dos años de enfrentamientos en los tribunales

La guerra judicial entre López Madrid, Falcones y Fermoselle se empantana

Dos años después, López Madrid, Mesonero Romanos, Baldomero Falcones, Fermoselle y Comenge siguen enfrentados en los tribunales por la supuesta estafa de unos a otros

Foto: Baldomero Falcones, expresidente de FCC. (EFE)
Baldomero Falcones, expresidente de FCC. (EFE)

Tras dos años de enfrentamiento en los tribunales, la pelea entre empresarios de apellido de postín se empantana en los juzgados de plaza de Castilla. Ambas partes han tratado de defender su postura a través de la presentación de informes periciales contradictorios que, por el momento, no han aclarado si realmente el consejero delegado del grupo Villar Mir, Javier López Madrid, y sus amigos Guillermo Mesonero Romanos y Lorenzo Mendoza estafaron al expresidente de FCC Baldomero Falcones y a sus socios Ignacio Comenge -propietario de las embotelladoras de Coca Cola- y Marcos Fernández Fermoselle, cuando los primeros convencieron a los segundos para que invirtieran en la mercantil de ingeniería de telecomunicaciones Infoglobal.

Un primer informe elaborado por una consultora internacional y presentado por la defensa no aclaró si López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza indujeron al resto a invertir a sabiendas de que la operación iba a ser fallida. El documento se limitó a señalar que con los datos que en ese momento había sobre el negocio, los instigadores no podían saber que iban a perder. No resultó, por lo tanto, determinante para que el Juzgado número 36, que instruye la causa, se decantara hacia uno u otro lado de la balanza.

Javier López Madrid.
Javier López Madrid.
La indefinición provocó que los querellantes también encargaran su propio informe pericial, pero tampoco este último aclaró demasiado las cosas. El nuevo dosier, encargado a otra firma, concluía que es posible que los inductores de la inversión -López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza- conocieran los elevados riesgos que conllevaba el negocio. Aunque también deja abierta la posibilidad a pensar que, si es posible que lo supieran, también lo es que lo desconocieran.

Los autores de este último informe ratificarán sus conclusiones a finales de septiembre, momento en que el Juzgado deberá decidir si el documento es o no suficiente para tomar una decisión o si, por el contrario, se torna necesario ordenar nuevas diligencias de investigación que lleven a aclarar si hubo o no estafa en la persuasión ejercida por los querellados sobre los querellantes para que estos últimos invirtieran en la compañía de telecomunicaciones. 

Fuentes jurídicas explican que lo determinante de este asunto es conocer si realmente entró dinero en la empresa en el ejercicio 2012-2013 para que la mercantil obtuviera beneficios para repartir entre los socios. Si la compañía no recibió ingresos suficientes, la cosa quedaría en que la pérdida de efectivo se produjo como consecuencia del riesgo que conllevaba la operación de inversión. Si, sin embargo, entró dinero, podría abrirse la puerta a que hubo una estafa.

Falcones, Comenge y Fernández Fermoselle argumentaron en su escrito de denuncia que sus entonces socios les engañaron para aportar cinco millones de euros -a través de la compra del 30% de la ingeniería- que permitirían a la mercantil firmar un contrato en México. Este último consistía en que Infoglobal se comprometía a trabajar con un socio local en la instalación de sistemas de telecomunicaciones y de seguridad en un centro penitenciario que se estaba construyendo.

Marcos Fernández Fermoselle.
Marcos Fernández Fermoselle.

Se trataba de un proyecto que iba a representar casi el 60% de la facturación de la compañía -por lo tanto, un negocio clave- y que, sin embargo, no llegó a ejecutarse por completo. Los querellantes aseguraron que López Madrid, Mesonero Romanos y Mendoza conocían los problemas que conllevaba el acuerdo y que no informaron de ellos a los nuevos inversores, extremo que niega la defensa, que arguye que los inversores recibieron toda la documentación para estudiarla. 

Los querellantes también consideran que aquella inversión fallida fue el detonante de la posterior suspensión de pagos de la compañía. En el momento en el que se produjo la inversión, todos los implicados mantenían una buena relación que se ha ido torciendo como consecuencia del enfrentamiento judicial hasta el punto de que los implicados ni siquiera se saludan entre sí cuando la mercantil celebra junta de accionistas.

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