La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a los Salazar por el desfalco de SOS Cuétara

Jesús, Raúl y Roberto Salazar Bello se sentarán en el banquillo de los acusados por el desfalco de SOS Cuétara —ahora Deoleo—, sociedad que administraron durante más de una década. Así lo ha acordado el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que el pasado 27 de septiembre dictó auto de apertura de juicio oral para los tres hermanos y otra media docena de procesados: Pedro Barragán, Esteban Herrero, Íñigo de Zunzunegui, Antonio Esteban, Pascual Carrión y Patricia Esteban. Los nueve están acusados de estafa, delito societario, encubrimiento, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal por las operaciones financieras que planificaron y ejecutaron en perjuicio de la mercantil y en beneficio propio entre los años 2007 y 2009.

Junto a ellos, la Audiencia Nacional también ha abierto juicio oral como responsables civiles de los mencionados delitos a una docena de sociedades controladas por los Salazar, que fueron utilizadas por estos para llevar a cabo las maniobras de ingeniería financiera destinadas a vaciar la caja. En concreto, los acusados desviaban fondos de las cuentas de SOS Cuétara a estas mercantiles para posteriormente adquirir acciones de la compañía a través de las sociedades beneficiadas, que eran manejadas por los procesados, quienes actuaban al margen del consejo de administración.

"Los acusados, actuando de común acuerdo en perjuicio de la sociedad, valiéndose de sus posiciones en la compañía, fueron transfiriendo cantidades dinerarias desde la tesorería de SOS, sin que conste que dicha operativa fuera autorizada formalmente por sus órganos de administración", destaca el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado Central número 4, que hace suyos los hechos narrados por la Fiscalía.

Según el mismo escrito, durante 2007 y 2008, los hermanos Salazar derivaron más de 206 millones de euros desde SOS hasta una sociedad controlada por Jesús denominada Cóndor Plus (en la actualidad, Pahes Desarrollo Empresarial). Posteriormente, el dinero pasaba de esta última mercantil a Unión de Capitales, también administrada por el entonces presidente del grupo de alimentación. Hasta el cese de Roberto en mayo de 2008, los Salazar habían transferido 92 millones de euros. Desde Unión de Capitales, "con ánimo de ilícito enriquecimiento" —según la Audiencia Nacional—, los fondos pasaban luego a ser distribuidos a otras sociedades controladas por los mismos hermanos y radicadas en Luxemburgo, como Lencor Investment o Riosal.

Una vez tenían en su bolsillo el dinero, lo utilizaban para adquirir acciones de SOS Cuétara, como explica el Juzgado número 4, que asegura que utilizaban las empresas Asesoría Financiera Madrid, Demí-Stone, Corporación Industrial Salazar 14, Alván y Unión de Capitales —todas ellas encausadas y vinculadas a los Salazar— para llevar a cabo estas compras. Según la Agencia Tributaria, estas sociedades se hicieron con acciones del grupo por valor de 203 millones de euros entre 2008 y 2009, cantidad que los Salazar sumaban a los 218 millones que ya poseían en cartera de acciones antes de las operaciones supuestamente fraudulentas narradas.

"De esta manera, los acusados Jesús y Raúl Salazar conseguían controlar el valor de la cotización en bolsa de las acciones de SOS Cuétara, actuando en el mercado con la contratación de participaciones mediante órdenes de sus sociedades particulares", reza el auto de la Audiencia Nacional, que sitúa a Jesús y Raúl Salazar como autores de los principales delitos (estafa, delito societario, delito relativo al mercado, blanqueo o insolvencia punible) y al resto de acusados como colaboradores necesarios (autores también en algunos casos), al ocupar cargos de dirección en las diferentes mercantiles controladas por los dos primeros.

El Juzgado 4 relata las 13 complejas operaciones financieras que llevaron a cabo los acusados para desviar los mencionados fondos y controlar el valor en bolsa del grupo de alimentación a través de la docena de mercantiles mencionadas y también procesadas en la causa. La compraventa de acciones, activos, terrenos o fincas era utilizada por los Salazar y sus colaboradores para ir vaciando la caja de SOS Cuétara en beneficio propio, según relata la Audiencia Nacional, que explica, entre otras maniobras, la que llevaron a cabo los acusados con la sociedad opaca Glanswood Limited.

La mercantil, radicada en Irlanda y con gerentes domiciliados en Ginebra, era utilizada para simular operaciones de compraventa de arroz entre filiales del grupo —American Rice y Arrocera del Trópico—. Jesús Salazar, asegura el auto judicial, "vino obteniendo financiación ilícitamente en perjuicio de SOS a través de la aceptación por parte de Unión de Capitales de letras de cambio giradas en Ginebra, libradas por la entidad Glanswood Limited, que incluían un falso aval de SOS, letras que eran endosadas a los bancos alemanes HSH Nordbank y Landesbank Baden-Wurttemberg". "Los conocimientos de embarque que amparaban el libramiento de las letras eran falsificaciones por fotocomposición", añade la Audiencia Nacional, que explica que "el impago de las letras dio origen a las demandas" judiciales que derivaron en los juzgados número 1 y 3 de Arganda del Rey (Madrid).

Junto a la apertura de juicio oral contra los mencionados procesados, el Juzgado 4 ha acordado el sobreseimiento de la causa contra Pilar Salazar, Jorge Velasco y Luis Salazar. La Fiscalía había pedido el archivo del proceso contra los dos últimos y el denunciante —Deoleo—, contra los dos primeros. Además, el auto ordena seguir manteniendo las medidas cautelares ya acordadas contra los acusados (embargos) y se les requiere para que presten una fianza para hacer frente a la responsabilidad civil. En concreto, Jesús Salazar debe abonar 242 millones de euros, gran parte de los cuales también deben ser aportados por su hermano Raúl. Subsidiariamente son las mercantiles, encabezadas por Unión de Capitales y Cóndor Plus, las que deben asumir la mayor parte del pago.

Jesús Salazar —que seguirá estando en libertad provisional, al igual que su hermano— fue presidente del Consejo de administración de SOS Cuétara entre abril de 1991 y el mismo mes de 2009. Raúl ejerció como vicepresidente y consejero delegado de la compañía entre febrero de 2003 y abril de 2009. Roberto, por su parte, fue el director financiero de la mercantil —y responsable por lo tanto de las órdenes de transferencia de fondos— hasta mayo de 2008.