los dueños de bpa ratifican las coacciones

Andorra investiga a la Policía española por las supuestas amenazas a BPA del caso Pujol

La Justicia del Principado abre diligencias para investigar si agentes de la Policía Nacional coaccionaron a directivos de BPA para obtener las cuentas en Andorra de la familia Pujol

Foto: Sede de BPA en Andorra. (Reuters)
Sede de BPA en Andorra. (Reuters)

La Justicia andorrana ha empezado a investigar la denuncia de los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) contra agentes de la Policía Nacional española por supuestas coacciones relacionadas con el caso Pujol. Las presuntas amenazas fueron reveladas por el expresidente de BPA Higini Cierco el pasado 18 de septiembre ante la jueza del Principado que investiga a la entidad por operaciones de blanqueo de capitales, pero la magistrada remitió esa parte del testimonio a otro juez para que el episodio sea instruido en un procedimiento independiente.

Las autoridades andorranas se han comprometido a realizar todas las gestiones que sean necesarias ante el Gobierno de Mariano Rajoy para que declaren en la causa los policías implicados. La causa ha recaído en el magistrado Manuel Santolaria, de la Sección de Instrucción número 2 de los tribunales andorranos. Según consta en documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, las diligencias previas (2000771/2016) arrancaron el pasado 20 de septiembre con una segunda declaración de Higini Cierco en la que ratificó su primera denuncia y aportó datos nuevos. También ha declarado la exdirectora del Servicio Jurídico y exsecretaria del consejo de administración de BPA, Rosa Castellón, que supuestamente también sufrió las coacciones de la Policía española.

El relato de las supuestas coacciones ha provocado un terremoto político y judicial de consecuencias aún impredecibles. Según Higini Cierco, accionista mayoritario de BPA junto a su hermano Ramón, en mayo de 2014 recibió una llamada del agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, el policía Celestino Barroso, para pedirle una cita. Durante el encuentro, Barroso le aconsejó que se reuniera en Madrid con una persona llamada Félix. “De lo contrario, el banco morirá”, le dijo supuestamente el policía. El banquero delegó la gestión en su consejero delegado, Joan Pau Miquel. Félix resultó ser el entonces comisario de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, y quería toda la información que hubiera en el banco sobre la familia Pujol. Si BPA no colaboraba, España pediría a Estados Unidos que acabara con el banco.

Ante la amenaza, según Higini, facilitaron el famoso pantallazo con los movimientos del clan Pujol que obligó al expresidente de la Generalitat de Cataluña a admitir en julio de 2014 que toda su familia había ocultado dinero en el exterior durante más de cuatro décadas. Pero ese gesto no sirvió, declaró Higini, para impedir que la sección criminal (FinCen) del Departamento del Tesoro estadounidense acusara en marzo de 2015 a BPA de colaborar con organizaciones criminales internacionales, provocando la intervención automática de la entidad y de su filial en España, Banco Madrid.

Los Pujol buscan la condena de los directivos de BPA para conseguir que se invaliden todas las pruebas que facilitó Andorra a la Justicia española

Higini insistió nuevamente en ese relato ante el juez Santolaria y añadió otros datos. Según el acta de esa segunda comparecencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el accionista mayoritatio de BPA manifestó que Miquel habría contactado con “más gente aparte de Martín Blas”, que el informe del Sepblac que justificó la intervención de Banco Madrid finalizó el mismo día que llegó la nota del FinCen con salvedades únicamente administrativas, y que su abogado, Jordi Bartumeu, informó de las supuestas coacciones policiales al presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, justo después de que se conocieran las acusaciones de Washington.

Jordi Pujol, en una declaración en la Audiencia Nacional. (EFE)
Jordi Pujol, en una declaración en la Audiencia Nacional. (EFE)

 

El juez ordenará ahora nuevas diligencias. Los Cierco ya han anunciado que quieren llegar hasta el final, entre otros motivos, porque su estrategia pasa por demostrar que la caída de BPA y Banco Madrid, y todas las causas que se han abierto en Andorra para investigar su controvertida gestión al frente de la entidad, nunca se habrían producido sin la mediación del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El nuevo procedimiento es la base sobre la que pretenden construir esa versión exculpatoria. Han anunciado que aportarán pruebas de esas supuestas coacciones y pedirán que declaren todos los agentes que supuestamente intervinieron en ellas.

Andorra apoyará la citación de agentes

Lo previsible es que el juez Santolaria acepte esas diligencias, cursando comisiones rogatorias a España para que los policías citados en la denuncia puedan declarar sin salir de territorio nacional, explican fuentes jurídicas. El presidente andorrano ha desmentido que tuviera conocimiento de esos hechos antes de la declaración de Higini Cierco pero, ante un relato que pone en duda la soberanía del Principado y cuestiona la actuación de su propio Gobierno en la caída de uno de los tres grandes bancos de ese diminuto país, ha asegurado que colaborará para que declaren todos los ciudadanos españoles que sean citados.

Por ahora, no hay ninguna otra parte personada en el caso. Las declaraciones de Higini Cierco y Rosa Castellón se produjeron incluso en ausencia de la Fiscalía del Principado. Pero el entorno de la familia Pujol ya ha anunciado que pedirán personarse en estas diligencias como acusación. Por su parte, el Gobierno de Andorra todavía no ha decidido qué posición adoptará.

Las autoridades andorranas se comprometen a hacer las gestiones necesarias para que declaren los policías implicados en las presuntas amenazas a BPA

El procedimiento podría acabar uniéndose a otro abierto en el verano de 2014 a petición del propio clan Pujol, en el que se investigaba precisamente la filtración de los datos sobre las cuentas bancarias de la familia. En dos años no se había producido ningún avance en esa otra causa, pero las declaraciones de Higini Cierco han despejado la incógnita sobre la autoría de la revelación de secretos bancarios, un delito especialmente perseguido por el Código Penal andorrano.

Los Pujol buscan la condena de los directivos de BPA para conseguir que se invaliden todas las pruebas que facilitó Andorra a la Justicia española tras la aparición del pantallazo con los depósitos del clan. Según su tesis, la revelación de secretos invalidaría el resto de pruebas remitidas por el Principado a la causa de la Audiencia Nacional en la que se investiga a todos los miembros de la familia por delitos de corrupción.

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