Cuatro jubilaciones, un traslado y un ascenso aplazado: la otra 'guerra' en Interior

El hispanista Paul Preston recordó en una entrevista concedida a ABC hace cuatro años que Francisco Franco tenía sobre su mesa de despacho dos grandes montones de papeles. En uno de ellos, explicó, estaban los asuntos que el tiempo había conseguido resolver. En el otro, los que el tiempo iba a resolver. Esta actitud ante los problemas es exactamente la que muestra el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando afronta imprevistos.

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Así se comportó, de hecho, cuando, en plena crisis de gobierno por el caso de los papeles de Luis Bárcenas, el jefe del Ejecutivo se limitó a sonreír amablemente a los periodistas que buscaban respuestas por los pasillos del Congreso de los Diputados. El gesto de Rajoy sirvió para quitárselos de en medio y dar una apariencia de normalidad ante las cámaras de televisión que le rodeaban. Pero ninguna respuesta, ninguna pista, ninguna decisión. Tuvo que ser el tiempo el que fuera poniendo a cada uno en su sitio.

Esta pasiva disposición de Rajoy es la que hace difícil prever cuál será ahora la decisión del presidente del Gobierno sobre la figura del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuya imagen ha quedado seriamente dañada tras la revelación de las conversaciones que mantuvo hace dos años con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, dadas a conocer por el diario 'Público' durante la semana previa a las pasadas elecciones generales y grabadas en el despacho del máximo responsable de la seguridad del país.

Los audios muestran al ministro y a De Alfonso conspirando para encontrar escándalos relacionados con ERC y CDC vinculados con adjudicaciones de obra pública. Ambos hablan del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los asesores del hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, como la persona encargada de dirigir esas investigaciones.

En condiciones normales, el jefe del Ejecutivo en funciones apartaría a Fernández Díaz de su próximo consejo de ministros. Pero Rajoy no es así. Los escándalos parecen no inmutarle y esa característica que él mismo se arroga -la de ser previsible- en realidad no es la que brilla en este momento. El presidente del Gobierno tiene al actual secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al director de la Policía, Ignacio Cosidó, o incluso al propio Fernández Díaz como aspirantes a coger las riendas de un ministerio que se ha caracterizado durante esta legislatura por la sombra de la politización de las investigaciones y por las guerras internas entre comisarios de la cúpula policial, dos asuntos estrechamente vinculados entre sí y relacionados con la grabación en el despacho del ministro.

Las investigaciones realizadas por el comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, encargado de las pesquisas por orden del propio Fernández Díaz, no descartan que fuera De Alfonso quien introdujera un dispositivo para recoger el sonido durante los encuentros que mantuvo con el ministro el 2 y el 16 de octubre de 2014. Las primeras diligencias informativas ven como una posibilidad factible que fuera el exdirector de la Oficina Antifraude quien posteriormente entregara el audio -de cuatro horas de duración- a los policías de la unidad de inteligencia creada por Fernández Díaz para investigar al independentismo catalán, departamento que por aquel entonces estaba dirigido por el comisario Marcelino Martín Blas, en ese momento jefe de Asuntos Internos.

El presidente del Gobierno tiene a Francisco Martínez, a Ignacio Cosidó, o incluso al propio Fernández Díaz como aspirantes a coger las riendas del ministerio

Martín Blas, que en aquella época tenía buena relación con la cúpula policial, es actualmente el mayor enemigo del que hasta hace unos días era director adjunto operativo del cuerpo, Pino -número dos de la corporación únicamente por debajo de Cosidó-, quien pasó a jubilarse el pasado 23 de junio después de ser el comisario principal de confianza del ministro durante toda la legislatura.

El que fuera jefe de Asuntos Internos, de hecho, se enemistó con Pino a raíz de que éste último apoyara al comisario y agente encubierto José Manuel Villarejo en el marco del conflicto que ambos mantuvieron por el caso del pequeño Nicolás. Martín Blas sacó a la luz el nombre de Villarejo, que fue publicado abiertamente por los medios de comunicación, y esto provocó un conflicto sin precedentes entre ambos funcionarios que acabó con la destitución del responsable de la Unidad de Asuntos Internos.

El cese, sin embargo, no apaciguó al relevado, que fue enviado por la Dirección General a un puesto en el Consejo Asesor, auténtico cementerio de elefantes al que son destinados altos mandos del cuerpo para no molestar y cobrar un buen sueldo. El instructor del 'caso Nicolás', el magistrado Arturo Zamarriego, nombró a Martín Blas responsable de la comisión judicial que debía encargarse de investigar en el procedimiento. El juez incluso llegó a ordenar que el excomisario de Asuntos Internos únicamente reportara al juzgado. Descartó expresamente que Martín Blas informara a sus superiores del devenir de sus pesquisas.

Quién sabe si Rajoy optará por la renovación o por la continuidad y la convicción de que el tiempo también resolverá el escándalo y la guerra entre comisarios

En ese contexto, el jefe de la comisión judicial denunció ante Zamarriego que la cúpula policial estaba poniendo trabas a su investigación, lo que provocó un nuevo enfado del instructor, quien volvió a recordar que la Dirección General tenía la obligación de poner a disposición de Martín Blas todos los medios que este necesitara. Al amparo de esta protección judicial, el comisario pidió imputar a Villarejo, al propio Pino y a una docena de personas más en el marco de una pieza separada del 'caso Nicolás', la que investiga quién grabó la reunión que mantuvieron Martín Blas, el inspector Rubén López y dos agentes del CNI el 20 de octubre de 2014 -reunidos para abordar aspectos del asunto del joven impostor- que posteriormente fue publicada en los medios de comunicación 'Información Sensible' -vinculado a Villarejo- e 'Infolibre'.

La Fiscalía se opuso a ambas imputaciones, pero el juez Zamarriego citó a Villarejo -comisario también involucrado en casos como el del acoso que se autoimputan el empresario Javier López Madrid y la doctora Elisa Pinto o el ático de Ignacio González en Marbella- para que declarase por primera vez en calidad de investigado, cosa que hará el próximo 6 de julio. Sí ha hablado ya en sede judicial como testigo el propio Martín Blas, quien el pasado 29 de junio aseguró haber prestado su teléfono móvil a Pino para que le instalara una aplicación de seguridad, lo que insinuaba que pudo ser el director adjunto quien le instaló un 'software' malicioso que habría grabado el encuentro del 20 de octubre.

En este contexto de guerra interna, gran parte de la cúpula policial se ha jubilado estos días o está a punto de hacerlo. A Villarejo le queda apenas un mes; Pino, el pasado 23 de junio; el actual investigador de la grabación y posterior filtración de la conversación entre Fernández Díaz y De Alfonso, el comisario general de Policía Judicial Sánchez Aparicio, lo hará a finales de mes; y el comisario general de Extranjería, Emilio Baos, en septiembre.

A estas jubilaciones se suma el reciente traslado del que ha sido durante toda la legislatura jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) -responsable de investigar casos tan sensibles como Gürtel, Bárcenas, Pujol o la financiación de Podemos-, Manuel Vázquez, a la Jefatura Superior de Galicia. Su puesto, como el de los comisarios jubilados, queda vacante a la espera de que un nuevo ministro decida sustituirlo.

Con la intención de dar una sensación de normalidad, Interior sacó a concurso la plaza de director adjunto operativo, que debe ser ocupada por un comisario principal con título universitario. Entre los 14 aspirantes que se presentaron destacó el que fuera jefe de la UDEF antes que Vázquez, José Luis Olivera, ahora director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Olivera, que inició la investigación contra la trama Gürtel, es un hombre cercano a Fernández Díaz.

La buena sintonía entre ambos, de hecho, fue la que paralizó su nombramiento después de que saltara el escándalo de la conversación que mantuvo el todavía ministro con el exdirector de la Oficina Antifraude catalana hace dos años. Según fuentes policiales, estaba previsto designar a Olivera esa misma semana preelectoral, pero la polémica de la grabación impidió la elección, que aún hoy continúa en el aire previsiblemente a la espera de que Rajoy elija ministro. Por el momento, por lo tanto, es el director de recursos humanos de la Policía, Antonio Rodríguez, quien a falta de DAO hace cabeza en el cuerpo por debajo de Cosidó.

Desde el punto de vista estratégico, el gabinete de Fernández Díaz pretende seguir incidiendo en que el ministro ha sido víctima de una grabación ilegal. Este discurso impide abordar el núcleo del asunto, referente a las supuestas artimañas para fabricar casos de corrupción en Cataluña, y sitúa al responsable de Interior como damnificado. Pretende aprovechar el ministro también la nula repercusión que la polémica tuvo en las elecciones generales, en las que el PP superó las expectativas. Quién sabe, por lo tanto, a quién decidirá Rajoy poner al frente de Interior. Si optará por la renovación o por la continuidad y la convicción de que el tiempo también resolverá el escándalo y, por ende, la guerra entre comisarios.