Fiscalía espera el informe de los 'mossos' antes de decidir si actúa por la Diada

El Ministerio Público no tiene previsto, por el momento, iniciar ningún tipo de investigación por los incidentes de la Diada Nacional de Cataluña. La Fiscalía de la Audiencia Nacional esperará al informe sobre la manifestación que hayan redactado los Mossos d'Esquadra antes de decidir si la quema de fotos del Rey y de banderas españolas que se produjo durante ese acto constituye un delito contra la Corona o contra las Altas Instituciones del Estado. Fuentes de ese organismo aseguran sin embargo que el otro acto reivindicativo radical que se registró durante la marcha, la quema de páginas de la Constitución, en principio, carece de relevancia penal.

Los hechos se produjeron durante la tradicional marcha de la izquierda anticapitalista que cada Diada recorre las calles de la capital catalana. En esta edición estaba organizada por la CUP y otros grupos de izquierda como Arran y Endavant. Entre los manifestantes se repartieron octavillas que, por un lado, tenían la imagen del rey Felipe VI y en el otro artículos de la Constitución y que fueron quemados con las antorchas que llevaban algunos de los asistentes a la marcha. Entre los manifestantes, unos 5.000, se encontraba la diputada catalana de la CUPAnna Gabriely la concejal de esa misma formación en el Ayuntamiento de Barcelona Laia Estrada.

El artículo 491.2 del Código Penal castiga con penas de seis a 24 meses "al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquierda de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte (...) o del Príncipe o Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la corona". Ese mismo texto legal también prevé una pena de entre seis meses y dos años para las injurias graves al monarca y de multa de seis a doce meses si las injurias no merecen esa calificación.

El pasado noviembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a los 'mossos', la Policía y la Guardia civil que actuaran si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición, ya que encajaría dentro de los "delitos contra la forma de Gobierno", que son competencia de ese tribunal. En su instrucción, el fiscal jefe aseguraba que ese tribunal sería competente para actuar contra cualquier persona que no fuera aforada a otro tribunal, lo que, en los meses siguientes produjo la apertura de causas contra varios alcaldes catalanes. Los asuntos penales dirigidos contra diputados catalanes o miembros del Gobierno de la Generalitat corresponden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según la instrucción de Zaragoza, la Audiencia podría actuar en casos de "rebelión y sedición" cuando la finalidad de los actos realizados sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". En esos casos el texto compelía a las fuerzas de seguridad a impedir esos actos desde el momento en que el Tribunal Constitucional invalidara la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán a finales del pasado año.