¿Cuáles son las 10 mayores urgencias del nuevo Gobierno de Rajoy?

Urgencias tras 320 días sin Gobierno

Los diez meses de interinidad se resumieron en un mantra: “hace falta un Gobierno de urgencia” para empezar a tomar decisiones y evitar riesgos económicos. El mensaje, que centró el discurso de seducción hacia los demás partidos desde las segundas elecciones del 26-J, estaba acompañado de una lista de prioridades que comenzaba con la aprobación del techo de gasto y la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Pasados 320 días en

Y según ha dicho el nuevo portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros, el también titular de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, la urgencia del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy es empezar la lista de asuntos pendientes precisamente por ahí. Y además ha garantizado que el flamante Ejecutivo cumplirá con el objetivo del déficit del 4,6% del PIB para este año marcado por Bruselas. También se ha referido a la buena senda de la recaudación vía impuestos, que facilitará la consecución del objetivo del déficit del 3,1% para 2017. Rajoy envió un mensaje de optimismo en su investidura al apuntar que el ajuste fiscal podría estar por debajo de los 5.000 millones inicialmente calculados.

En lo inmediato, pero sin cerrar una fecha, Méndez de Vigo ha anunciado que el nuevo Ejecutivo hablará con los grupos parlamentarios sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2017 antes de remitir la actualización del proyecto a la Unión Europea. En cuanto al techo de gasto, ha adelantado que el Consejo de Ministros tendrá que aprobarlo en noviembre, previo paso también por el diálogo en sede parlamentaria con los demás grupos.

Asuntos vitales como los Presupuestos Generales del Estado o lidiar con el desafío independentista en Cataluña y la financiación autonómica -estas dos últimas tareas depositadas en manos de Soraya Sáenz de Santamaría-, el gabinete de Rajoy arranca legislatura bien ocupado. Pero, ¿qué más fuegos tendrán que apagar, hablando, dialogando y pactando "mucho", como ha pedido el presidente, los trece nuevos ministros tras un bloqueo institucional de diez meses?

¿Qué hacer con las pensiones?

Responder a esa pregunta es vital para el nuevo Ejecutivo, que colocará la reforma de las pensiones en el eje de la legislatura.

De hecho, es uno de los primeros temas que ha abordado Rajoy en el primer Consejo de Ministros. No en vano hay casi 9,5 millones de pensionistas, de los cuales cerca de 5,7 millones reciben la paga de la jubilación mientras la hucha se vacía de cara al final del año y la demografía asume cada vez más la forma de una pirámide invertida.

Méndez de Vigo, en su estreno como portavoz, ha dicho que el Gobierno tiene en mente convocar el Pacto de Toledo pero no ha especificado fechas. No obstante, los parlamentarios que conforman esta comisión en el Congreso se han venido reuniendo desde el pasado 21 de octubre con el fin de tener listo un plan con propuestas firmes de aquí a tres o cuatro meses.

Pero como adelantaba este periódico, el Gobierno ya tiene sobre la mesa algún plan: el PP está abierto -y el PSOE lo secunda- a negociar el 'destope' de las cotizaciones sociales. Se trataría de eliminar los topes en las cuantías de las bases de las cotizaciones y en la cantidad que perciben los pensionistas. En el pacto de investidura firmado en agosto por el PP y C's, no se aclara mucho más que la voluntad de "fortalecer el sistema público de pensiones".

Interinos, empleo y salario mínimo

La otra cuestión prioritaria mencionada por Rajoy en el primer Consejo de Ministros ha sido reanudar el diálogo social con la patronal y los sindicatos. Pero sin ahondar en detalles.

El Gobierno tiene pendiente aprobar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2015 fue del 1% y lo ubicó en los 655,20 euros al mes. La actualización de los salarios, que los sindicatos aspiran subir hasta los 800 euros, es uno de los puntos más ásperos pendientes de negociación entre patronal y sindicatos.

Independientemente de este diálogo, la ministra Fátima Báñez, que repite cartera, tendrá que hacer frente a un revés que sacudió a Empleo cuando estaba en funciones: el fallo europeo que equipara indemnizaciones por despido de fijos e interinos. Una decisión que afecta a unas 300.000 personas -en Educación y Sanidad la temporalidad sube al 20%-, según la Encuesta de Población Activa, y que analizará el Gobierno con un grupo de expertos para emitir el dictámen que, previsiblemente, arrojará luces sobre el impacto económico de la medida, criticada por la CEOE por su el coste y la repercusión que puede tener en la creación de empleo.

Un desafío durante la legislatura será también crear 500.000 empleos al año, como se prometió durante la campaña, hasta llegar a los 20 millones de ocupados, así como lidiar con el paro de larga duración, que afecta a un tercio de los 4,3 millones de parados mientras la cobertura de prestaciones por desempleo sigue bajando; hasta el punto que el 82% de los parados no cobran prestación alguna.

Retoques en la LOMCE

El confuso azote de Rajoy durante la primera sesión de investidura a la que fue una de sus leyes estrella, la LOMCE, va a terminar en "modificación legislativa". Así lo ha certificado un Íñigo Méndez de Vigo más cómodo en los asuntos de su cartera habitual que como portavoz de otros asuntos del Gobierno al explicar que efectivamente se suspenderán los efectos académicos de las controvertidas reválidas, las pruebas finales de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

También va a poner en marcha, en breve, una subcomisión en el Congreso para ir avanzando en un gran pacto educativo en línea con el que defienden PSOE y Ciudadanos. Otra medida ya programada es reunir a la Comisión General de Educación, previa a la Conferencia Sectorial que habrá este mes, para "dar tranquilidad" a los estudiantes.

Lo que sigue sin despejarse es la incógnita sobre los plazos, es decir, hasta cuándo quedan suspendidas las reválidas, en tanto que el ministro no se ha aventurado a mencionar una fecha para ese Pacto de Estado por la Educación. En lo que sí fue claro en días pasados es en que la paralización de las reválidas "no entierra en absoluto" la LOMCE, que incluye entre otros aspectos la implantación del sistema '3+2' y las prácticas no remuneradas.

Contratos agolpados en Fomento

En el Ministerio de Fomento, las carpetas de asuntos pendientes se amontonan. La interinidad y el cambio de manos durante esos meses -de la hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor, al ratificado ministro de Justicia, Rafael Catalá-, sumado a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado han bloqueado numerosos asuntos que tendrá que encarar el nuevo titular, el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna.

Sobre la mesa, el nuevo ministro tendrá en esta nueva etapa asuntos como la liberalización del ferrocarril que comenzó hace dos años, el mercado inmobiliario, el desbloqueo de las tasas aéreas de Aena o la situación de las autopistas de peajes. El llamado megacontrato de Renfe para la compra de hasta 30 trenes de velocidad de más de 2.600 millones de euros también estaba a la espera de que se conformara un nuevo Gobierno.

La cifra de proyectos atascados, así como la caída de la obra pública -asociada también al peso de nuevos gobiernos locales de distinto signo a partir de 2015- han marcado esta etapa y han derivado en rocambolescas situaciones como la que vive el estadio de La Peineta, que no podrá a acoger al Atleti en la temporada 2017-2018 porque, entre otros motivos y como señalaba este diario, las obras del acceso de la M-40 al estadio son claves para la inauguración y Fomento no las tiene presupuestadas, por lo que no se han podido llevar a cabo.

¿Qué pasa con el autoconsumo?

Con el desbloqueo institucional se puede despejar la incógnita sobre una de las medidas más polémicas de la anterior legislatura en materia energética y económica: el futuro del autoconsumo recogido por el polémico Real Decreto 900/2015. Aunque el Gobierno de Rajoy lo aprobó en octubre de 2015 todavía está pendiente el desarrollo de la normativa, que sigue en el limbo entre leyes autonómicas y recursos ante los tribunales. Además, todos los partidos a excepción del PP y UPN presentaron en febrero pasado un plan para fomentar el autoconsumo.

También en relación con el modelo energético, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal -artífice de la desaparición del déficit de tarifa- el tendrá que dar a luz otro esperado decreto que determine la vida útil de las centrales nucleares y aclarar qué sucederá con los almacenes nucleares. Queda por despejar también qué sucederá con el bono social

Lo primero que hará el nuevo Gobierno en relación con el medio ambiente será ratificar el Acuerdo del Clima de París, eso sí, con una semana de retraso. Y es que aunque entró en vigor este viernes, el texto no pasará por el Consejo de Ministros hasta el próximo 11 de noviembre en la que será su segunda reunión.

Ley Antidopaje

En materia deportiva el Gobierno debe asumir una tarea sencilla pero a la que llega muy tarde: la actualización de su legislación antidopaje en arreglo a la última versión del Código Mundial Antidopaje. Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 2015 pero España dejó correr el tiempo hasta pasadas las elecciones del 20-D y después, el estancamiento del Gobierno y las Cortes profundizaron el desfase de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le dio hace un año un toque de atención a la organización antidopaje española (AEPSAD), que fue declarada no cumplidora. A partir de noviembre de 2015, España y otros cinco países dispusieron de una prórroga de cuatro meses que también quedó desaprovechada, entradas ya las instituciones en una parálisis de diez meses. Situación a la que el director de la agencia, Enrique Gómez Bastida, supo sacarle partido al conseguir que por fin la AMA aceptara la excusa de la falta de Gobierno en España.

Entre las consecuencias de ser declarado no cumplidor estaba la imposibilidad de realizar controles antidopaje a los deportistas españoles en el extranjero o la pérdida de la acreditación de los laboratorios, que en España está en Madrid. En principio, la reforma de esta ley no debería acarrear problemas con las demás formaciones ni suponer mayor complicación burocrática.

¿Otra reforma del canon digital?

El nuevo Gobierno tiene en su mano otra patata caliente histórica, con la justicia europea en contra y a la espera del fallo del Tribunal Supremo acerca de la ilegalidad de la compensación por copia privada con cargo de los Presupuestos Generales del Estado. En junio pasado el Tribunal de Justicia de la UE tumbaba el canon digital aprobado por el PP en 2012 al considerar que en tanto que forma parte de los presupuestos y no cuenta con una tasa asociada directa, todos los ciudadanos y las empresas lo están sufragando, no solo aquellas personas que hagan copias privadas. Y esto vulnera la normativa comunitaria.

En su día, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se comprometió a que el Ejecutivo trabajaría "a pleno rendimiento" para llevar a cabo la modificación legal que exige la UE, con el fin de encontrar "una solución que sea satisfactoria para todos y plenamente cumplidora del derecho comunitario".

En clave cultural, no es esa la única demanda del sector. En primer lugar ha sentado mal la inexistencia de un ministerio propio. Otro reclamo está encaminado a que Méndez de Vigo asuma los compromisos del pacto de investidura con Ciudadanos, entre los que destaca el estatuto del artista y la bajada del IVA cultural del 21% al 10%, que también respalda el PSOE. Y la desprotección que implica la ausencia de una Ley de Mecenazgo.

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Economía colaborativa

Regular o no regular, esa es la cuestión. Mantener la línea del Gobierno de Rajoy de la anterior legislatura, que apostaba por establecer marcos legales en el amplio entorno de la economía colaborativa, o seguir los preceptos de la CNMC y la Comisión Europea, partidarias de no poner trabas a estas actividades. Lo que tendrá que tener en cuenta el próximo Gobierno es que desde las autonomías aparece un nuevo actor que puede interferir con decisiones restrictivas, como en el caso de Blablacar en Madrid (por no tener "autorización" para cumplir un servicio público) o de Airbnb en Barcelona.

Lo cierto es que los sectores tecnológico y turístico se han quedado sin ministerios específicos, que era una de sus grandes reclamaciones, pero consideran muy positivo que sus áreas formen parte del nombre del nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que lidera Álvaro Nadal.

Fintech, los drones... son otros campos huérfanos de regulación que generan dolores de cabeza a medida que crecen