El Tribunal Constitucional anula parcialmente las estructuras del futuro Estado catalán

El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad parte de la ley que creaba las estructuras de Estado para una hipotética independencia catalana impulsadas por la Generalitat. El alto tribunal estima así parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley catalana de medidas fiscales que ponían en marcha dichas estructuras, y ha declarado nulos algunos de sus artículos. El contenido de la resolución aún no se conoce íntegramente, ya que el organismo todavía no lo ha notificado. Lo hará, según esas mismas fuentes, en los próximos días.

El tribunal suspendió el pasado septiembre el artículo que permitía la creación de una Hacienda propia para Cataluña a petición del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En su recurso, el Gobierno impugnaba también la creación de una Agencia Catalana de Protección Social. Los magistrados del Constitucional han declarado nula la primera de estas instituciones, consideradas por el Gobierno el embrión de un hipotético Estado catalán. Respecto a la segunda, la consideran constitucional, siempre que la disposición que la crea se interprete conforme indica la sentencia.

Además de la Agencia Tributaria, el alto tribunal ha anulado otras disposiciones de la ley, aprobada el 11 de marzo de 2015. Entre ellas, la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas en el territorio de la comunidad autónoma, la de un plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario, la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña y también la limitación para la constitución de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos que establece la norma.

"La Agencia Catalana de la Protección Social debe asumir las competencias sobre las prestaciones de protección social propias o transferidas por el Estado que en el momento de entrada en vigor de la presente ley gestionan distintos departamentos del Gobierno, además de las prestaciones o mejoras que eventualmente se decida incorporar. La estructura de la Agencia debe prever una eventual asunción de las competencias que en el momento de entrada en vigor de esta ley ejerce la Administración del Estado", mantiene su disposición adicional vigésimo quinta de la ley catalana.

Respecto a la agencia tributaria, la disposición adicional vigésimo segunda daba cinco meses a la Generalitat para aprobar un plan director de la administración tributaria de Cataluña. "Este plan debe constituir el instrumento de planificación estratégica de una administración tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias", establecía la norma.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló al anunciar el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo consideraba inconstitucionales las partes de esa ley que "sientan las bases" para "trabajar en estructuras de Estado".