La guardería que pide clemencia a Iberdrola

En las manos de Iberdrola está apretar las tuercas o tener clemencia con un pequeño ayuntamiento que no dudó en aplicar las astucias de un poblado chabolista. Durante más de dos años, la guardería municipal de Cazalegas (Toledo) calentó biberones gracias a un enganche ilegal a la red eléctrica, y todo por presunta instrucción expresa del anterior alcalde, Amando Blanco (IU). Ahora, la compañía exige 15.033,05 euros al consistorio si quiere que los niños del pueblo sigan teniendo luz para jugar y comer en condiciones. Una cifra que el actual alcalde, Francisco Javier Blanco (PP), considera “totalmente exagerada” y que pone en riesgo la estabilidad económica de este municipio de 1.832 habitantes.

"Cuando aparecía el técnico de Iberdrola y nos cortaba la luz siempre llamaba al alcalde. Me decía que no me preocupase, que ahora mismo lo solucionaba"

La guardería de la discordia se encuentra a la entrada de Cazalegas, junto al cementerio y las pistas deportivas. “Nos cortaron la luz como ocho o nueve veces”, recuerda el responsable, que suplica no revelar su nombre. “Cuando yo veía que aparecía el técnico de Iberdrola y se nos iba la luz, siempre hacía lo mismo: llamaba al alcalde. Este me decía que no me preocupase, que ahora mismo lo solucionaba. Y así era, venía el electricista del Ayuntamiento y en poco rato volvíamos a tener electricidad. Solo llegamos a estar unos pocos días seguidos sin luz, pero por suerte hizo buen tiempo y los niños no pasaron frío”. Mientras el director relata esta historia rocambolesca, 10 niños corretean por el patio. Hoy, la guardería no ‘chupa’ electricidad como si fuera una chabola. Lo hace legalmente mediante un empalme temporal con las instalaciones deportivas, ubicadas a 100 metros de distancia.

El juego del gato y el ratón entre el Ayuntamiento e Iberdrola se prolongó entre septiembre de 2013, fecha en que la compañía detectó el enganche ilegal y cortó el suministro por primera vez, y el 3 de noviembre de 2015, día en que el nuevo alcalde recibió la llamada del director de la guardería. “Me llamó y yo no entendía nada, supuse que habían cortado la electricidad por error. Así que llamé a Iberdrola y les conté el problema. Y ahí fue cuando me explicaron que esto venía de largo y que me iban a enviar un documento detallando todas las inspecciones realizadas y los importes atrasados para poder regularizar el contrato de luz. No me lo podía creer”, explica el actual alcalde.

"Nosotros estamos dispuestos a pagar, pero discrepamos de la cantidad que nos reclama la compañía", se queja el alcalde de Cazalegas

Blanco insiste en destacar su “inocencia” y “buena fe” para solventar una cicatería municipal que roza el esperpento, y señala al anterior alcalde como el responsable de lo que considera “una vergüenza para el municipio”. “No he hablado personalmente con él del asunto, pero cuando expusimos en el último pleno que le debemos 15.033,05 euros a Iberdrola por culpa de este enganche ilegal, el exalcalde se hizo el sorprendido y no dijo nada”, cuenta Blanco. El grupo municipal de Izquierda Unida tampoco ha querido hacer comentarios a este periódico.

“Nosotros estamos dispuestos a pagar, pero discrepamos de la cantidad que nos reclama Iberdrola”, explica Ana Belén Martín, teniente de alcalde. En efecto, ahora el problema al que se enfrenta Cazalegas es cómo hacer frente a este pufo sin perjudicar las arcas de un pueblo cuya economía, como la del resto de municipios rurales, vive en el alambre. “Hemos presentado una reclamación con varios argumentos, entre los cuales hay una comparativa con el consumo eléctrico de la casa consistorial. Con un uso mucho más intensivo que la guardería, nos sale que el Ayuntamiento gastó 7.800 euros en el mismo período que nos reclaman", continúa la concejal.

"Si nos obligan a pagar esa cantidad, tendremos que aplazar obras urgentes para el pueblo y dejar de contratar a una o dos personas"

Iberdrola, en su factura, especifica que se trata de una ‘liquidación de consumo de energía sin contrato’, es decir que se intuye un redondeo al alza en las mediciones. Y ahí radica el dilema ético para la multinacional: ¿debe perdonar la sanción, o al menos rebajar el importe, considerando que es una guardería municipal lo que hay en juego? “Nos hemos reunido con ellos y están abiertos a dialogar, pero en ningún momento se han mostrado dispuestos a rebajar el importe”, adelanta el alcalde, quien advierte: “Si al final nos obligan a pagar los 15.000 euros para mantener la guardería abierta lo tendremos que asumir, pero eso supondrá tener que aplazar obras urgentes para el pueblo, como es la construcción de un tanque de tormenta para controlar las aguas residuales, y dejar de contratar a una o dos personas para tareas de mantenimiento y limpieza”. Cazalejas dispone de un presupuesto anual de algo menos de un millón de euros.

Consultada por este periódico, la multinacional española confirma "cuatro cortes de suministro" en la guardería municipal de Cazalegas y adelanta que, mal que le pese, el ayuntamiento tendrá que abonar los 15.033,05 euros: "Vamos a ofrecer todas las facilidades de pago, fraccionando las cantidades o compensando por otras vías, pero el importe no se puede negociar". La compañía alega en su descargo que solamente exige los consumos atrasados, ya que la manipulación de contadores eléctricos "es un fraude recogido en el Código Penal que, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, puede constituir delito, con las responsabilidades que eso conlleva". Como respuesta, Blanco le afea a Iberdrola haber esperado más de dos años para abordar este asunto. "Lo lógico hubiera sido avisar al ayuntamiento en cuanto detectó el primer enganche ilegal, y no dejar que la guardería siguiera consumiendo luz hasta llegar al día de hoy y venirnos con esta factura tremenda. Nos están cargando por 24 horas de consumo diario, cuando la guardería no está abierta más de seis".

Mientras, los vecinos de Cazalegas viven ajenos al agujero que les aguarda para el próximo año. Todos tuercen el gesto entre sorprendidos e indignados cuando se les explica el caso, si bien los bochornos del anterior equipo de gobierno no son precisamente una novedad. En octubre de 2015, el exalcalde Amando Blanco fue condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un caso de prevaricación, ya que anuló expresamente 17 multas de tráfico a familiares y amigos, monto que asciende a 2.200 euros. El ex alcalde recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial y mantiene su puesto de concejal hasta que el organismo emita su veredicto.