la investigación se centra en la búsqueda de sobornos

La Fiscalía da seis meses a la UDEF para agotar las pesquisas de la trama de la CNMV

Los expertos en delitos económicos de la Policía han detectado indicios de prevaricación, pero no hay pruebas de que directivos del regulador cobraran por esas decisiones bajo sospecha

Foto: El exdirector general de Entidades de la CNMV Antonio Carrascosa. (EFE)
El exdirector general de Entidades de la CNMV Antonio Carrascosa. (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha prorrogado seis meses la investigación que está realizando desde hace un año la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre la presunta trama corrupta de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), conocida como operación Parqué. Las pesquisas se centran en estos momentos en los supuestos pagos que habrían recibido altos cargos del regulador a cambio de retirar o conceder licencias para operar con valores en territorio nacional, tras detectar indicios de prevaricación en al menos tres expedientes denunciados a la Policía por los presuntos perjudicados.

Con todo, la causa podría terminar encallando. Según han confirmado a este diario fuentes próximas a la investigación, los expertos en delitos económicos de la UDEF todavía no han localizado ninguna prueba que demuestre que los directivos del organismo de supervisión bursátil en los que se centran las sospechas recibieron dinero a cambio de dictar las resoluciones presuntamente injustas que motivaron la apertura del procedimiento.

Como reveló El Confidencial, el análisis económico se ha centrado en el exdirector general de Entidades del organismo regulador Antonio Carrascosa, actual consejero ejecutivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) del Banco Central Europeo (BCE), y en Antonio Moreno, que ocupa el cargo de director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades del supervisor. También se ha rastreado el patrimonio y los movimientos de fondos de otros cinco directivos de menor rango que habrían participado igualmente en los expedientes sobre los que gira el caso.

La sede de la CNMV. (EFE)
La sede de la CNMV. (EFE)

La falta de pagos no solo eliminaría la acusación por cohecho. También rebajaría el alcance del caso, sembrando dudas sobre la supuesta prevaricación que se habría cometido contra los denunciantes. El primer expediente que se ha investigado se remonta a 2007 y afecta a la gestora de carteras Vetusta. Su propietario sostiene que la CNMV le retiró la licencia para operar en España antes de agotar la fase de alegaciones que le concedía la normativa.

Hay un segundo caso de 2012 incluido también en las diligencias, el de la EAFI (empresa de asesoramiento financiero) Dracon Partners, que también perdió la autorización después de que el regulador detectara irregularidades. El último denunciante en sumarse a la causa es José María Castillejo Oriol, antiguo propietario de Zinkia, la firma que creó Pocoyó. Castillejo aseguró ante los agentes de la UDEF que decisiones irregulares de la CNMV le forzaron a presentar concurso de acreedores, un proceso en el que acabó perdiendo el control de la empresa.

La Fiscalía y la UDEF han comprobado que esas decisiones de los directivos del regulador pudieron ocasionar un perjuicio, al no agotar todas las vías para que se subsanaran las presuntas irregularidades que habían cometido y optar por retirarles la licencia en contra del criterio comúnmente aplicado en ese tipo de situaciones. Cuentan con la declaración de una testigo protegida que trabajaba en el departamento de inspección de la CNMV y que aseguró haber sido víctima de presiones de sus superiores para que, al menos, los expedientes de Vetusta y Dracon se resolvieran con la pérdida de licencia. Sin embargo, la Justicia ya ha resuelto en otros procedimientos que, por sí solos, no hay indicios suficientes en esos casos para considerar que las decisiones fueron injustas.

El hallazgo de sobornos reforzaría las suspicacias sobre esas resoluciones, abriría la puerta para investigarlas de nuevo y daría un vuelco a la causa. Los expertos en delitos económicos de la Policía buscan, en concreto, pagos a los directivos de la CNMV por parte de las firmas que se quedaron con el negocio de los perjudicados cuando tuvieron que echar la persiana. La propietaria de Dracon Partners también declaró ante la UDEF que entregó una importante cantidad de dinero a una antigua colaboradora que, según dijo, habría acabado llegando a los directivos del regulador.

Las pesquisas continuarán al menos hasta el próximo mes de noviembre, tras la prórroga de la Fiscalía, para agotar todas las vías de investigación en busca de esos presuntos pagos. Todavía quedan sociedades y cuentas por analizar, según fuentes cercanas al caso. Si el dinero no aparece, las diligencias de la operación Parqué terminarán siendo archivadas.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
0 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios