La Fiscalía se desmarca de la detención del alcalde de Granada: la Policía fue "intrusiva"

La Fiscalía no quería detener al alcalde, José Torres Hurtado, ni registrar su domicilio. Así lo ha expresado el propio Ministerio Público en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, en la que asegura que la detención del regidor granadino se produjo a iniciativa de la Policía y sin el permiso de la titular del Juzgado número 2, María de los Ángeles Jiménez, instructora de las diligencias 201/2016.

"Las detenciones se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma", señala la Fiscalía en el mencionado comunicado, que adelanta también que las dos querellas que presentó el Ministerio Público y que dieron origen a la investigación fueron una relativa a la "alteración y modificación fraudulenta" del concurso de un polideportivo y otra referente a la construcción de 300 viviendas.

La Fiscalía hace públicas de este modo las diferencias entre este órgano y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en cuanto a las medidas a tomar durante los registros. El Ministerio Público no comparte la actuación policial, porque considera que fue excesiva e innecesaria y que no respetó los derechos del investigado.

"La Fiscalía ha informado favorablemente la práctica de todas las diligencias solicitadas por el cuerpo policial, salvo la relativa a la detención y la entrada y registro en el domicilio particular del alcalde de Granada, al considerar que el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales, y ello sin perjuicio de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos", ha argumentado el Ministerio Público.

El alcalde, la concejala de Urbanismo y los otros 14 investigados fueron detenidos temporalmente durante la mañana del miércoles mientras duraban los registros del consistorio, de los domicilios de los imputados y de las sedes de las empresas vinculadas con la trama. Tras tomarles declaración, la Policía dejó en libertad con cargos a todos los arrestados. El PP suspendió de militancia al regidor después de tener conocimiento de la operación, y este último se negó a dimitir.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que inició la investigación a la trama de corrupción inmobiliaria de Granada, en coordinación con el Juzgado número 2 de la ciudad, dirige unas pesquisas que comenzaron a raíz de dos querellas interpuestas por el Ministerio Público en referencia a dos operaciones inmobiliarias: una relativa a la construcción de un pabellón deportivo y otra referente a la concesión de licencias para 300 viviendas.

En concreto, el Ministerio Público, según la Fiscalía General del Estado, interpuso una primera querella ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada en relación con la "alteración y modificación fraudulenta del concurso licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo situada en la calle Torre de la Pólvora 35", que tenía por objeto la construcción de un pabellón deportivo.

A esta primera denuncia, la Fiscalía añadió otra -que recayó en primera instancia en el Juzgado número 6 de la ciudad- por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a las "irregularidades en las obras de urbanización del plan parcial PP-N2", referentes a la "desviación de un barranco y a la concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz".