para buscar soluciones multilateriales

Santamaría trasladará a la Conferencia de Presidentes la asunción del reto territorial

El objetivo del Gobierno pasa por negociar de manera multilaterial con todos los presidentes autonómicos en lugar de hacerlo bilateralmente con las comunidades de signo nacionalista

Foto:  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (d), conversa con el portavoz parlamentario de PDECat, Francesc Homs (i), durante la sesión de control al Gobierno. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (d), conversa con el portavoz parlamentario de PDECat, Francesc Homs (i), durante la sesión de control al Gobierno. (EFE)

Más multilateralismo y menos bilaterialismo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en cuya cartera de Presidencia ha asumido competencias para las Administraciones territoriales, ha trasladado al resto de grupos políticos su intención de convertir la Conferencia de Presidentes en el órgano que aborde el diseño de las políticas públicas y los retos territoriales. Para ello pretende elevar este órgano al máximo nivel, modificando su filosofía y a la trascendencia de sus decisiones, "para buscar soluciones que nos conciernen a todos". El objetivo del Gobierno, por tanto, pasa por negociar de manera multilaterial con todos los presidentes autonómicos, en igual de condiciones, en lugar de hacer bilateralmente con las comunidades que, bajo ejecutivos de signo nacionalista, son más beligerantes con el Gobierno en esta materia.

El primero en rechazar de plano las intenciones que ha puesto sobre la mesa Santamaría en la Comisión Constitucional ha sido el diputado del PNV Mikel Legarda. El representante de los nacionalistas vascos ha reprochado que en estos "foros", en referencia a la Conferencia de Presidentes, lo que se encuentran en frente "es al Estado en una configuración en forma de comunidades autonómicas y nosotros nos visualizamos como una nación". Es por ello que ha defendido una visión bilateral porque a este tipo de reuniones cada uno aporta sus concepciones parciales "y es difícil llegar a una visión general" por los roles diferenciados de cada comunidad.

Para Santamaría, en cambio, el mejor lugar en el establecer marcos de comunicación colaborativos es la Conferencia de Presidentes que debe asumir una reforma que la dote de mayor institucionalidad. Su objetivo es convertirlo en un "órgano al máximo nivel" para determinar una serie de líneas políticas, "con el máximo respeto a las Cortes", ha precisado, "para marcar objetivos desde una visión consensuada". Un reto que hasta ahora asume el Senado, como ha recordado Albert Rivera, por las funciones territoriales que le asigna la Constitución. Por tanto, y favorable a la iniciativa, ha pedido que o bien se cierre el Senado o bien se reforme.

Este es un compromiso compartido por el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy con quien ha convenido que la próxima reunión de este órgano se produzca en enero y marque el inicio del curso político de 2017. Un simbolismo con el que se pretende dar el primer paso hacia su mayor institucionalización. Con todo, Samtamaría ha asegurado que en las convresaciones previas con los diferentes presidentes autonómicos hay "una práctica unanimidad" en la idea de que es necesario cambiar su dimensión y su enfoque. En definitiva, se quiere convertir en el "principal órgano de cooperación multilateral" entre el Gobierno central y los autonómicos para "poner en común las diferentes aproximaciones a los problemas del país".

El PSOE reclama abrir una reforma constitucional que actualice el modelo territorial Los socialistas han saludado esta iniciativa, pero han pedido mayor concreción "pasando de la teoría a la práctica", encauzar soluciones y abrir una reforma constitucional de carácter federal. Una reforma parcial que tendría como objetivo reactualizarla para garantizar los derechos sociales y asegurar un modelo territorial que emane de "un pacto de convivencia entre españoles". Para ello, han avanzado que el PSOE presentará una iniciativa para crear un subcomisión de estudio de dicha reforma.

Los representantes de ERC y PDCat, la antigua Convergència, en la Comisión Constitucional ni siquiera han entrado a analizar esta cuestión, remarcando que el proceso de desconexión de Cataluña no va a frenarse. "Los catalanes haremos lo que tengamos que hacer" al magen de las decisiones del Gobierno, su voluntad de diálogo o las líneas que consensúe en enero la Conferencia de Presidentes, según ha subrayado la representante republicana. El portavoz del PEDCat en el Congreso, Francesc Homs, ha negado las descentralización del Estado glosada por Santamaría en su intervención y respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que limita el déficit, le ha afeado que "dejan las comunidades a los pies de los caballos".

"El inicio del baile"

A la oferta del Gobierno de negociar todo menos el referéndum soberanista, Homs ha respondido que "a nadie se le puede pedir que renuncie a sus principios", y que "si alguien piensa que la cuestión catalana es resoluble sin pasar por las urnas hace un mal diagnóstico". Antes incluso de entrar a la Comisión Constitucional para escuchar a la vicepresidenta, el portavoz de los nacionalistas catalanes insistió en que "a nadie se le puede pedir que renuncie a sus principios, a su programa, a sus propuestas, a aquello que además en Cataluña se ha ganado y de qué manera en todos estos años" y describió el "tanteo" Santamaría como en el "inicio del baile"; es decir, de la legislatura.

"Se está produciendo la peor crisis territorial desde la Transición"

Las dudas sobre la oferta de diálogo también han sido subrayadas por el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, para quien el país está pasando "la peor crisis territorial desde la Transición". Un contexto que, dijo, "no se soluciona apelando al diálogo vacío de contenido". En esta línea ha reivindicado el derecho a decidir en Cataluña y que el Gobierno acepte "la diversidad presente" frente a la supuesta aplicación de un "modelo de recentralización" que habría llevado cabo.

La vicepresidenta también ha explicado que el Gobierno va a potenciar las comisiones previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar las vías de solución de conflictos entre administraciones. En ese contexto, ha recalcado que, si las otras administraciones lo consideran oportuno, el Gobierno está dispuesto a repasar los recursos pendientes que están en el TC e intensificar la negociación para evitar los futuros.

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