Un adjudicatario de Son Espases ingresó un millón en la sicav del cuñado de Matas

Melchor Mascaró, uno de los socios de Dragados y FCC en la unión temporal de empresas (UTE) que ambos grupos conformaron para licitar a la construcción del complejo hospitalario de Son Espases, la mayor instalación sanitaria de Baleares, ingresó 1,14 millones de euros el 18 de septiembre de 2003 en la sicav (sociedad de inversión con ventajas fiscales utilizada por las grandes fortunas) que gestionaba Fernando Areal Montesinos, cuñado del expresidente balear Jaume Matas y exgerente del PP regional.

Así consta en el contrato del depósito firmado con la sicav SB Activos el mencionado 18 de septiembre, tan solo dos meses después de que Matas diera inicio a su segundo mandato al frente del Gobierno balear. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta en la línea señalada por uno de los principales testigos de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Son Espases, Javier Rodrigo de Santos, exconcejal de Urbanismo del PP en Palma de Mallorca, quien declaró en este procedimiento que durante su etapa como edil entró en contacto con Mascaró y otros constructores y que "varios" de estos le comentaron que "los responsables políticos les pedían comisiones, siendo siempre Fernando Areal el encargado de pedirlas".

Según De Santos, el expresidente Matas pretendía "que hubiera en todas las ofertas de contratación de obra pública en Baleares dos empresas, una nacional y una local, no tanto con el ánimo de defender el sector constructor local" sino, "sobre todo", para "facilitar la financiación ilegal". El exconcejal explicó que generalmente Areal era quien solicitaba el dinero a las mercantiles locales y que otra persona se encargaba de pedir la comisión a las empresas nacionales, como OHL o Dragados. En el caso de Son Espases, sin embargo, matizó De Santos en su declaración judicial, el cuñado de Matas también reclamó la cantidad correspondiente a las sociedades de ámbito estatal.

El exedil de Urbanismo aseguró que tuvo "la sensación" de que el cobro de comisiones era algo "generalizado" incluso también en obras que había adjudicado el ayuntamiento mediante convenio con el Gobierno balear. "Construimos alrededor de nueve polideportivos, varios centros culturales...", recordó De Santos en su declaración judicial del 23 de septiembre de 2015. "Luego te vas enterando", añadió, de que a las empreas locales "se les estaba pidiendo [una comisión] a través de Fernando Areal".

El que fuera tesorero del PP balear compatibilizó su gestión de las cuentas del partido con la de la mencionada sicav, que podría estar sirviendo para tramitar las comisiones, como parece apuntar el citado ingreso de 1,4 millones de euros realizado por Mascaró en 2003. No en vano, además de Mascaró, De Santos nombró expresamente en sus comparecencias judiciales a otros empresarios locales que le habrían confesado que los políticos les reclamaban comisiones, como Llabrés Feliu o MAN, otros dos gigantes de la construcción en las islas.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de hecho, citó a Llabrés Feliu, a Melchor Mascaró y a otros empresarios del sector tras la testificación de De Santos para ofrecerles "inmunidad" a cambio de que admitiesen haber pagado comisiones al expresidente Matas y a su partido por la concesión de obras públicas, según publicó 'El Mundo' el pasado 13 de octubre. El representante del Ministerio Público les invitó a reconocer sus acciones y les prometió pedir para ellos únicamente una pena de multa si accedían. Ninguno de ellos, sin embargo, aceptó la oferta, aunque sí hubo quien consintió en proporcionar a Horrach algunos datos que apuntarían a la financiación ilegal del PP.

Tanto Llabrés Feliu como Mascaró concurrieron en UTE junto a Dragados y FCC bajo el paraguas de Concesionaria Hospital Son Dureta a la construcción, conservación y explotación del complejo hospitalario de Son Espases, concurso que ganaron los cuatro en detrimento de la otra opción encabezada por OHL en 2006, en la recta final de la segunda legislatura del Gobierno de Matas, que duró de 2003 a 2007, y después de que el Colegio de Ingenieros modificase el sistema de calificación elaborado inicialmente por la consultora externa Global PM, que se posicionaba a favor de la mercantil de Juan Miguel Villar Mir.

Tras la adjudicación, OHL interpuso una demanda en mayo de 2007. Argumentó que Global PM concluía en su informe que, aun siendo más cara, la mejor oferta era la de OHL "pues la diferencia técnica era enorme", y reprochó la alteración del método de puntuación. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, sin embargo, desestimó la demanda.

Posteriormente, en julio de 2015, con base en la mencionada declaración de De Santos, que apuntaba al pago de comisiones "generalizados" en la tramitación de la adjudicación, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella que sí fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, cuyo titular es el magistrado José Castro. El Ministerio Público acusaba al presidente de OHL y a otras siete personas de prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración Pública por el presunto amaño de la adjudicación de las obras y la explotación del hospital Son Espases en 2006. Según Horrach, el proyecto experimentó un elevado sobrecoste al salir a concurso por 778,4 millones de euros, cuando el presupuesto inicial de las obras era de 635 millones de euros.

La adjudicación final de la instalación a la UTE de Dragados y FCC no está impidiendo que el procedimiento judicial vaya dirigido contra OHL, aunque esta no ganara el concurso. Según dijo De Santos tanto a la Fiscalía como al juez, a él le llegaba información de que el pago de comisiones era "generalizado" en aquella época, se situaba en torno al 3% y para el proyecto de Son Espases se cifró en nueve millones de euros.