piden investigar por qué no advirtió del colapso

Los minoristas de Abengoa denuncian a Deloitte al ICAC por dar información falsa

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa acusa a Deloitte de no reflejar el verdadero estado en el que se encontraban las cuentas de la compañía y obviar múltiples señales de alarma

Foto: José Luis Villa, presidente de la plataforma, y el abogado Felipe Izquierdo
José Luis Villa, presidente de la plataforma, y el abogado Felipe Izquierdo

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que agrupa a unos 120 accionistas y bonistas minoritarios que se declaran afectados por el colapso de la compañía, ha decidido presentar una denuncia contra Deloitte ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) al considerar que la firma pudo cometer una falta muy grave y otra grave en su papel de vigilancia de la multinacional con sede en Sevilla. La iniciativa se dirige contra Deloitte pero también contra el socio que designó la auditora para inspeccionar las cuentas de la vieja Abengoa, Manuel Arranz.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, la plataforma recuerda que al cierre del ejercicio 2014 Abengoa ya tenía un fondo de maniobra negativo de 1.500 millones de euros. Sin embargo, afirma el documento, Deloitte y Arranz “obviaron poner de manifiesto y disimularon la grave necesidad de apalancamiento y de financiación del que requería y exigía Abengoa SA para seguir en activo, extremo que merecía, al menos, una mínima mención”.

En la denuncia, la plataforma recuerda que al cierre del ejercicio 2014 Abengoa ya tenía un fondo de maniobra negativo de 1.500 millones de euros

Los perjudicados hacen hincapié en su denuncia, redactada por los despachos Ius+Aequitas Abogados e Izquierdo & Asociados y presentada este jueves por la mañana, en las relaciones contables de Abengoa con su filial Abeinsa Ingeniería y Construcción. Aseguran que Abeinsa dobló en 2014 el importe de obra pendiente de certificar, es decir, pendiente de cobro, pasando de 532,5 millones en 2013 a 1.217 millones en el siguiente año. “Esto implicaría que a 31 de diciembre de 2014, Abeinsa Ingeniería y Construcción no habría ingresado la friolera de 1.217 millones de euros porque quien se encarga de validar la facturación por la empresa o la entidad deudora no había estampado el correspondiente sello o la firma de obra realmente terminada”, señalada la denuncia. “Pero lo fundamental es que, en cuanto a obra ejecutada y aún no certificada, esos 1.217 millones se anotan en las cuentas de la empresa en el apartado de existencias, de tal manera que incrementa el resultado final del ejercicio”, a pesar de que, “buena parte de la obra pendiente de certificar (…) se trata de obra ejecutada para Abengoa”, sin que “Deloitte o Manuel Arranz haga referencia alguna en su informe de auditoría del ejercicio de 2014”.

A los denunciantes les llama la atención que el socio de Deloitte utilizara un párrafo para definir las cuentas consolidadas de 2014 idéntico al que empleó ese mismo ejercicio en el informe de auditoría de Inditex, cambiando únicamente el nombre de las compañías. “En nuestra opinión, las cuentas consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada de la sociedad Abengoa SA y sociedades dependientes a 31 de diciembre en 2014, así como sus resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha”, se leía en el informe. El tiempo ha demostrado, según los perjudicados, que la situación de Abengoa distaba mucho de parecerse a la de Inditex.

La planta solar de Abengoa. (Reuters)
La planta solar de Abengoa. (Reuters)

Pese a ello, insiste la denuncia, la primera alerta de Deloitte se produjo sólo 12 días antes de que los responsables de Abengoa solicitaran la declaración de preconcurso. “No habiendo advertido durante tres ejercicios consecutivos del riesgo que conllevaba el sobre-endeudamiento de Abengoa, Deloitte y Manuel Arranz trataron de salvarse de la ruina que se avecinaba reflejando en su informe de revisión limitada de las cuentas de su auditada 1) los resultados negativos de las operaciones, 2) la evolución negativa en bolsa de las acciones de la compañía, 3) los problemas para acceder a los mercados de deuda y 4) las dificultades existentes para renovar algunas líneas de circulante” como indicadores para admitir que existía “una incertidumbre que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento”.

A juicio de la denuncia, esto hechos podrían ser constitutivos según la Ley de Auditoría de Cuentas de una falta muy grave tipificada en el artículo 72.a por la emisión de un informe “cuya opinión no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable”. Subsidiariamente, la firma y su socio pudieron incurrir en una falta grave recogida en el artículo 73.f, que sanciona la “emisión del informe o comunicación (…) que contenga información sustancialmente incorrecta o incompleta”.

El presidente de la Plataforma, José Luis Villa, espera que la denuncia sirva para investigar el papel del auditor en el hundimiento de Abengoa

El presidente de la Plataforma, José Luis Villa, espera que la denuncia sirva para investigar el papel del auditor en el hundimiento de Abengoa. “Deloitte ha estado facilitando información equivocado sobre el estado financiero de la empresa y eso ha motivado, en consecuencia, que muchas personas, incluido yo mismo, confiáramos en Abengoa para hacer allí nuestros pequeños ahorros. No somos empresas, somos pequeños inversores en gran parte. Y queremos saber qué ha ocurrido en Abengoa y se nos resarza de todos los perjuicios que nos han ocasionado en este proceso que dura ya dos años”, señala Villa. “Muchos de nosotros confiamos en Abengoa o decidimos aumentar nuestras posiciones en la compañía como consecuencia de declaraciones en las que se hablaba del buen estado de salud de la empresa”.

En conversación telefónica con este diario, portavoces de Deloitte han declinado comentar la denuncia. La firma y unos de sus socios, Francisco Celma, están imputados por la Audiencia Nacional por su actuación en la fusión de Bankia y su posterior salida a bolsa. Además, el ICAC ha impuesto a la auditora una multa de 10,4 millones de euros por faltas graves en su labor de vigilancia de la entidad financiera, aunque esta sanción está recurrida por la firma.

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