El juez pide a Fomento que esclarezca cuánto defraudó Air Europa con los billetes

La Audiencia Nacional continúa investigando el caso de los billetes fraudulentos emitidos por Air Europa. Despacio pero sin pausa, el juez Eloy Velasco prosigue la instrucción de una causa que ha hecho tambalear al gigante español de los viajes. A finales de mayo, el magistrado solicitó al Ministerio de Fomento que aclarara la cantidad de dinero que habría defraudado el conglomerado Globalia -del que cuelgan la aerolínea y varias agencias de viajes- en la emisión de billetes a bajo precio cuya subvención el grupo luego reclamaba al Gobierno como si hubieran sido vendidos más caros.

El departamento dirigido por Ana Pastor ha remitido ya su informe al Juzgado Central número 6 con su veredicto. Fomento tenía el encargo de dilucidar si la cifra supuestamente defraudada estaba más cerca de la que apuntaba la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) -que actuaba por encargo de Air Europa- o era más aproximada a la que señalaba la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas que dirigió la Fiscalía de la Audiencia Nacional antes de interponer una querella. La conclusión del Ministerio, que ni para ti ni para mí.

Fomento ha concluido que la cantidad supuestamente defraudada por Air Europa, que por el momento no ha trascendido, se sitúa entre la que calculó PwC y la que estableció la UDEF. La cantidad se refiere exclusivamente a la presunta estafa denunciada por el Ministerio Público, que en su querella contra la aerolínea y su propietario, Juan José Hidalgo, aseguró que la compañía habría estado vendiendo miles de billetes a las islas (Canarias y Baleares), a Ceuta y a Melilla a bajo coste o gratuitos para luego informar al Ministerio de que su precio era superior y cobrar así la subvención que por ley reciben los residentes sobre esta última cifra.

Fomento ya exigió a Air Europa el reintegro de 13,5 millones de euros por este supuesto fraude -que la compañía denomina "error de interpretación" de la normativa- y por otro relativo a los acuerdos establecidos entre la aerolínea y clubes deportivos de las islas, prácticas ambas realizadas por el grupo Globalia desde 2009. El montante fue de inmediato abonado por la compañía, que saldaba así las cuentas con el Ministerio después de que la Dirección de Aviación Civil dedicara más de dos años a analizar billete por billete los boletos emitidos para viajar a las islas.

La investigación de la Audiencia Nacional se limita al asunto de las subvenciones, de ahí que la cantidad que ha establecido Fomento y que se sitúa entre la calculada por PwC y la señalada por la UDEF sea sustancialmente inferior a los mencionados 13,5 millones de euros. Aun así, Air Europa ya consignó voluntariamente, sin que se lo pidiera el juez, 21 millones de euros ante el Juzgado Central número 6 con el fin de demostrar su intención de colaborar con la justicia y en previsión de la cantidad que finalmente establezca la Audiencia Nacional como multa, que previsiblemente se situará en torno a la cifra arrojada por Fomento en el mencionado último informe.

Desde la compañía, de hecho, han asegurado en varias ocasiones que están colaborando desde el principio tanto en la investigación realizada por los peritos de Aviación Civil como en la dirigida por la Audiencia Nacional. Han insistido en que nunca ha habido mala fe por parte de Air Europa en la emisión de los billetes y que, como declaró el propio Hidalgo en sede judicial, la confusión radica en el citado "problema de interpretación" de la ley.

La investigación de este supuesto fraude se inició tras la denuncia interpuesta tanto ante Aviación Civil como en la Fiscalía en 2013 por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). La alerta puso en marcha tanto un procedimiento administrativo, que derivó en el análisis de más de seis millones de boletos por parte del Ministerio y en la mencionada solicitud de reingreso de 13,5 millones de euros, como en otro judicial, con las pesquisas de la Fiscalía que acabaron en la querella ante la Audiencia Nacional y en la posterior apertura de diligencias del juez Velasco. La CEAV ha solicitado posteriormente personarse en la causa abierta por el magistrado, aunque sin éxito, ya que el instructor pidió a la Confederación de Agencias de Viajes una fianza de 100.000 euros que la asociación está aún tratando de recopilar.

Fuentes jurídicas destacan que el Código Penal permite a los responsables de fraudes en las subvenciones ver reducido su castigo en uno o dos grados siempre que, antes de que transcurran dos meses desde que sean citados, reintegren la suma supuestamente defraudada más los correspondientes intereses de demora y reconozcan judicialmente los hechos. En ese caso, la pena prevista, de uno a cinco años de prisión, se quedaría en una horquilla de entre tres meses y un año, con lo que los acusados no entrarían en ningún caso en la cárcel. En este contexto, de hecho, fue en el que la aerolínea depositó los mencionados 21 millones. Por el momento, el juez mantiene imputados a la mercantil, a Hidalgo y al director comercial de Air Europa, Richard Clark, en el marco de esta causa.