por la venta de las oficinas del santander en 2007

La UDEF reconstruye el pelotazo de los Pujol y De la Rosa tras los papeles de Panamá

La Policía Nacional ha remitido un informe a la Audiencia Nacional tras despejar quién se ocultaba tras las sociedades opacas utilizadas por la trama para evitar el pago de impuestos

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La UDEF ha logrado despejar con la ayuda de los papeles de Panamá las últimas incógnitas de “la operativa de cobro de comisiones” de los clanes Pujol y De la Rosa por la venta de las 1.152 oficinas del Banco Santander en 2007. En su informe de conclusiones, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga esa operación desde 2014, los investigadores de la Policía Nacional consideran probado que integrantes de ambas familias “se concertaron para, mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, impedir que la Hacienda Pública fuera conocedora de la percepción” de pagos que sumaron hasta 13 millones de euros por su presunta intermediación en ese millonario traspaso, cerrado en 2.040 millones de euros.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola; el socio de este, Luis Iglesias, yerno del exministro del PP Eduardo Zaplana; dos hijos del industrial catalán Javier de la Rosa Martí, Javier y Gabriela de la Rosa Misol, y el empresario José María Villalonga Bardella pactaron con el fondo británico Sun Capital el pago de sus comisiones por la bautizada como operación Brick a través de un despacho de abogados de Holanda que les permitió ocultar el desvío de fondos a paraísos fiscales.

Los agentes ya habían conseguido averiguar que esa operación reportó a Oleguer Pujol y al clan De la Rosa una comisión de 11,5 millones de euros, y que los pagos se canalizaron a través de las sociedades pantalla holandesas Ard-Choille BV y Marway BV, controladas por el bufete de La Haya ITPS Group, registrado por la UDEF el pasado diciembre. El grueso de los 5,3 millones pagados a través de Ard-Choille acabó en la sociedad opaca Aegle International, que las pesquisas habían logrado atribuir a Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias. Sin embargo, se desconocía cómo había llegado el dinero a la familia De la Rosa y quiénes eran los verdaderos titulares de Barcem Limited y Davenport Trading Group, otras dos empresas radicadas en paraísos fiscales y dirigidas por testaferros que figuraban como perceptoras de pagos de Ard-Choille y Marway.

La UDEF considera que los documentos aflorados en la investigación de los papeles de Panamá, liderada en España por El Confidencial y La Sexta y coordinada en todo el mundo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el semanario alemán 'Süddeutsche Zeitung', permitieron averiguar que quienes se ocultaban tras Barcem Limited eran Javier y Gabriela de la Rosa Misol, y que Davenport Trading Group pertenecía al empresario José María Villalonga Bardella, que hasta ese momento había logrado quedarse al margen de la investigación. El informe incorpora los documentos desvelados por este diario para avalar esas conclusiones.

El esquema definitivo de la operación, según el informe de la UDEF, permite concluir que además de los 5,3 millones percibidos por Oleguer Pujol y Luis Iglesias a través de Aegle International, el clan De la Rosa se aseguró el cobro de 3,6 millones de euros y Villalonga ingresó otros 2,6 millones. Además, los responsables del despacho ITPS Group, Jacob Broers y John Willeken MacDonald, percibieron 253.000 euros por poner al servicio de la trama las sociedades instrumental Ard-Choille BV y Marway BV, “un 2,2% del volumen total de fondos canalizados” por esas firmas. Las comisiones ascendieron a un total de 13 millones de euros, 1,5 millones más de lo que se creía en un principio.

El informe remitido a la Audiencia Nacional por los expertos en delitos económicos de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF también concluye que toda la estructura de evasión fiscal fue diseñada por un experto que en 2007 trabajaba para el despacho Gómez Acebo y Pombo. Se trata de Pablo Alarcón, antiguo socio director del Área Fiscal del bufete y actual profesor de International Tax Planning en el Instituto de Empresa Business School. Como informó este diario, Gómez Acebo y Pombo también intervino en la gestión de Delantera Financiera, la sociedad creada por Mossack Fonseca que Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, ocultó durante 40 años en Panamá.

El informe también concluye que habría intervenido en la operación el propio industrial Javier de la Rosa, no solo sus hijos. Así se desprendería de la documentación incautada en los registros que se realizaron en 2014 en el inicio del caso. La UDEF considera que su ausencia en la trama societaria se debería a que, en el momento de la operación, estaba inmerso en diferentes procesos judiciales. “Durante los primeros meses del año 2008, Javier de la Rosa fue condenado a tres años de prisión por apropiación indebida de 68 millones de euros por el caso Gran Tibidabo, y a cuatro años y ocho meses de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por el desvío de 17,4 millones de euros de la operación Croesus, causa derivada del caso KIO”, señala el documento. “Con la utilización de este entramado societario, lograba ocultar su patrimonio”.

La Fiscalía Anticorrupción se ha apoyado en estas conclusiones para pedir al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que a los ya imputados por la venta de las oficinas de Santander Oleguer Pujol y Luis Iglesias se sumen los hermanos Javier y Gabriela de la Rosa Misol, José María Villalonga Bardella y su hijo José María Villalonga Cabarrocas -que también intervino en la operación- y los abogados holandeses de ITPS Group. Además, el Ministerio Público también ha solicitado que el caso sea asumido por el Juzgado número 5, en el que se investiga desde 2013 a toda la familia Pujol por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores y adjudicaciones de la Administración catalana.

Fuentes de la familia Pujol niegan que haya ninguna irregularidad en la operación Brick y recuerdan que Oleguer ya regularizó todos los fondos en 2012 aprovechando la amnistía fiscal. Aseguran que, a pesar de los esfuerzos de la Audiencia Nacional, no se ha encontrado ningún dato que justifique la continuidad de la investigación. Lo mismo apunta un portavoz de la familia De la Rosa, que niega la implicación de Javier de la Rosa padre en la venta y asegura que la comisión percibida por el traspaso ha sido recientemente comunicada a Hacienda, por lo que tampoco hay ningún elemento que, a su juicio, justifique la petición de la Fiscalía.

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