La pareja que crió al 'niño de caramelo' recurrirá ante el TC para recuperarlo

El Tribunal Supremo decidió el pasado 21 de septiembre que Juan Francisco, el niño que pasó cuatro años con una familia de Sueca en situación de acogimiento preadoptivo, vivirá a partir de ahora con su madre biológica. Pero los padres de acogida, Noelia Estornell y Albert Bordes, no estan de acuerdo con el fallo y presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recuperar la custodia del pequeño.

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El auto del Tribunal Supremo considera "modélica y ejemplar" la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias en la que determinó que Juan Francisco fuese entregado a su madre biológica por su familiar de acogida. Sin embargo, el abogado de la familia, Enrique Vila, asegura en un comunicado que han tomado la decisión de recurrir ante la "falta de implicación del Tribunal Supremo en proteger el interés del menor, ya que se inadmitió el recurso de casación, sin entrar a valorar el fondo del asunto"

Vila afirma que la demanda de amparo constitucional "se plantea no como un ataque a la madre biológica, sino como una crítica contundente a la actitud del Tribunal Supremo, que se ha lavado las manos en un asunto en el que está en juego los derechos del niño".

Además, señala que el recurso de Amparo busca que el Tribunal Constitucional "revise el actual sistema de protección de menores", que los recurrentes califican de "nefasto" y aseguran que ha causado "dolor y perjudicado a todas las partes implicadas". Vila explica que ante el Constitucional insistirán en que los magistrados del Supremo "han colocado a todas las partes en indefensión, incluyendo a la madre biológica y al menor", y en que el propio fiscal de la Sala del Supremo "emitió un contundente informe jurídico en el que exigía que el recurso se hubiera admitido".

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El abogado de la familia valenciana insiste en que el Tribunal Supremo no ha entrado "en el fondo de una cuestión relativa al derecho de los menores". A su juicio, esta cuestión es de "gran trascendencia social y está afectando a miles de familias en toda España, afectadas por el mal funcionamiento de una Ley de Protección de la Infancia ineficaz, y de unos Servicios Sociales que en la mayoría de casos solo producen daño a todas las partes".

"Si por el contrario hubiera decidido que el menor debía permanecer con su familia biológica, de forma inmediata habría que haber actuado contra la administración, que fue capaz de retirar a un menor de forma injusta y engañar a los acogedores diciéndoles que el menor iba a ser adoptado con total seguridad", añade. Según Vila, "jamás debería entregarse un niño en acogimiento preadoptivo, engañando a los acogedores con una futura adopción, mientras la familia biológica esté ejerciendo en los juzgados su derecho legítimo a recuperarlo".

Por ello, considera "inadmisible" que el Supremo "haya ignorado el interés superior de protección, que no es otro que el de Juan Francisco, sin importarle debatir el fondo de un asunto tan grave para el futuro del niño" y haya "mirado hacia otro lado respecto al problema tan actual como es el del irregular funcionamiento del Sistema de Protección de Menores vigente en España".