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Emperador: la primera batalla de la 'guerra de comisarios', queda hoy vista para sentencia
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Emperador: la primera batalla de la 'guerra de comisarios', queda hoy vista para sentencia

La Fiscalía Anticorrupción incrementa la petición de penas para los policías acusados de favorecer a la trama de Gao Ping en la recta final del juicio en la Audiencia Nacional

Foto: Los ocho acusados de recibir regalos de la red de Gao Ping.
Los ocho acusados de recibir regalos de la red de Gao Ping.

En el año 2012, la amistad entre el comisario autodenominado agente encubierto José Villarejo y el que por entonces ejercía de enlace entre la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia —luego jefe de Asuntos Internos de la Policía—, Marcelino Martín Blas, se rompió posiblemente para siempre. Ambos iban de la mano en las investigaciones promovidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que trataban de localizar irregularidades en los partidos independentistas catalanes. Sin embargo, algo provocó que sus caminos cogieran rumbos distintos.

Según confesó Villarejo en el marco del caso Nicolás el pasado julio ante el titular del Juzgado número 2, Arturo Zamarriego, esta "intensa vinculación profesional" entre ambos se torció después de que Martín Blas comenzara a investigar a varios policías relacionados con la operación Emperador, que indaga los tentáculos de la mafia china encabezada por Gao Ping. Villarejo explicó en sede judicial que él le recriminó al jefe de Asuntos Internos que llevara a cabo esas diligencias al margen de la autoridad judicial, y Martín Blas hizo caso omiso a los comentarios de quien hasta entonces había sido su compañero.

Y no solo pasó de las advertencias de Villarejo, sino que incluso metió al hijo de este último comisario en los informes que elaboraba, lo que terminó por romper la buena sintonía que durante años existió entre los dos altos mandos policiales. Así, de hecho, lo admitió el propio Villarejo en la mencionada declaración ante Zamarriego, cuando dijo que el episodio de Emperador desencadenó una larga serie de encontronazos.

Según el imputado, el entonces jefe de Asuntos Internos —Martín Blas— no solo no le hizo caso cuando le llamó la atención en este sentido, sino que incluso comenzó a investigar al hijo de Villarejo. Este episodio, según el agente encubierto, fue el origen de la mala relación que existe actualmente entre ambos comisarios y que ha provocado una enorme división en la cúpula de la Policía durante los últimos meses, sobre todo a raíz del caso Nicolás, que ha tenido como investigador jefe a Martín Blas, quien trató inicialmente de imputar sin éxito a Villarejo metiendo su nombre en un informe.

En la causa nunca apareció como imputado el hijo de Villarejo, pero sí el grupo de policías, entre ellos varios comisarios, sobre los que Martín Blas había puesto el foco. Algunos de ellos fueron viendo cómo el titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, instructor del procedimiento general y de la pieza separada, sobreseía sus causas, como el que fuera comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca.

La acusación contra el resto de policías también estuvo a punto de archivarse. Así lo determinó, de hecho, el juez Andreu, quien incluso echó una bronca a los responsables de la investigación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, encabezada por el comisario Martín Blas, en su auto de sobreseimiento. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, provocó que la Sala de lo Penal reabriera la causa, lo que obligó a Andreu a procesar a los policías. Alguno volvió a recurrir y finalmente la Audiencia Nacional dispuso la apertura de juicio oral contra ocho personas (cinco funcionarios de la Policía Nacional, uno de la Policía Municipal de Fuenlabrada y el exjefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada y el supuesto colaborador de Gao Ping, Yongping Wu Liu, con quien presuntamente se relacionaban los agentes).

El juicio quedará hoy visto para sentencia, después de que las defensas concluyan sus escritos de acusación a lo largo del día y la Fiscalía Anticorrupción decidiera ayer elevar su petición de pena para seis de los acusados de favorecer a la red china. Para cuatro policías y el exjefe de prensa de Coslada, el Ministerio Público incrementó en dos años su reclamación de prisión, debido a que consideró que todos ellos habían cometido cohecho propio y no solo impropio, como entendían en un principio. Para el otro policía, la Fiscalía pidió un año más de cárcel tras atribuirle un nuevo delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía pide más años de prisión

En concreto, la petición de pena aumentó para el policía municipal Mario Selas, de siete a nueve años de prisión; para los policías nacionales Blas Donoso y Óscar García Frade, de cinco a siete años; para el comisario Ángel Olmedo, de tres a cinco años; para el exjefe de prensa de Coslada Pablo García Lozano, de tres a cinco años; para el comisario Patricio Rodríguez San Román, de cinco a seis años, y se mantuvo para el inspector Federico Sánchez Frutos.

Por su parte, la Fiscalía sí rebajó los hechos que imputa a Wu Liu, debido a que la causa contra uno de los policías con los que se relacionaba fue archivada antes del inicio del juicio, aunque mantuvo la pena solicitada al principio, que se sigue situando en nueve años de prisión, la máxima que pide el Ministerio Público, por los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho (que en su caso también pasa de impropio a propio).

Los funcionarios están acusados de proporcionar información considerada secreta a Wu Liu, así como de recibir regalos del ciudadano chino a cambio de esos datos. "Era más fácil corromper, dar dádivas, comprar voluntades", resumieron los fiscales anticorrupción en sus conclusiones. Las defensas de los acusados, por su parte, echaron en cara los "errores que dan vergüenza" que a su juicio tiene la investigación de Asuntos Internos, y trataron de restar importancia a la relación "de amistad" que muchos de ellos mantienen con Wu Liu. "Sus hijos van al mismo colegio que los de Yongping y ambos tienen amistad desde hace mucho tiempo", explicó el abogado de Patricio Rodríguez San Román, uno de los comisarios acusados.

Durante el juicio, un perito propuesto por la defensa, en línea con las críticas que hizo Andreu en su momento, resaltó que los ingresos de uno de los acusados, el ya expolicía Federico Sánchez Frutos, y los de su mujer —que la Fiscalía calificó de desproporcionados— se corresponden con un régimen de gananciales de "ahorro normal". Con las tarjetas de Frutos se extrajeron de 2008 a 2014 más de 50.000 euros más de los que pone el informe, que a criterio del perito "adolece de rigor en muchos de sus puntos". Tiene "errores materiales", como el nombre de la cónyuge, el año de adquisición de uno de los inmuebles, hacer constar un préstamo por duplicado o la no coincidencia de dos cuadros de las cuentas bancarias. Tienen una trascendencia menor, pero reflejan una "falta de rigor" en la elaboración del informe. "El patrimonio neto de la sociedad entre 2009 y 2010 ha disminuido".

Las entradas al Bernabéu

Gran parte de la vista oral se ha centrado, de hecho, en la intención de la Fiscalía de tratar de probar que dádivas como las entradas para ver al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu eran parte de ese supuesto cohecho. Las defensas, por su lado, han intentado hacer ver lo contrario. "No las necesito, tengo las que quiero", aseguró el comisario Ángel Olmedo, uno de los acusados, para explicar que la Jefatura Superior de Policía de Madrid pone a disposición de los jefes del cuerpo entradas para ver el fútbol. De hecho, Olmedo mostró dos correos electrónicos que demostrarían la veracidad de su afirmación, extremo que trató de ser contrarrestado por otro documento presentado por la Fiscalía, que negaría que esas entradas fueran nominativas.

La pieza separada de funcionarios del caso Emperador es la única que ha llegado por el momento a la fase de juicio oral, ya que la causa principal continúa en fase de instrucción, a pesar de los cuatro años que han pasado desde que comenzó la operación. La Audiencia Nacional ha apremiado recientemente a la Fiscalía Anticorrupción para que indique si tiene la intención de llevar a cabo nuevas diligencias de investigación en este procedimiento o si por el contrario está de acuerdo con finalizar la instrucción.

La sentencia que emitirá en unos días la Audiencia Nacional sobre la pieza separada de funcionarios del caso Emperador será entendida sin duda como un triunfo del bando policial que se lleve el ascua a su sardina. Por delante quedan aún otros asuntos, como el caso Nicolás, que cuenta con diferentes piezas separadas y que también permite visualizar la pelea entre Villarejo y Martín Blas; el caso de la falsa Viagra; el de la publicación de las grabaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que admite su interés por sacar casos de corrupción política en Cataluña; o el asunto de la dermatóloga Elisa Pinto, cuyo devenir marcará también estos enfrentamientos al más alto nivel policial y de los servicios de inteligencia españoles.

En el año 2012, la amistad entre el comisario autodenominado agente encubierto José Villarejo y el que por entonces ejercía de enlace entre la Policía y el Centro Nacional de Inteligencia —luego jefe de Asuntos Internos de la Policía—, Marcelino Martín Blas, se rompió posiblemente para siempre. Ambos iban de la mano en las investigaciones promovidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que trataban de localizar irregularidades en los partidos independentistas catalanes. Sin embargo, algo provocó que sus caminos cogieran rumbos distintos.

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