Verstrynge le gana la partida judicial a la Delegación del Gobierno por el escrache a la vicepresidenta

La Delegación del Gobierno en Madrid tendrá que devolver los 1.500 euros de la multa abonada por Jorge Verstrynge a causa de una sanción como presunto organizador del escrache a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría el 5 de abril de 2013 llevado a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha admitido el recurso presentado por el expolítico de Alianza Popular, anulando y dejando sin efecto la infracción, según la sentencia fechada el pasado 27 de junio a la que ha tenido acceso El Confidencial.

El procedimiento comenzó con el citado escrache acontecido en abril de 2013. En septiembre de ese mismo año la Delegación del Gobierno sancionó a Verstrynge con una multa de 1.500 euros por una infracción del artículo 23c de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana al considerarle promotor de la manifestación, que no había sido comunicado a la Delegación de Gobierno.

Una decisión que fue confirmada en alzada en marzo de 2015. Verstrynge, ahora vinculado como asesor externo a Podemos, tuvo que abonar la cantidad pese a presentar el recurso, preparado por el equipo jurídico de Sol Legal, vinculado al 15-M, que ha incidido en que el sancionado no pertenece a la PAH y que se encontraba en el lugar como profesor de Ciencias Políticas interesados en los movimientos sociales.

La sentencia alega que “la carga de prueba corresponde a quien acusa, la Administración, sin que nadie esté obligado a probar su inocencia” y que “la responsabilidad de organizar una concentración va más allá de dirigirse a la Policía o de hablar con los participantes, siendo necesaria una prueba fehaciente”.

Además, también afea el que se vulnere el citado artículo “por el hecho de atender a los medios de comunicación social (folio 32 del expediente) ya que esa atención a los medios en sí misma no es una conducta reprobable ni encuadrable en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”.

“No puede considerarse acreditado a los efectos aquí debatidos los hechos por los que fue sancionado el actor en relación con el precepto que la Administración consideró vulnerado”, concluye para fallar admitiendo la estimación del recurso de Verstrynge y la imposición de las costas, cifradas en 200 euros, a la Delegación de Gobierno madrileña. “No cabe recurso”, zanja.