Pena de telediario: "Una persona con esposas ya externaliza una culpabilidad"

El corazón de Rita Barberá no aguantó la presión social y dejó de latir ayer a las siete de la mañana. La exalcaldesa de Valencia llevaba semanas abriendo periódicos y telediarios con motivo del proceso judicial que el Supremo había abierto contra ella por su implicación en la trama Taula, que investiga blanqueo de dinero procedente de supuestas comisiones a través de pequeños donativos en depósitos del PP. La muerte de Barberá provoca que la investigación en torno a su persona sea automáticamente archivada, con lo que ningún tribunal determinará nunca que la expresidenta del Ayuntamiento de Valencia fue culpable de delito alguno en relación con este caso.

La apertura de una causa contra ella en el Supremo, sin embargo, tuvo consecuencias determinantes para su carrera política y probablemente para la imagen con la que será recordada. Un sector de la población, además, pensará en Barberá como en una delincuente, a pesar de que el Estado de derecho asegura garantizar la presunción de inocencia. Barberá no sufrió la mano en la nunca del funcionario que le agachó la cabeza a Rodrigo Rato para entrar en el coche policial, pero el vacío de los miembros de su partido, que "la abandonaron como a una perra", según dijo Álvaro Pérez 'el Bigotes', y otros gestos la situaron en una soledad política y personal que arrojaba un tufo de culpabilidad ante la opinión pública.

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En esa línea se pronuncia, por ejemplo, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y autor del libro 'El honor de los inocentes', Ángel Rodríguez, quien considera que este tipo de actuaciones con tanta trascendencia mediática son planificadas por los poderes públicos para "moldear" la opinión de los ciudadanos. Rodríguez pone el ejemplo del momento en el que la Policía francesa mostró a Dominique Strauss-Kahn detenido y esposado ante los medios, una imagen que dio la vuelta al mundo, escandalizó a la garantista sociedad gala y "generó un icono de culpabilidad" en torno al exdirector del Fondo Monetario Internacional, que fue expuesto como un delincuente a pesar de que aún no había condena contra él. "Una persona con esposas ya externaliza una culpabilidad", coincide el profesor de Derecho Penal de la Universidad Francisco de Vitoria Jaime Cuevas.

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Para el catedrático de Constitucional, el efecto mediático que generan gestos como este o el de la mano en la nuca de Rato responden a una maniobra planificada por determinados poderes públicos, que tienen unos objetivos procesales concretos y "usan a los medios para ejecutar sus estrategias". "La Policía, el Gobierno, la Fiscalía o la Guardia Civil tienen en cuenta que, si quieren acometer con éxito una acción judicial, es muy bueno tener a favor a la opinión pública", asegura Rodríguez, que califica de "peligrosa" esa deriva hacia la que avanza la sociedad. El autor de 'El honor de los inocentes' destaca que los jueces son parte de la comunidad y, por lo tanto, "no se pueden mantener al margen" de lo que dice la opinión pública. Matiza el concepto de juicio paralelo y asegura que hoy por hoy lo que generan los medios de comunicación se debería denominar "juicios secantes", ya que "el tratamiento informativo de un proceso judicial llega a afectar la decisión del tribunal".

Esta influencia se hace aún más patente, según Cuevas, en los procedimientos con jurado, ya que los ciudadanos están "aún menos preparados que los jueces para abstraerse del bombardeo de información" que reciben a través de medios de comunicación, redes sociales y hasta tertulias en los bares, donde también se conforma la opinión pública. Tanto Cuevas como Rodríguez, sin embargo, aseguran que la tendencia en la Unión Europea se dirige hacia el refuerzo jurídico del derecho a la presunción de inocencia. En concreto, la Directiva 2016/343, que los países miembros deben trasponer en los próximos dos años, obliga a que tanto la administración de justicia como las fuerzas y cuerpos de seguridad "traten como inocentes", explica Cuevas, a todos los implicados en un proceso penal hasta que exista una culpabilidad firme.

En la misma línea va la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que modifica el término 'imputado' por el de 'investigado', bajo el argumento de que hay conceptos que ya han adquirido una connotación de culpabilidad y por eso es necesario cambiarlos. Cuevas, sin embargo, destaca la incoherencia del legislador en este punto. "En el Congreso, hay inmunidad parlamentaria y se permite a los diputados ir más allá en las acusaciones de lo que puede ir cualquier otro ciudadano", asegura el profesor de Derecho Penal, que se refiere a expresiones como "salpicado por corrupción" o "hay delincuentes dentro de esta Cámara", que para otras personas serían consideradas injurias.

La imagen es clave para generar una opinión pública favorable o desfavorable al investigado, y así lo entiende Cuevas, quien asegura que el aforamiento, por ejemplo, es un "privilegio de trato" que permite a los acusados sentarse en un banquillo diferente al que utilizan el resto de implicados en una causa y someterse al escrutinio del tribunal en otros momentos. Esto les permite distanciarse de las causas que enjuician al grueso de los miembros de una trama, explica el experto, para quien los medios de comunicación también tienen parte de culpa. "Hay cierto sensacionalismo lógico que se permite al poner un titular, por ejemplo, pero es exigible que los periodistas sean rigurosos" y tengan en cuenta lo que significan determinados gestos.

Rodríguez, por su parte, pone el foco en la profesionalidad de los informadores, que a su juicio no deben confundir el periodismo de investigación con el de filtración interesada. "Los medios deben ser conscientes de que una filtración publicada sin más puede estar haciendo el juego a alguien y manipulando la realidad", afirma el catedrático de la Universidad de Málaga, que en cualquier caso pone más énfasis en aspectos judiciales y políticos que en los mediáticos. "Los periodistas hacen su trabajo, pero los que filtran datos que están bajo secreto incurren en un delito, y eso hoy por hoy apenas se persigue", apunta Rodríguez, quien considera que al final es un problema de intención. "Si se quiere, se puede, porque mira cómo pillaron a quien grabó y filtró las imágenes de la Infanta durante el juicio, cómo se pidió un estudio del ángulo y todo", concluye.