El juez retira el pasaporte al pequeño Nicolás pero rechaza la cárcel que le pide Podemos

El titular del Juzgado número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha acordado retirar el pasaporte a Francisco Nicolás Gómez Iglesias —como solicitaron la Asociación de Policía Municipal Unificada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado—, pero ha rechazado la prisión provisional que reclamaba Podemos. Así lo ha establecido el magistrado después de escuchar al acusado y al policía municipal Jorge González Hormigos, imputados en la causa, que comparecieron tras la solicitud de la formación morada de meter en la cárcel a ambos por existir —a su entender— riesgo de fuga. Zamarriego también ha retirado el pasaporte a este último agente.

El partido liderado por Pablo Iglesias, personado en el procedimiento, reclamó la medida de privación de libertad, rechazada ahora por el juez, a pesar de que no la había solicitado anteriormente —cuando su defensa letrada pidió 11 años de cárcel como pena—, después de conocer que la Fiscalía había presentado un escrito de acusación en el que demanda siete años de prisión.

El ministerio público tomó esta decisión en un escrito aséptico en el que acusaba a Gómez Iglesias de usurpación de funciones públicas, falsificación y cohecho durante la planificación y ejecución del viaje que los tres imputados realizaron a Ribadeo, en el que Nicolás se hizo pasar por enviado de la Casa del Rey y de la Vicepresidencia del Gobierno ante las autoridades públicas de la localidad y ante el presidente de Alsa, Jorge Cosmen, con quien tuvo un encuentro privado. Podemos pidió la medida cautelar de detener y encarcelar a los tres acusados, con el argumento de que era urgente hacerlo, después del escrito del fiscal que pedía siete años de prisión.

La reclamación de Podemos, sin embargo, no era apoyada por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), que comparte defensa letrada con la formación política. Los policías se limitaron a reclamar la retirada del pasaporte al joven y a que este compareciera cada semana en sede judicial. El partido de Iglesias explicó a Zamarriego que era necesario privar de libertad a Gómez Iglesias porque el chico se podía escapar, y argumentó que hacía la reclamación sin consultar con APMU porque había enviado correos y mensajes a la asociación y esta no había respondido a lo largo de la tarde del domingo posterior al escrito fiscal.

La reclamación de siete años por parte del ministerio público tuvo lugar días después de que el propio fiscal encargado del caso, Alfonso San Román, criticara duramente la instrucción del juez Zamarriego. En concreto, censuró que mantuviera una pieza separada sobre el asunto de Ribadeo, ya que a su entender nada lo justifica; que no se incorporaran las pruebas de la investigación principal a la mencionada pieza separada, y que no estuvieran motivadas las órdenes de intervención de las comunicaciones dictadas por el magistrado.

Tras la queja del fiscal —que ya había sido trasladada al juzgado en otras ocasiones—, el juez ordenó el pasado 23 de noviembre devolver la pieza separada a la principal, tal y como reclamaba San Román. "Este instructor entiende que asiste razón al recurrente al interesar la acumulación de las presentes diligencias previas a las 4676/14, puesto que nos encontramos ante conductas de similar naturaleza que por ello presentan analogía o relación entre sí, sin que su acumulación suponga una excesiva complejidad o dilación para el proceso", argumentó Zamarriego.

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La decisión del titular del Juzgado número 2 resolvía la protesta del fiscal en relación a las pruebas y a la unificación de los dos procedimientos, pero no solventaba la ausencia de motivación planteada por San Román en relación a la intervención de las comunicaciones, que quedaría pendiente de ser aclarada por Zamarriego. "Se aprecia que la intromisión en el derecho a la intimidad de los investigados y la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ha sido muy intensa; por ello, es preciso conocer (...) si esas actuaciones estuvieron justificadas y fueron proporcionadas al fin de la investigación", reprochó el fiscal.

La comparecencia de la tarde de este lunes de los tres imputados en la causa de Ribadeo se ha llevado a cabo, por lo tanto, una vez que el juez ha decidido que el procedimiento que indaga el viaje a Ribadeo debe regresar a la causa principal, donde se instruye la investigación principal sobre el comportamiento del joven y su relación con los poderes públicos por los delitos de estafa, revelación de secretos, malversación, usurpación de funciones públicas, cohecho y falsedad documental.

Gómez Iglesias ya ha sido condenado por otro asunto por el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid, que el pasado 16 de noviembre comunicó a las partes la imposición de 4.320 euros de multa para el joven por decir en dos entrevistas en diferentes medios de comunicación que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pincha teléfonos sin orden judicial. Esta era la primera condena contra el joven después de que estallara el caso en 2014, aunque ha sido recurrida por la defensa del chico ante la Audiencia Provincial de Madrid. No ha habido por el momento, sin embargo, ningún castigo de prisión, que es el que se dirime en el citado Juzgado número 2.