hoy declara un periodista

El fiscal rechaza imputar a la cúpula policial en el marco de la guerra entre comisarios

El exjefe de Asuntos Internos había pedido tomar declaración como investigados tanto al número dos de la corporación, Eugenio Pino, como al agente encubierto José Villarejo

Foto: El ministro Jorge Fernández Díaz, junto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, a quien su compañero Marcelino Martín Blas ha pedido imputar. (EFE)
El ministro Jorge Fernández Díaz, junto al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, a quien su compañero Marcelino Martín Blas ha pedido imputar. (EFE)

El fiscal del caso Nicolás, Alfonso San Román, se ha opuesto a todas las diligencias solicitadas por el policía jefe de la investigación, el comisario principal Marcelino Martín Blas, que reclamó imputar a 13 personas en el marco de la pieza separada que trata de esclarecer quién grabó una reunión entre dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el propio Martín Blas y otro funcionario de la Policía el 20 de octubre de 2014, encuentro en el que los asistentes hablaron de la causa judicial y que posteriormente apareció en un medio de comunicación.

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El representante del Ministerio Público argumenta que la mayor parte de los razonamientos utilizados por el que fuera jefe de Asuntos Internos -actualmente responsable de la Comisión Judicial encargada de las diligencias del caso Nicolás- para pedir las 13 imputaciones responden a meras "hipótesis" o están basados en conclusiones sin peso suficiente. En concreto, San Román arguye que el escrito de Martín Blas se apoya en elementos ajenos al objeto de la investigación, como la supuesta "connivencia" entre el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y el comisario José Villarejo -agente encubierto-, contra los que el jefe de las pesquisas pretende actuar. "Desborda el ámbito de esta causa judicial, que se limita a la investigación de un delito de descubrimiento y revelación de secretos" derivado de la grabación de la mencionada reunión y su posterior publicación.

Asimismo, el fiscal critica que Martín Blas no ha aportado los documentos que apoyarían las diligencias solicitadas. "Todo (...) parte de la premisa de que se subsanará este error próximamente" y queda a expensas de que "pueda documentarse adecuadamente", explica el representante del Ministerio Público, que rechaza también como indicio para ordenar las imputaciones el cruce de llamadas entre los afectados, ya que este elemento "no tiene valor para inferir el contenido de las conversaciones" de sus protagonistas.

El comisario José Manuel Villarejo. (EFE)
El comisario José Manuel Villarejo. (EFE)

San Román se opone a investigar a Villarejo porque los argumentos que ofrece Martín Blas para hacerlo se apoyan en datos no contrastados. Según el ex-responsable de Asuntos Internos, el periodista que publica por primera vez el mencionado encuentro entre dos agentes del CNI y dos de la Policía, Carlos Mier, trabaja en el diario digital 'Información Sensible', vinculado a Villarejo. Para el fiscal, sin embargo, no está suficientemente acreditada la relación entre este medio de comunicación y el agente encubierto.

"Se desconoce si la vinculación societaria entre 'Información Sensible' y la pareja sentimental de Villarejo -apuntada por Martín Blas- se sustentan en documentación fiable, pues no se ha aportado todavía", asegura el representante del Ministerio Público, que critica que el investigador haya utilizado Google en lugar de los registros oficiales para tratar de demostrar la relación mercantil. Este análisis empresarial, insiste, "debería haber accedido a la causa como investigacion judicial y no como una investigación interna de la Policía".

El fiscal entiende que tampoco es "procedente" imputar al resto de funcionarios que reclamó Martín Blas -entre ellos, Pino y otros responsables policiales-, porque "su participación en los hechos objeto de esta causa no ha quedado acreditada desde el momento en que desconocemos el método por el que se produjo la grabación". En relación con los periodistas que el comisario principal pide investigar (media docena de profesionales de diferentes medios), el representante del Ministerio Público no lo tiene tan claro. Asegura en un principio que su actuación "se podría ver amparada por el derecho a la información", pero matiza que sería conveniente estudiar caso por caso, ya que "la difusión de una grabación ilícita sobre una reunión oficial secreta puede constituir un delito de revelación de secretos".

De hecho, San Román sí considera procedente que declare como investigado el periodista Carlos Mier, único para el que ha dado el visto bueno y que comparecerá hoy mismo en el Juzgado número 2 de Madrid, después de que fuera citado por el magistrado Arturo Zamarriego. El fiscal considera que el empleado de 'Información Sensible' participó presuntamente tanto en la producción como en la difusión de la grabación ilícita.

Según el escrito de Martín Blas, el encuentro entre los dos agentes del CNI y los dos policías fue grabado a través del teléfono del propio comisario principal, que fue 'hackeado' para transmitir el sonido ambiente tras ser activado por control remoto. El tráfico de llamadas entre ambos terminales confirma, según el informe del exjefe de Asuntos Internos, que la llamada en cuestión se produjo justo cuando se estaba celebrando la reunión. "La grabación ilegal ha sido realizada mediante la llamada que Carlos Mier realiza al teléfono corporativo de Martín Blas", subraya Martín Blas, que recalca que la transmisión se efectuó sin su consentimiento.

El pequeño Nicolás atiende a los medios a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. (EFE)
El pequeño Nicolás atiende a los medios a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. (EFE)

A pesar de aceptar la imputación del periodista, el fiscal critica, sin embargo, que aún no hayan declarado los dos policías que participaron en el encuentro. Argumenta que "habría sido esclarecedor preguntarles si la transcripción de la grabación coincide con la conversación que se mantuvo". En los informes policiales se da por supuesto, pero "no es el medio procedente por el que las informaciones de los testigos deben acceder a la causa judicial", sobre todo cuando los testigos coinciden con los encargados de investigar los hechos. En ese interrogatorio, continúa el fiscal, también se le podría haber preguntado a Martín Blas si prestó el teléfono a alguien antes de la reunión, ya que es necesario estar en posesión del terminal para instalarle aplicaciones dañinas o de espionaje.

San Román matiza también que, en cualquier caso, por ahora ni siquiera ha quedado acreditado el sistema utilizado para captar el sonido de la conversación. Los informes periciales elaborados por el Centro Criptológico Nacional, asegura, "no permiten establecer con certeza el método informático por el cual se realizó la grabación". Admite que los iPhone 4 son vulnerables y que se les puede instalar una aplicación dañina para manejarlos vía control remoto, pero que esta solo se puede implementar mediante la conexión del terminal con un ordenador con un cable USB.

Recuerda que en el teléfono no se han encontrado aplicaciones dañinas y que esto puede deberse a que fueron posteriormente borradas -también mediante la implantación de un 'software' malicioso- o a que nunca estuvieron instaladas. "Cualquiera de las dos opciones es posible", recalca el fiscal, que considera que no puede acreditar con los datos actuales que la grabación haya sido realizada mediante la llamada del periodista al policía. "Esta conclusión -arrojada por Martín Blas- no se asienta en ninguna prueba informática", afirma el Ministerio Público.

Aunque no haya pruebas que incriminen a Carlos Mier, continúa, dos hechos le señalan como "posible autor de la grabación": la existencia de la llamada de 13 minutos entre dos personas que no se conocían -el periodista y Martín Blas- justo cuando se celebraba la reunión secreta, por un lado, y los artículos publicados en el citado diario digital el 22 de octubre (dos días después de la reunión) y el 22 de noviembre (un mes más tarde).

Por último, el fiscal también rechaza los registros y la intervención de los dispositivos electrónicos que solicita Martín Blas porque "ha transcurrido más de año y medio desde que se produjo la supuesta grabación" y la ley impide la cesión de datos un año después de la comunicación. Además, argumenta que "no está justificada" esta intromisión en el secreto de las comunicaciones y que "las posibilidades" de que las personas guarden en sus móviles u ordenadores "vestigios (...) son altamente improbables".

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