataforma por la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información: “El intento de frenar judicialmente a escala europea una investigación periodística es una actuación, a nuestro juicio, desproporcionada y sin precedentes que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa”.

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