caso púnica

Ortiz confirma que mandó los wasaps del amaño de 73 millones a favor de Cofely

El exdiputado madrileño del PP asegura que su intención no era manipular el concurso sino comprobar si la empresa mejor situada era o no capaz de prestar el servicio licitado

Foto: El exdiputado del PP Daniel Ortiz, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)
El exdiputado del PP Daniel Ortiz, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz, imputado en el caso Púnica, se ha comportado este martes ante el juez como cualquier presunto delincuente. Ha negado todos y cada uno de los hechos delictivos que se le imputan. Todos, menos la principal prueba que existe contra él. Ortiz ha confesado que fue el autor de los wasaps que envió a uno de sus concejales para paralizar el concurso de eficiencia energética licitado por el Ayuntamiento de Móstoles en marzo de 2014, mientras él era alcalde. El juez Eloy Velasco cree que esos mensajes tenían como objetivo amañar la adjudicación, valorada en 73 millones, a favor de Cofely, una de las empresas de la trama, a cambio de 746.000 euros. Ortiz, sin embargo, sostiene que eran comunicaciones normales con su equipo, y que su objetivo era evaluar si la empresa inicialmente elegida sería capaz de prestar ese servicio con garantías.

Ortiz confirma que mandó los wasaps del amaño de 73 millones a favor de Cofely

El juez Eloy Velasco ha insistido en preguntar a Ortiz si él era el autor de esos mensajes, según fuentes presentes en el interrogatorio. El magistrado ha insistido hasta el punto de preguntarle si podría encontrarlos en su teléfono y mostrárselos, algo que el exdiputado regional ha rechazado, alegando que desde su llegada a la Asamblea de Madrid en la lista de Cristina Cifuentes ha cambiado de teléfono. Finalmente, ha concedido que se enviaron desde su móvil, pero ha insistido en que solo se debieron a sus dudas sobre la capacidad económico-financiera de la compañía que tenía todas las papeletas de convertirse en adjudicataria —Fulton— para prestar los servicios que se estaban licitando. El exalcalde, para subrayar su importancia, ha llegado a asegurar que de ese contrato dependían un centenar de edificios y dos colegios.

Esos mensajes fueron enviados por Ortiz a su exconcejal de Infraestructuras y Matenimiento David Sánchez del Rey, el responsable del proceso de adjudicación. Los investigadores consideran que constituyeron una ingerencia directa del exalcalde en el concurso valiéndose de su cargo, ya que no tenía potestad en ese proceso, no formaba parte de la mesa de contratación ni participó en la redacción de los pliegos, según la exposición razonada enviada por Velasco al Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando Ortiz era aún diputado regional y como tal estaba aforado a ese órgano. El propio Sánchez Rey declaró como testigo que esas instrucciones del regidor no eran lo habitual y que no entendía las razones que alegaba para paralizar el proceso.

Foto: Cofely.
Foto: Cofely.

Según Velasco, la verdadera razón del exdiputado madrileño era ganar tiempo para encontrar deficiencias en la oferta de Fulton, la empresa que, casi con total seguridad, iba a ser la ganadora y que posteriormente fue descalificada al considerar "temeraria" su oferta económica, a pesar de que su solvencia financiera y técnica ya había sido analizada por la mesa de contratación. Para ello, según el instructor, Ortiz puso en marcha "una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely documentos de la oferta de licitador competidor". El objetivo era que esta última empresa realizara un contrainforme anónimo para excluir a Fulton. A cambio de todo ello, según la investigación judicial, Ortiz habría recibido de Cofely 746.000 euros "como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato".

Ortiz consumó presuntamente estos hechos con la ayuda de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla Palombi, y el hermano de este, Mario Utrilla Palombi, diputado regional en la anterior legislatura madrileña y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva. Ambos, según el juez, "se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas". También participó en la trama el exsocio de Francisco Granados David Marjaliza, como asesor comercial externo de Cofely, conseguidor del contrato, intermediario con el Ayuntamiento de Móstoles e incluso como financiador, adelantando las primeras comisiones" por el amaño, como él mismo relató en su confesión ante Velasco.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
3 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios