Otro varapalo a Manos Limpias: el juez Toro archiva el amaño de contratos de Rubalcaba

El titular del juzgado de instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro, ha decidido archivar de nuevo el conocido como caso Interligare, que investigaba una presunta trama de amaño de contratos públicos dirigida supuestamente por el Ministerio del Interior cuando estaba al frente Alfredo Pérez Rubalcaba. La decisión del magistrado se produce después de rechazar la inmensa mayoría de pesquisas propuestas por Manos Limpias, que estaba personado como acusación particular en el proceso judicial.

El juez había reabierto la causa tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 30 de diciembre que ordenó seguir practicando diligencias. El magistrado trasladó a las partes -Manos Limpias y Fiscalía Anticorrupción- la reapertura decretada por el alto tribunal, pero tan solo el sindicato de funcionarios solicitó una serie de pesquisas (el Ministerio Público no reclamó nada). En concreto, la acusación particular pidió que el instructor citara a declarar como imputados al exdirector general de Infraestructuras del Ministerio, Luis Luengo, a su hijo David, que trabajó en Interligare, a los excomisarios Gabriel Fuentes y Miguel Ángel Fernández Rancaño, que asesoraron a la mercantil tras abandonar el cuerpo, y a varios directivos de la sociedad.

Manos Limpias también reclamó que el magistrado escuchara como testigos al exjuez Baltasar Garzón, que encargó un informe a Interligare sobre la memoria histórica, y a varios policías, así como que el juzgado demandara al Ministerio de Justicia, al de Interior y al de Ciencia e Industria más documentación sobre los concursos que todos estos departamentos cerraron con Interligare.

El titular del juzgado 36, sin embargo, rechazó la práctica de todas estas declaraciones por entender que eran "inútiles e intrascendentes". "Las diligencias interesadas tan solo pueden conducir a una dilación indebida del procedimiento", sentenció el juez Toro, que únicamente admitió la entrega de una serie de copias de las actuaciones que también había demandado Manos Limpias.

El instructor considera que las diligencias solicitadas por la acusación son inútiles e intrascendentes y únicamente llevan a la dilación del procedimiento

Pocos días después de rechazar estas diligencias, el instructor sobreseyó provisionalmente el caso, decisión que tomaba por segunda vez: la primera tuvo lugar en junio de 2014. La sección tercera de la Audiencia Provincial había ordenado la reapertura de la investigación al entender que el juez Toro debía solicitar al Ministerio del Interior una serie de expedientes de contratación firmados entre la Dirección General de Infraestructuras y la mercantil tecnológica en 2007 y 2008, documentación que según el magistrado estaría ya incorporada a la causa.

La decisión de Toro supone un nuevo varapalo judicial para Manos Limpias, que no para de acumular problemas en los procedimientos en los que está personado el sindicato. Las detenciones del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y del secretario general del colectivo de funcionarios, Miguel Bernard, provocaron una cadena de terremotos de diferente magnitud en los procesos judiciales en los que este sindicato se encontraba personado. Desde el caso Nóos hasta el proceso contra Miguel Blesa por las retribuciones de Caja Madrid pasando por la investigación sobre el patrimonio de los Pujol.

El caso Interligare, por lo tanto, vuelve a archivarse a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción o Manos Limpias interpongan de nuevo recurso, extremo que aún está por ver. El Ministerio Público no había solicitado diligencias antes de este último sobreseimiento y la situación del sindicato de funcionarios no pasa por su mejor momento.

Una inacción de ambas acusaciones llevaría, por consiguiente, a cerrar definitivamente este asunto. Al menos el grueso del mismo, que únicamente mantiene una derivada abierta en relación a dos delitos -alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública- cometidos supuestamente por propietarios y directivos de la compañía pero no vinculados con el supuesto amaño de contratos públicos.

La parte que se cierra hace referencia a la concesión de estos contratos de modo presuntamente irregular por parte de altos funcionarios del Ministerio del Interior que dirigía Rubalcaba. El juez Toro considera al archivar, por lo tanto, que no existen pruebas que demuestren la existencia de cohecho ni de tráfico de influencias, que eran los delitos que Anticorrupción imputaba a los acusados.