Air Europa deposita 8 millones más en la AN para cubrir el fraude de los billetes a las islas

Air Europa ha depositado otros ocho millones de euros en la cuenta del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional para hacer frente a sus responsabilidades económicas por el fraude en las subvenciones a los billetes para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Esa cantidad se suma a los 21 millones que ya consignó el pasado diciembre, casi dos meses después de que la Fiscalía se querellara contra la propia compañía, su presidente, Juan José Hidalgo, y su director comercial, Richard Clark, por un supuesto delito de fraude en las subvenciones. En total, la aerolínea ha desembolsado ya 43,5 millones si se añaden los 13,5 que pagó a Aviación Civil para cerrar el expediente administrativo abierto contra ella.

El nuevo pago en la Audiencia Nacional se produce después de que Fomento haya enviado al juez el informe definitivo sobre la cantidad supuestamente defraudada en estos billetes, que tienen una reducción del 50% para el usuario que después repone a las aerolíneas el Ministerio. La cifra recogida en este último documento, según las fuentes consultadas, es de 22 millones de euros. El juez Eloy Velasco, con el apoyo del fiscal, ha exigido siete más (ocho más los 21 consignados por Air Europa en el juzgado el pasado diciembre) atendiendo a lo dispuesto por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a incrementar la fianza en un tercio del valor de lo supuestamente defraudado. Los 21 millones depositados por la compañía en la Audiencia hace casi siete meses se entregaron motu proprio, sin que el juez los hubiera reclamado.

El nuevo pago se produce después de que Fomento haya enviado al juez el informe definitivo sobre la cantidad supuestamente defraudada en los billetes

Además del último informe pericial de Fomento, en la causa constan otros dos. El efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía que dio origen al caso (que valoraba el fraude en más de 30 millones) y otro más encargado por la propia compañía investigada a Price Waterhouse Coopers y presentado en el juzgado el pasado 18 de diciembre. El juez hizo llegar todos ellos a Fomento para que redactara el peritaje definitivo. Durante la tramitación del expediente administrativo abierto por Aviación Civil a Air Europa por este mismo asunto, la cantidad finalmente desembolsada por la compañía fue de 13,5 millones. El nuevo informe, incrementa ese importe hasta los 22 millones.

La compañía aérea, según las fuentes consultadas, estaría interesada en alcanzar cuanto antes un pacto con la Fiscalía con el que sus directivos implicados puedan evitar la cárcel. El artículo 308 del Código Penal, el que recoge el fraude en las subvenciones que se les imputa (castigado con penas de uno a cinco años de prisión), permite reducir la pena en uno o dos grados al responsable del delito si reintegra lo supuestamente defraudado en un plazo de dos meses desde que se le cite como imputado y reconoce judicialmente los hechos. En ese caso, las penas a imponer a Hidalgo y Clark estarían entre tres meses y un año, lo que les permitiría no ser encarcelados al suspenderse la condena.

Sin embargo, con ese pacto Air Europa no conseguiría evitar una sentencia condenatoria. Y esa sentencia llevaría aparejado otro castigo accesorio que la compañía no podría evitar. Le ley establece para estos casos "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años".

Tanto la compañía como su presidente aseguraron en sus alegaciones que no habían actuado de mala fe y que su comportamiento no suponía ningún delito

Tanto la propia compañía en sus alegaciones presentadas en febrero como su presidente, Juan José Hidalgo, durante su declaración como imputado, mantuvieron que no se ha actuado de mala fe y entienden que su comportamiento no supone ningún delito. Ambos justificaron lo ocurrido por la "oscuridad de las normas" que rigen esta subvención. "Es un hecho perfectamente constatable que existe discusión entre las compañías aéreas y las autoridades del Ministerio de Fomento acerca de la interpretación y de la aplicación de las normas sobre subvenciones y bonificaciones en el transporte de residentes insulares que viene de mucho tiempo atrás y que a día de hoy aún perdura", argumentaba la mercantil en su escrito, en el que achacaba lo sucedido a "un problema interpretativo".

La compañía se mostraba asimismo "preocupada" por "la incertidumbre" que conlleva una fase de instrucción "prolongada". "No solo en razón de los intereses y gastos, que van incrementándose en una cuantía muy elevada como consecuencia de las cantidades ofrecidas en esta causa, sino esencialmente por el riesgo reputacional que debe afrontar [Air Europa] por la sola circunstancia de continuar abierto este procedimiento", señalaba en su escrito. El juez Eloy Velasco ya ha citado al representante legal que la empresa designe. Su declaración tendrá lugar después del verano, en septiembre.

La investigación del supuesto fraude se inició en 2013 cuando la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) presentó una denuncia tanto en la Dirección General de Aviación Civil como en la Fiscalía. El procedimiento administrativo conllevó el análisis de más de seis millones de billetes por parte de ese organismo dependiente de Fomento y acabó con la solicitud de reingreso de 13,5 millones que Air Europa abonó en su día. Las pesquisas del Ministerio Público concluyeron con la querella presentada, cuya instrucción correspondió al juez Velasco.