La Fiscalía investiga la construcción de 250 chalés en una zona inundable del Tajo

La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias con el fin de investigar la construcción de 250 chalés en una zona inundable junto al río Tajo. La denuncia de un particular ha puesto en alerta al departamento dirigido por Antonio Vercher, que ha empezado a indagar nada más tener conocimiento de los hechos, justo cuando se cumplen 20 años de la tragedia de Biescas, cuando las riadas provocadas por las lluvias torrenciales se llevaron por delante el 'camping' Las NIeves y las vidas de 87 personas que pasaban allí unos días.

Los 250 chalés fueron levantados en el municipio de Illana (Guadalajara) junto al caudal del río en una zona declarada inundable por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), según revela el denunciante. Los inmuebles comenzaron a construirse a finales de los ochenta, aunque la mayoría de ellos fueron edificados en la primera década del presente siglo. Todos cuentan con licencia municipal, lo que indica que fueron erigidos con el consentimiento del ayuntamiento.

Según revela el denunciante en el escrito presentado por correo electrónico ante la Fiscalía de Medio Ambiente, también estaban al tanto la Junta de Comunidades, el Seprona y la propia Confederación Hidrográfica. Ninguno de estos organismos, sin embargo, indica el ciudadano que ha interpuesto la denuncia -Fernando Jabonero-, ha intervenido para evitar la construcción.

Jabonero asegura que "la ilegalidad deriva de que se trata de una zona inundable y, por lo tanto, no urbanizable". "Desde hace mucho tiempo, se consideran inundables las áreas que han sufrido desbordamientos en los últimos 500 años", explica el denunciante, que añade que la base de datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene registrados ocho desbordamientos en ese periodo en la citada zona, como refleja de hecho el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo en su página 44.

En la misma línea apuntó un informe elaborado en 2014 por la Universidad Complutense de Madrid -'Sellado de suelos a partir de teledetección y SIG: estudio en el Tajo medio alto'-, que en su página 6 describe las zonas de la cuenca del Tajo con riesgo de sufrir inundaciones en las que ha proliferado, sin embargo, el urbanismo. Entre estas áreas, incluye la urbanización El Soto-Río Llano, que es a la que se refiere la denuncia de Jabonero y que centra el objeto de la investigación de la Fiscalía.

"El gran 'boom' urbanístico de las últimas décadas y los precios elevados del suelo en la Comunidad de Madrid condujeron a que numerosos habitantes de esta región decidieran establecer su segunda residencia en áreas próximas de Castilla-La Mancha; esto ha llevado a la proliferación de urbanizaciones en los límites provinciales que han incumplido todas las normas urbanísticas y de planificación, poniendo en serio riesgo no solo el medio ambiente, sino incluso la integridad de las vidas humanas", asegura el mencionado informe en relación a la citada zona de Illana y a otras áreas de la misma comunidad autónoma.

"Las proximidades de los grandes ríos, con áreas llanas y suelos fértiles, han sido las grandes perjudicadas; además de la pérdida de suelo por crecimiento urbanístico, fácilmente observable y medible mediante imágenes de satélite y fotografías aéreas, se quiere destacar la inadecuación de algunos proyectos urbanísticos recientes, que repiten e incrementan errores medioambientales del pasado, aun a riesgo de poner en peligro la vida y los bienes de las personas", añade el citado documento, elaborado por investigadores del Departamento de Análisis Geográfico de la Universidad Complutense.

El denunciante asegura que fue alertado de lo que considera un "atropello" por un funcionario de la propia CHT, precisamente uno de los que elaboraron los mapas que calificaban la zona como inundable. En el escrito remitido a la Fiscalía, Jabonero asegura que estas mismas aberraciones también se han producido durante los últimos años "en otras riberas" de la misma cuenca, lo que abre la puerta a que la investigación del Ministerio Público no termine en el municipio de Illana, sino que se extienda también a esas zonas.

Para el denunciante, no es de recibo que ninguna Administración se haya plantado ante lo que considera una "ilegalidad", y todas ellas hayan permitido que se construyan estas edificaciones durante 30 años. "Nadie, al parecer, tiene interés en reponer la legalidad en ese desatino detectado en Illana", valora Jabonero, quien señala sobre todo la responsabilidad del consistorio, al "tramitar las licencias con informes técnicos preceptivos elaborados por falsos arquitectos municipales". Uno de ellos, apunta a El Confidencial, "lleva más de 30 años empotrado en el ayuntamiento".

Actualmente, como refleja la web inmobiliaria Idealista, en las urbanizaciones ubicadas en la zona afectada hay casas a la venta que superan los 400.000 euros, aunque también se pueden encontrar chalés por menos de 100.000 euros. El portal ofrece, por ejemplo, un inmueble de 350 metros cuadrados por 395.000 euros, otro de la misma superficie construida por 425.000 y una tercera vivienda de 250 metros cuadrados por 150.000.

Falsos arquitectos municipales

La denuncia de Illana no es la primera que impulsa Jabonero en relación con la utilización de estos "falsos arquitectos municipales", también denominados arquitectos honorarios. En su pueblo -Pastrana (Guadalajara)-, donde es portavoz del PSOE, logró que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordenara retirar un quiosco restaurante que se había levantado en un céntrica plaza con el visto bueno de uno de estos profesionales ajenos a la función pública.

"La figura del arquitecto honorario no existe en nuestro ordenamiento y supone una clarísima y grave transgresión de la reserva legal del desarrollo de funciones públicas, como es la de informar previamente de las licencias a cargo no ya de empleados públicos, sino de funcionarios", reza la sentencia emitida el pasado febrero por el alto tribunal castellano manchego en respuesta a un recurso del Ayuntamiento de Pastrana contra la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara, que condenó al consistorio y le ordenó eliminar la edificación y "restablecer la legalidad urbanística" en la mencionada plaza.

El problema de los arquitectos honorarios es "un fenómeno de corrupción transversal que afecta a miles de ayuntamientos de todo el país", asegura Jabonero, quien calcula que hay "600 ayuntamientos en Castilla-La Mancha, 100 en Madrid, 850 en Cataluña y 400 en la Comunidad Valenciana" que han emitido informes para obras públicas elaborados por este tipo de profesionales que no son funcionarios. "Estamos hablando de cientos de miles de licencias urbanísticas", recalca el hombre que ha provocado la reciente apertura de diligencias por parte de la Fiscalía en relación a las edificaciones de Illana.

Según Jabonero, debajo de este fenómeno subyace "un estado de hecho en miles de ayuntamientos, en los que alcaldes y secretarios municipales han hecho de su capa un sayo, dando por válidos como funcionarios a arquitectos ajenos a la Administración (...), que han emitido informes preceptivos para el otorgamiento de licencias de obra, de inicio y de ocupación".