la justicia archiva la denuncia contra una traductora

Microsoft entierra en los tribunales el último caso de espionaje entre Policía y CNI

El Juzgado número 49 de Madrid archiva una denuncia de la Policía Nacional contra una intérprete que facilitó información al CNI, tras la falta de colaboración del gigante estadounidense

Foto: Foto: Reuters.
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Los tribunales han cerrado en falso uno de los últimos grandes encontronazos entre la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia que presentó la Policía en 2014 contra una traductora marroquí por un supuesto delito de revelación de secretos, tras descubrir que estaba sustrayendo información de investigaciones contra el terrorismo islamista para facilitársela a un contacto de los servicios de inteligencia. La jueza que instruía el caso, Amelia María Reíllo, ha concluido que es imposible esclarecer los hechos sin que Microsoft facilite información de correos electrónicos relacionados con la causa, algo que el gigante estadounidese ha rechazado en varias ocasiones. Y, según han confirmado fuentes jurídicas a El Confidencial, la Policía Nacional ha optado por dejar que su denuncia entre en vía muerta.

Las pesquisas giraban sobre un presunto delito de revelación de secretos cometido por una de las intérpretes de la empresa Ofilingua que la Policía Nacional tiene contratadas para traducir declaraciones e intervenciones teléfonicas. Según fuentes cercanas al caso, confidentes del servicio de la lucha antiterrorista del cuerpo alertaron en 2012 de que una ciudadana de origen marroquí estaba comenzando a ser conocida en un municipio del sur de Madrid porque aseguraba a sus compatriotas que tenía contactos en las altas esferas de las Fuerzas de Seguridad que podían ayudarles a legalizar su situación en España. Además, su tren de vida se había disparado en las últimas semanas.

La Policía no tardó en descubrir que se trataba de una traductora que trabajaba en sus propias oficinas centrales manejando información confidencial y temió que pudiera estar colaborando con alguna agencia de seguridad extranjera a cambio del dinero que le había permitido elevar su poder adquisitivo. Agentes de la lucha antiterrorista colocaron cámaras en su puesto de trabajo para confirmar sus sospechas y pronto comprobaron que grababa en un pendrive los audios que se le entregaban para que los tradujera y luego sacaba a escondidas el soporte informático de las instalaciones policiales.

El secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia(CNI), Félix Sanz Roldán. (EFE)
El secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia(CNI), Félix Sanz Roldán. (EFE)

La sorpresa llegó cuando, en un seguimiento, los agentes descubrieron que la traductora no estaba facilitando datos de sus investigaciones a ninguna agencia extranjera, sino a una agente del CNI. La traductora fue interrogada y reconoció los hechos, aunque aseguró que desconocía que estaba cometiendo un delito. Con todo, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional presentó una denuncia contra ella ante los jueces de la Audiencia Nacional que dirigían las investigaciones contra el terrorismo islamista que se habían visto comprometidas por las filtraciones, Fernando Andreu y Pablo Ruz. El caso terminó siendo asumido por Andreu, que retiró a la traductora el pasaporte como medida cautelar y abrió diligencias para tratar de confirmar quiénes habían sido los receptores de la información.

Sin embargo, en 2015, el procedimiento fue remitido a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla al ceñirse la investigación a un supuesto delito cometido por la traductora de revelación de secretos, que queda fuera de la competencia de la Audiencia Nacional. La Ley permite al CNI espiar dentro de territorio nacional (artículo 4.2 de la Ley 11/2002) y, por tanto, no podía ser formalmente acusado de ningún delito, pero el episodio provocó un enorme enfado a los jueces Andreu y Ruz y también a la Policía Nacional, que coincidieron en interpretar la captación de la intérprete como una deslealtad.

Foto: Reuters.
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El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid. Antes del traspaso, Andreu había enviado varias comisiones rogatorias a Estados Unidos para que Microsoft identificara a los destinatarios de correos enviados por la traductora con información confidencial. Sin embargo, la solicitud nunca fue contestada por la multinacional con sede en Redmond (Seattle). La compañía se encontró con el apoyo del fiscal de enlace de Estados Unidos, que respondió a las solicitudes exigiendo que la Justicia española identificara previamente el material concreto que la investigada había enviado por mail y que, por tanto, sustanciaba la acusación contra ella.

El problema era que esa exigencia no se podía satisfacer con los datos que obraban en la causa. Andreu no tenía forma de acotar los correos concretos con los que teóricamente se había cometido el delito. La titular del Juzgado número 49 de Plaza de Castilla volvió a intentarlo antes del verano enviando una nueva comisión rogatoria a las autoridades estadounidenses para pedir la misma información, pero Microsoft contó otra vez con el respaldo de sus autoridades judiciales y no facilitó ningún dato, conduciendo definitivamente el procedimiento hacia un callejón sin salida.

Los servicios de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional disponen de pistas que podrían servir para aclarar quiénes fueron los receptores de la información sustraída, pero el cuerpo ha preferido no entregarla para que su denuncia caiga en el olvido y sellar la paz con el CNI por este incidente fuera de los tribunales. Según han confirmado fuentes jurídicas, tras el verano, ante la imposibilidad de obtener la información de Microsoft, la jueza acordó dictar el sobreseimiento provisional del caso y devolverle a la intérprete marroquí su pasaporte. El último choque entre servicios de inteligencia ya descansa bajo un metro de tierra. 

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