el juez ya envió a prisión a un político por hechos similares

Por qué el presidente de Murcia tiene un problema (y no es la Guardia Civil)

Pedro Antonio Sánchez se ha defendido asegurando que no firmó ni pagó nada a Púnica, pero el Código Penal contempla la persecución de los contactos que mantuvo con la trama

Foto: El presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. (EFE)
El presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. (EFE)

Pedro Antonio Sánchez López (consejero de Educación de la Región de Murcia en aquellos momentos y actual presidente de la Región de Murcia) habría incurrido en supuesto delito de fraude en materia de contratación pública, en relación a los supuestos trabajos reputacionales, los cuales serían sufragados indiciariamente con fondos públicos en el marco de un eventual contrato en materia de 'formación'”.

Se trata de un solo párrafo del informe de 64 páginas que envió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado 13 de mayo sobre las “supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Consejería de Educación de la Región de Murcia” en el caso Púnica, pero el eco de esas líneas ha retumbado con fuerza esta semana y amenaza con laminar al PP en uno de sus pocos feudos históricos en los que aún saborea el tacto de la moqueta.

El futuro del principal afectado por el informe, el presidente del Ejecutivo murciano, que gobierna en minoría con el apoyo de Ciudadanos, depende ahora de lo que dictamine el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco. Los antecedentes no le son favorables. El documento aporta pruebas de que Pedro Antonio Sánchez y un colaborador se habrían reunido en al menos tres ocasiones con representantes de compañías investigadas en Púnica para que mejoraran su reputación e imagen en internet y redes sociales en plena disputa interna del PP regional para liderar las listas de la formación en las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Según el informe, la última cita de Sánchez con los empresarios se produjo el 24 de octubre, apenas tres días antes de que se desencadenara la operación Púnica. Los servicios se iban a pagar supuestamente con fondos públicos, aunque a juicio de los investigadores, solo el actual presidente murciano se iba a beneficiar de esos trabajos.

La UCO aporta correos y declaraciones para concluir que el acuerdo estaba cerrado y que se frustró porque una filtración obligó a adelantar las detenciones

La UCO aporta correos electrónicos, conversaciones telefónicas y declaraciones de testigos para concluir que el acuerdo estaba cerrado y que sólo se frustró porque una filtración obligó a los investigadores a adelantar las detenciones. Sin embargo, Sánchez calificó las conclusiones del informe policial de “conjeturas” y se agarró a que “nunca se había pagado ni un euro” a las empresas que iban a encargarse de su reputación personal. “Podemos afirmar con rotundidad y claridad que jamás ni se ha contratado, encargado ni ha habido un acuerdo ni un encargo de trabajo, y esa tranquilidad le tiene que quedar a todo el mundo”, insistió Sánchez.

El presidente de Murcia encontró el respaldo de un compañero de partido y no era uno cualquiera. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se olvidó de su función representante de las Fuerzas de Seguridad, también de los investigadores de la Guardia Civil encargados del caso Púnica, para arremeter contra el informe de la UCO en una entrevista en RNE. Aseguró que estaba “lleno de presuntos, de eventuales y de posibles”. “El informe de la Guardia Civil no acusa de eso [contratar con Púnica], dice que se pudo haber producido una concertación que hubiera podido tener como objetivo eso, pero en todo caso, reconoce que no se llevó a cabo”, remachó el ministro, antes de defender de nuevo a su colega de partido.

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. (EFE)
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. (EFE)

Pero Sánchez y el propio Fernández Díaz olvidan o desprecian que, para imputar un posible delito de fraude en la contratación pública, recogido por el artículo 436 del Código Penal, no es imprescindible que se hubiera firmado el acuerdo ni tampoco que se produjera la adjudicación o el pago de la reputación 'online'. En 2013, una sentencia del Tribunal Supremo sobre uno de los casos de corrupción por los que se ha sentado en el banquillo otro exdirigente del PP, el expresidente de Islas Baleares Jaume Matas, recordó que para imputar un fraude en la contratación pública “no se requiere que efectivamente se produzca el perjuicio para la administración, basta el concierto, acto preparatorio de la estafa a la administración”. El enunciado es tajante.

Una fuente jurídica autorizada avala a este diario la conclusión a la que llegó la UCO. Basta con que concurran elementos objetivos que demuestren que ya se habían adoptado pasos dirigidos a la consumación del presunto fraude. Las pruebas serían en este caso las tres reuniones preparatorias, las comunicaciones intervenidas y diversa documentación localizada en los registros.

El magistrado Eloy Velasco. (EFE)
El magistrado Eloy Velasco. (EFE)

Ni siquiera es necesario abandonar el caso Púnica para comprobar que el presidente de la Región estará durante las próximas semanas más pendiente de su procurador que de clavar bien la sombrilla en la playa. El mismo juez que tiene ahora que decidir sobre los indicios señalados por la UCO ya envió a prisión provisional a los tres días de que estallara el escándalo al entonces presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, por hechos casi idénticos. Velasco lo mandó a la cárcel tras concluir que “había puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas” de la trama Púnica. La adjudicación no se llegó a producir pero el juez le imputó fraude en contratación pública, el mismo delito al que se expone el presidente de Murcia. Martínez no salió de prisión hasta dos meses y medio después, tras abonar una fianza de 30.000 euros, y sigue imputado en la causa.

Fuentes próximas al caso aseguran que las palabras del presidente de Murcia y del ministro del Interior han generado un enorme malestar entre los investigadores de la Guardia Civil, que no entienden sus críticas y están sorprendidos por su desconocimiento del Código Penal. Recuerdan, además, que su labor consiste en evaluar las “posibles responsabilidades penales” que se derivan de los hechos que son objeto de cada procedimiento. La decisión sobre el futuro del jefe del Ejecutivo murciano solo corresponde al juez Velasco, que puede recabar las consideraciones del Ministerio Público antes de pronunciarse. La extraña filtración del informe 24 horas antes de que se entregara a las partes habría contribuido a interpretar erróneamente las conclusiones de la UCO como si fueran definitivas, consideran estas mismas fuentes.

Velasco podría obviar los hallazgos de la Guardia Civil y no adoptar ningún tipo de medida contra Pedro Antonio Sánchez. Pero, por los antecedentes del magistrado en esta misma causa, el dirigente del PP está más cerca de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se pronuncie sobre su relación Púnica que de dejar pasar esta semana como una anécdota en su carrera política.

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