La operación en Lloret es derivada del caso de los sobornos de la mafia rusa

La operación de la Guardia Civil desarrollada en Lloret de Mar (Girona) investiga presuntos pagos del grupo GBI Serveis para adjudicarse el servicio local de basuras, en una pieza derivada del caso en el que el exalcalde y exdiputado de CiU Xavier Crespo fue condenado por aceptar regalos de la mafia rusa. Según fuentes próximas al caso, la causa que comportó este miércoles el registro del Ayuntamiento de Lloret y la detención de su secretario e interventor está dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Blanes (Girona), al que la Fiscalía Anticorrupción llevó el pasado mes de marzo una denuncia, a raíz de una nueva línea de investigación hallada en sus pesquisas sobre la gestión de Xavier Crespo.

El exdiputado de CiU fue condenado el pasado mes de noviembre a nueve años y medio de inhabilitación por aceptar regalos de un presunto mafioso ruso a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos cuando era alcalde de Lloret. La causa contra el exalcalde de Lloret por el llamado 'caso Clotilde' derivaba, a su vez, de una operación contra una red de presuntos mafiosos rusos con epicentro en la Costa Brava, liderada por Andrei Petrov y que fue desmantelada en 2013, en una trama que acabó siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil detuvieron en la mañana de este miércoles a dos personas vinculadas con la presunta adjudicación irregular de contratos de basuras y limpieza de playas concedidos por el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona). Los investigadores, coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, realizaron cuatro registros por orden del Juzgado número 2 de Blanes, que instruye la causa y que también ha autorizado el bloqueo de las cuentas de los investigados y el embargo de sus bienes inmuebles.

El Ministerio Público indaga la adjudicación de los mencionados servicios de limpieza al grupo empresarial GBI Serveis -propiedad del querellado Gustavo Buesa Ibáñez- así como la construcción y gestión del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales. Anticorrupción sospecha que el amaño de las adjudicaciones se habría realizado en connivencia con funcionarios del mencionado ayuntamiento. Fuentes policiales apuntan a que la operación está relacionada con un beneficiario que sería un empresario próximo a Jordi Pujol Ferrusola que, además, figura entre los principales donantes a la fundación próxima a CiU.