debe ser ratificado en junta extraordinaria

Acuerdo entre el Barça y fiscal por los delitos tributarios del fichaje de Neymar

El pacto, que debe ser aprobado hoy por la junta directiva del club, exonera a Bartomeu y Rosell a cambio de una multa de 5 millones de euros. El jugador sigue imputado por estafa y corrupción

Foto: Neymar a su llegada a los juzgados el pasado 2 de febrero (Gtres)
Neymar a su llegada a los juzgados el pasado 2 de febrero (Gtres)

El primer escollo que el fichaje de Neymar ha causado al FC Barcelona, la imputación de dos de sus presidentes -el actual, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Sandro Rosell- y del propio club por varios delitos fiscales, está a punto de salvarse. La junta directiva del club catalán se reunirá de forma extraordinaria a partir de las dos de la tarde de hoy para decidir si aprueba el pacto alcanzado por los abogados de los acusados, el fiscal y la abogacía del Estado. Ese acuerdo, todavía por ratificar, implica exonerar a ambos directivos a cambio del pago de una multa por parte de la entidad de 5 millones de euros. El FC Barcelona como persona jurídica sería el único acusado que cargaría con toda la responsabilidad.

Acuerdo entre el Barça y fiscal por los delitos tributarios del fichaje de Neymar

El fiscal solicitaba dos años y tres meses de prisión y 3,8 millones de multa para Bartomeu y más de siete años de cárcel para Rosell además del pago de 25,15 millones. El club también estaba acusado como pesona jurídica y el ministerio público solicitaba para él el pago de una sanción económica de 22,2 milllones. Entre multas e indemnizaciones, los dos directivos acusados y el club tendrían que haber hecho frente a pagos de más de 62 millones de euros. Si la junta directiva aprueba el pacto sería el club el que quedaría como único responsable, aunque con una pena muy inferior a la inicialmente solicitada. Esos 22 millones largos se quedarían en cinco.

El acuerdo circunscribe las responsabilidades penales de la entidad a los ejercicios de 2011 y 2013, pero el club, además, se obliga a pagar las cantidades presuntamente defraudadas en 2014 conforme al criterio que establezca la Agencia Tributaria. Es decir, que el Barcelona no podrá recurrir ante los tribunales de lo contencioso-administrativo la cuota que le reclame Hacienda sobre la deuda tributaria que los contratos de Neymar y las retenciones de IRPF correspondientes al jugador presuntamente impagadas generaron en ese ejercicio. En septiembre de 2014, el Barcelona presentó una declaración complementaria en la que abonó algo más de 13 millones de euros.

Foto de archivo del fichaje de Neymar. (Reuters)
Foto de archivo del fichaje de Neymar. (Reuters)

El caso se abrió en 2013 gracias a la denuncia de Jordi Cases, uno de los socios del club catalán. La investigación se centró en los contratos firmados por Bartomeu y Rosell con la estrella brasileña que permitió presentarlo ante la afición azulgrana por un coste muy inferior al real. Hacienda, en los informes que se le solicitaron, aseguró que el fraude fiscal ascendía a 13 millones de euros en los ejercicios de 2011 y 2013. El Barça aseguró tras el fichaje que Neymar había costado 57 millones de euros, pero el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que correspondió la investigación antes de que se inhibiera a favor de los juzgados de Barcelona, cifró el coste del jugador en 83,3.

El acuerdo, sin embargo, no acaba con el segundo caso abierto por el fichaje del jugador que se sigue investigando en la Audiencia Nacional. Esta misma semana, la fiscalía de ese tribunal ha solicitado que se juzgue a Neymar, su padre y el expresidente Rosell por un delito de estafa y otro de corrupción entre particulares por el presunto engaño al fondo brasileño Dis Esportes, el que era propietario de un 40% de los derechos federativos del delantero brasileño mientras formaba parte del Santos. El expresidente de este club, Odilio Rodrigues, también está entre los imputados, así como ambos clubes.

Según el fiscal José Perals, Neymar y el Barcelona firmaron una serie de precontratos para asegurarse su fichaje "alterando de esa manera el libre mercado de fichajes de futbolistas y perjudicando al fondo DIS". Este último "se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso", aseguró en su escrito. Gracias a esa estrategia de los acusados, Dis Esporte cobró 3,2 millones menos de lo que le correspondía.

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