¿Estaban conectadas las cámaras en la urbanización del crimen de Pioz?

Algunos propietarios de la urbanización La Arboleda, de Pioz (Guadalajara), donde la Guardia Civil encontró el pasado domingo cuatro cadáveres descuartizados, aseguran que las cámaras de vigilancia no funcionan desde hace tiempo. Los dueños de los chalés consultados por El Confidencial explican que la empresa de seguridad hizo la instalación de los dispositivos, pero que tuvo que desconectarlos debido a que no cumplían todos los requisitos legales.

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Roberto R. Ballesteros

La Guardia Civil no confirma este extremo debido a que la causa se encuentra bajo secreto de las actuaciones, establecido por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, que dirige las pesquisas. Tampoco lo corroboran desde la empresa de seguridad NCS, responsable de controlar los accesos y la vigilancia de la urbanización, que se negaron ayer a hacer ningún tipo de declaraciones sobre el asunto a El Confidencial.

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Los vecinos, sin embargo, explican que las cámaras no graban y que la seguridad se limita a la garita que controla la entrada al recinto de chalés así como a las rondas que realizan los vigilantes de seguridad con sus vehículos por toda la instalación. La barrera de la caseta de acceso se mantiene levantada durante todo el día por sistema, con lo que pueden entrar los vehículos sin impedimento, y se baja por la noche a partir de las 20:00. Los profesionales de NCS aseguran tener un registro con los automóviles que pasan dentro y que no son de la urbanización.

Un vecino, de hecho, dueño de una casa que tiene alquilada, confirma que los vigilantes le telefonearon cuando vieron que entraba un camión y se situaba frente a su casa. Eran sus inquilinos y así se lo explicó el propietario de la vivienda, que quedó satisfecho con que los profesionales le avisaran prudentemente de que un vehículo desconocido había aparcado junto a su inmueble. Otros residentes, sin embargo, aseguran que en no pocas ocasiones pasan por la garita y allí no hay nadie de la empresa de seguridad, con lo que difícilmente podrían estar registrando la matrícula y los datos de todos los vehículos que acceden.

La ausencia de cámaras a pleno rendimiento provocaría, por lo tanto, que no haya imágenes de los descuartizadores, que probablemente accedieron a la urbanización por la única entrada que existe —aquella en la que se encuentra la garita— y en un vehículo. Si los vigilantes les tomaron los datos, habría información sobre ellos disponible para los investigadores de la Guardia Civil. En el caso de que en ese momento no estuvieran en la caseta de la entrada, quizá ni siquiera existen esos datos por escrito.

Los agentes responsables de las pesquisas de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara indagan desde ayer estos extremos en colaboración con los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, que presta apoyo en esta operación desde el primer momento junto a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la misma corporación.

La familia brasileña asesinada llegó a Pioz tras haber residido antes en Torrejón de Ardoz (Madrid). Se empadronaron en la localidad alcarreña el pasado 21 de julio. Primero vivieron en el centro de Pioz y luego se trasladaron al chalé de La Arboleda, donde han sido encontrados descuartizados. Algunos vecinos, de hecho, afirman que les vieron durante el verano, pero que hacía ya varias semanas que no sabían nada de ellos. Las barras de pan, de hecho, se acumulaban en la puerta de la residencia, lo que ya hacía sospechar a los residentes que vivían cerca.

Sin embargo, fue el hedor lo que supuso el definitivo punto de inflexión. Un vecino comunicó a un vigilante de seguridad que el olor era insoportable y que algo tenía que estar pasando dentro de la casa. El profesional llamó a la Guardia Civil, que accedió a la vivienda tras reclamar la orden judicial correspondiente. Las primeras hipótesis llevan a pensar, por lo tanto, que los moradores llevarían muertos casi un mes, dato que también podría dificultar el virtual acceso a imágenes, en el hipotético caso de que finalmente las hubiera, ya que la Ley de Protección de Datos limita precisamente a un mes el tiempo máximo que las empresas de seguridad pueden guardar las grabaciones. Fuentes de la seguridad privada, de hecho, aseguran que en no pocas ocasiones estas mercantiles ordenan borrar las imágenes antes de que se cumpla este plazo.

El motivo que llevó a los asesinos a acabar con la vida de los padres y los dos niños —una pequeña de cuatro años y un bebé de apenas uno— aún es una incógnita, aunque algunas fuentes apuntan ya a la posibilidad de que haya sido un ajuste de cuentas. No deja de ser, sin embargo, una hipótesis que ahora tendrán que comprobar los investigadores, que sí que han explicado ya, de hecho, que las víctimas no tenían antecedentes penales, lo que reduciría la posibilidades de que se trate de un ajuste de cuentas.

Sí apoyaría esta línea de investigación el hecho de que los brasileños buscaron una vivienda dentro de una urbanización con seguridad y con rejas en todas las puertas y ventanas. Estos elementos hacen pensar a los investigadores que la familia podría conocer a quienes les asesinaron, ya que ninguno de los accesos presentaba signos de violencia y, por lo tanto, los residentes tuvieron que abrir voluntariamente a los criminales.

Tras el levantamiento de los cadáveres —hallados dentro de bolsas de plástico—, ordenado el pasado domingo por el Juzgado número 1 de Guadalajara, esta instancia autorizó la autopsia de los cadáveres, que ya ha sido realizada por los forenses y cuyo resultado se encuentra amparado por el secreto de las actuaciones. El Ayuntamiento de Pioz —cuyo alcalde, Ricardo García, aseguró que el pueblo está consternado— ha decretado dos días de luto oficial por la masacre.