¿Cuánto dinero tiene el pequeño Nicolás? Tribunales, Fiscalía y CNI aún no lo saben

La justicia no tiene claro cuánto dinero posee el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás e investigado por dos juzgados distintos por fingir ser asesor del Gobierno e injuriar públicamente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sin embargo, necesita conocer su situación económica para imponerle una sanción adecuada a su nivel adquisitivo, como exige el Código Penal, si finalmente establece que el chico es culpable del último delito mencionado.

La acusación afectada -el CNI-, representada por la Abogacía del Estado, ya ha reclamado 180.000 euros -la cuota máxima que permite la ley: 400 euros diarios- al entender que el supuesto impostor ha ingresado grandes sumas de dinero durante los últimos meses fruto de sus apariciones televisivas. En concreto, según publicó la revista 'Lecturas', el joven se embolsó 4.000 euros diarios durante el tiempo que pasó en la casa del popular programa 'Gran Hermano VIP'.

La Fiscalía, sin embargo, ha optado por ser prudente en este terreno y ha rebajado sustancialmente el importe de la sanción respecto al que reclama la Abogacía del Estado. En concreto, ha reclamado 5.400 euros de multa. Entiende, al igual que el CNI, que el acusado incurrió en un delito de calumnias al centro de inteligencia gubernamental con el agravante de que estas se vertieron, a través de entrevistas, en dos medios de comunicación: el espacio televisivo 'Un tiempo nuevo' que emitía Telecinco y el diario 'El Mundo'.

Sin embargo, reduce la sanción a la citada cantidad -que resulta de imponer una de las cuotas más bajas (12 euros diarios, por los 4.000 que había solicitado la Abogacía)- a la espera de que el juzgado autorice una investigación sobre el patrimonio del joven.

Los ingresos difundidos por 'Lecturas' no son oficiales ni tienen su origen en una investigación judicial, por lo que la petición del Ministerio Público tiene toda la lógica, máxime cuando el punto 5 del artículo 50 del Código Penal establece que el juez "fijará en la sentencia el importe de la cuota, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo", extremo que difícilmente puede averiguarse sin la citada indagación ordenada por la autoridad judicial.

El Juzgado 43, que instruye la causa de las injurias al CNI en que las acusaciones solicitan las mencionadas multas, aún no se ha pronunciado respecto a la reclamación de la Fiscalía, que pidió expresamente "investigar en pieza separada la situación económica del acusado al efecto de la graduación de la pena por aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal".

La cuenta corriente de Gómez Iglesias no está siendo valorada solo en este proceso judicial. También en el que sigue el Juzgado número 2 de Madrid -que indaga la usurpación de identidad y la falsedad documental del joven al hacerse pasar por asesor de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría- ha salido a relucir el bolsillo del joven.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado 12 de mayo al instructor de esta última causa, Arturo Zamarriego, devolver el pasaporte al pequeño Nicolás y levantarle la prohibición de abandonar el territorio nacional, impuesta por el juez el 17 de octubre de 2014. La Sección Primera del alto tribunal acordó esta medida dada "la escasa capacidad económica" del joven, entre otros argumentos. Daba por hecho la sala, por lo tanto, que Gómez Iglesias carece de ingresos suficientes como para huir del país con facilidad apoyándose exclusivamente en sus recursos propios.

Uno de sus abogados, Israel Paz, asegura a El Confidencial que su cliente abona puntualmente sus honorarios, cosa que no siempre ha estado tan clara. El 2 de febrero del año pasado, Paz y Víctor Sunkel -su otro abogado- presentaron un escrito en el que renunciaban a defender al joven; 11 días después, ambos remitieron una nueva comunicación al instructor en la que revocaban el primer escrito y retomaban así la dirección letrada del acusado. Según asegura Paz hoy, Gómez Iglesias nunca les ha dejado de pagar y en ningún momento ha cesado su trabajo en defensa del chico.