continúan las diligencias de la pieza principal

El juez Zamarriego imputa al directivo de la CNMV Juan Munguira en el caso Nicolás

El informe policial acusaba al alto cargo del organismo regulador de filtrar información privilegiada al joven Gómez Iglesias, datos con los que éste hizo otro documento

Foto: Francisco Nicolás Gómez Iglesias. (EFE)
Francisco Nicolás Gómez Iglesias. (EFE)

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, continúa tomando decisiones sin prisa y sin pausa en el marco del caso que investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias a una retahíla de testigos e imputados. La última, el pasado 18 de octubre, cuando decidió citar a declarar como imputado al directivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Julián Munguira, quien según el último informe policial filtró al joven información privilegiada sobre la compañía francesa de supermercados Carrefour.

Estos datos reservados, siempre con base en el mencionado informe elaborado por los investigadores, fueron luego utilizados por Gómez Iglesias para elaborar otro documento de inteligencia económica que supuestamente atribuiría el joven a Vicepresidencia del Gobierno con el fin de tratar de ganarse la confianza de directivos de Mercadona, rival directo de la multinacional gala en España.

Este último documento, según los investigadores, "da a entender claramente que se trata de información secreta que proviene del Centro Nacional de Inteligencia (que depende directivamente de la Vicepresidencia del Gobierno), ya que se nombra a agentes, interceptaciones telefónicas, Sitel, documentos secretos… Todo ello en relación a los movimientos presuntamente ilegales que está realizando la empresa francesa de supermercados Carrefour contra los productos de la empresa española de supermercados Mercadona”.

Emilio García Grande. (EFE)
Emilio García Grande. (EFE)

Además de a Munguira, Zamarriego cita a declarar como imputados también al policía municipal José Luis G. C., quien estaría acusado de haber ayudado al joven a tapar unas denuncias tráfico; al policía nacional Luis Antonio R. M.; y al guardia civil adscrito a la unidad de escoltas del rey emérito Juan CarlosFrancisco Javier S. L. Todos ellos comparecerán con su abogado en el Juzgado número 2 el próximo 2 de diciembre.

En la misma calidad de investigados, también volverán a prestar declaración el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande, los policías municipales Felipe Gallego Santos y Jorge González Hormigos con quienes Gómez Iglesias tenía el chat de WhatsApp denominado Departamento de Seguridad Nacional y el propio Francisco Nicolás. Los cuatro están citados para el 16 de diciembre.

López-Madrid y De la Rosa

Además de estos imputados, Zamarriego llama a declarar a una retahíla de testigos que irán desfilando por plaza de Castilla a lo largo de la próxima semana. En concreto, se trata del empresario Javier de la Rosa, del hijo de Javier López-Madrid, de otros conocidos del joven (Jaime Carabias Garcia Quiros y Gonzalo San Martin Jardón) y del empresario chino Daniel Marcos Li Cordova. Todos prestarán testimonio entre el 26 y el 30 de octubre.

La decisión de llamar a declarar a toda esta lista de personas la toma Zamarriego después de que la comisión investigadora presentara un informe de 700 páginas que acusaba al joven de llevar una vida a todo tren y estar continuamente pidiendo dinero a sus conocidos con el fin de mantener el alto nivel de gasto, extremo que fue negado por Gómez Iglesias al día siguiente en una entrevista concedida a El Confidencial. No en vano, todos los citados como testigos o como investigados aparecen en el mencionado documento policial.

Las citaciones también se producen unos días después de que el fiscal Alfonso San Román se negara a acusar en la pieza separada que investiga el viaje del joven a Ribadeo debido a que no tenía todas las pruebas, que obrarían en la causa principal y que a juicio del representante del Ministerio Público deberían haber sido aportadas a la investigación abierta bajo otro número de diligencias. Según San Román, es en el procedimiento principal en el que se encuentran las pruebas y las motivaciones que llevaron a intervenir las comunicaciones de los investigados y someterlos a una amplia limitación de sus derechos fundamentales, por lo que si acceder a estas actuaciones no puede valorar si estas decisiones judiciales fueron bien tomadas ni si las piezas de convicción permiten acusar correctamente.

Por su parte, en esta pieza separada del viaje a Ribadeo, las acusaciones sí emitieron informes en los que solicitaban diferentes penas para el acusado. En concreto, la parte representada por la Asociación Policía Municipal Unificada (APMU) reclamó 11 años de prisión para el joven por los delitos de usurpación de funciones públicas, cohecho y falsedad documental. La Abogacía del Estado, por otro lado, pidió 21 meses de cárcel para Gómez Iglesias por falsedad documental.

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