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La suspensión de Manos Limpias y Ausbanc, pendiente del contenido de los registros
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La suspensión de Manos Limpias y Ausbanc, pendiente del contenido de los registros

El Ministerio Público solicita comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte para los responsables jurídico, publicitario y de comunicación de la asociación de Luis Pineda

Foto: Sede del sindicato Manos Limpias en Madrid. (EFE)
Sede del sindicato Manos Limpias en Madrid. (EFE)

La investigación sobre los chantajes y extorsiones a bancos y a acusados -entre ellos, la infanta Cristina- por la asociación Ausbanc y el sindicato de funcionarios Manos Limpias se ciñe a sus dos máximos responsables encarcelados -Luis Pineda y Miguel Bernad- y al resto de directivos investigados, porque hasta el momento no existen indicios para tomar medidas contra esos dos colectivos en sí mismos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional esperará a recibir los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía, sobre los registros efectuados en la operación Nelson, para decidir si pide al juez Santiago Pedraz la imputación y suspensión de actividades de ambos organismos.

Los efectos de que los agentes se incautaron durante las entradas a los domicilios de los detenidos y de sus asociaciones son determinantes para comprobar si existen indicios de que esas organizaciones estén implicadas en los delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones que se imputan a Pineda, Bernad y al resto de investigados. En caso de que se impute como personas jurídicas a Ausbanc y Manos Limpias, la única medida cautelar que cabría aplicar contra ellas es la suspensión de actividades, adoptada en numerosas ocasiones por la Audiencia Nacional en casos de terrorismo.

La operación Nelson, puesta en marcha el pasado 15 de abril, incluyó, además de las detenciones, el registro de seis inmuebles. Se trata de la sede de Manos Limpias en la madrileña calle Ferraz, la de Ausbanc en la calle Altamirano de la misma ciudad, la oficina de Cálculo Empresarial y los domicilios particulares de Miguel Bernad y Luis Pineda.

Esta mañana, el juez Pedraz ha tomado declaración a tres nuevos imputados en la causa. Se trata de la responsable de los servicios jurídicos de Ausbanc, María Manuela Mateos; de Isabel Medrano, miembro del departamento de publicidad de esa misma asociación, y de Luis Suárez, del equipo de comunicación. Los tres han descargado toda la responsabilidad sobre el presidente del colectivo, Luis Pineda, en prisión desde el pasado 18 de abril. Tras su comparecencia, el fiscal del caso, Daniel Campos, ha solicitado como medidas cautelares la comparecencia de todos ellos cada 15 días en el juzgado, la retirada de sus pasaportes y la prohibición de abandonar el territorio nacional. El juez no tomará una decisión al respecto hasta el próximo jueves, cuando termine de tomar declaración a todos los investigados.

El auto por el que Pedraz envió a prisión a Bernad y Pineda el pasado 18 de abril relataba las extorsiones realizadas por ambos contra la infanta Cristina para retirar la acusación contra ella en el caso Nóos a cambio de tres millones de euros. La resolución también recogía otros episodios similiares con otros bancos, como Unicaja o el Sabadell. La entidad malagueña pagó un millón de euros a Ausbanc para que Manos Limpias retirara la acusación contra su presidente, Braulio Medel. Pineda pasó de pedir la dimisión de Medel a dar por buenas sus explicaciones en cuatro meses. Extorsionador y extorsionado pactaron hasta la declaración judicial del banquero, según la investigación.

La investigación sobre los chantajes y extorsiones a bancos y a acusados -entre ellos, la infanta Cristina- por la asociación Ausbanc y el sindicato de funcionarios Manos Limpias se ciñe a sus dos máximos responsables encarcelados -Luis Pineda y Miguel Bernad- y al resto de directivos investigados, porque hasta el momento no existen indicios para tomar medidas contra esos dos colectivos en sí mismos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional esperará a recibir los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía, sobre los registros efectuados en la operación Nelson, para decidir si pide al juez Santiago Pedraz la imputación y suspensión de actividades de ambos organismos.

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