Un juez obliga a un ayuntamiento a pagar sus deudas con Púnica

Las administraciones salpicadas por el caso Púnica están obligadas a saldar las deudas que hayan contraído con empresas implicadas en el escándalo. Eso es lo que ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la capital en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario y que impone al Ayuntamiento de Coslada (Madrid) el pago de facturas por valor de 1.815 euros a la mercantil Madiva Editorial y Publicidad SL, una de las firmas que utilizaba el experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro Llorca para mejorar la imagen en internet y redes sociales de instituciones y políticos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga desde octubre de 2014 esas facturas y también las de Eico Online Reputation Management, la otra consultora de De Pedro, ante la sospecha de que pudieron encubrir trabajos para la mejora de la imagen personal de dirigentes políticos que fueron abonados con fondos públicos. Sin embargo, la Justicia ha determinado que esa sospecha no es motivo suficiente para que las instituciones afectadas dejen de abonar esos encargos.

La sentencia envía un mensaje a todos los organismos que adjudicaron servicios a compañías relacionadas con la trama y que dejaron de abonarlos

Aunque la sentencia de Coslada afecta a un importe casi simbólico, envía un mensaje a todos los organismos que adjudicaron servicios a compañías relacionadas con la trama y que decidieron dejar de abonarlos, incluso después de que se ejecutaran. El propio Eloy Velasco recomendó a los responsables políticos de ayuntamientos y diputaciones afectados por esta situación que no siguieran pagando las facturas.

La mayoría de las administraciones ha optado por agarrarse al consejo de Velasco. Solo una de las empresas implicadas en el caso, la firma de ahorro energético Cofely, llegó a recibir adjudicaciones públicas presuntamente amañadas por valor de al menos 160 millones de euros que ahora están investigadas por la Audiencia Nacional. Será difícil que algún día ingrese esa cantidad, porque los ayuntamientos que la contrataron han decidido no pagarle ni un solo euro tras el estallido del escándalo. De hecho, como reveló este diario, Cofely ya ha tenido que provisionar 24 millones de euros en su balance de 2015 por el deterioro de sus contratos públicos, y prevé que los impagos sigan creciendo en los siguientes ejercicios.

Pero la situación de Cofely y el resto de compañías investigadas en Púnica puede dar un vuelco tras la sentencia del Juzgado número 11 de lo Contencioso. Su titular, el juez Jesús Torres, ha resuelto ahora que los organismos públicos están obligadas a abonar las facturas que tienen pendientes si existe constancia de que los trabajos fueron solicitados previamente por la Administración y, además, está acreditado que los servicios efectivamente se prestaron. Ese es el caso del experto en reputación de Púnica.

Según ha podido saber este diario, De Pedro reclamaba al consistorio de Coslada dos facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2014 por la inserción de 'banners' publicitarios en el diario digital www.noticiascoslada.es, que él mismo gestionaba. Las facturas, de 907,50 euros cada una, vencían el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2015, respectivamente. Madiva se las remitió al ayuntamiento por el cauce ordinario con pruebas de que ambas inserciones publicitarias habían sido efectuadas. Sin embargo, tras las primeras detenciones de Púnica en octubre de 2014, el consistorio madrileño decidió no pagarlas.

La Justicia ha dado ahora la razón a De Pedro. El juez asegura en su dictamen que el empresario “ha acreditado suficientemente, a través de la prueba practicada, la realización de los trabajos contratados relativa a la inclusión de los 'banners' publicitarios en el diario digital correspondiente a los meses de octubre y noviembre”. Por tanto, el juez considera que “procede reconocer a Madiva el derecho a que el Ayuntamiento de Coslada” le abone sus dos facturas. El consistorio tiene 10 días para satisfacer la deuda.

El juez asegura que el empresario "ha acreditado suficientemente, a través de la prueba practicada, la realización de los trabajos contratados"

El dictamen no solo reconoce la deuda. Acredita que las facturas de Coslada al menos reflejan la prestación de servicios reales por parte de Madiva Editorial y Publicidad. Ni las facturas son falsas ni los trabajos fueron simulados, una conclusión que desvanece la posibilidad de que esas relaciones comerciales pudieran haber sido utilizadas para financiar ilegalmente al Partido Popular, una de las sospechas que ha manejado el juez Velasco desde el inicio de la instrucción. La sentencia no afecta directamente a Púnica, pero puede favorecer la situación procesal de De Pedro.

Según ha podido saber este diario, el empresario ya ha iniciado los trámites para reclamar otras deudas pendientes. En concreto, reclama 11.999 euros al Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid); 7.260 euros a la Fundación para el Conocimiento Madri+d; 4.840 euros al Partido Popular de Castellón; 7.200 euros a la Diputación de León, y otros 6.292 euros al Ayuntamiento de Castellón.