admite a trámite la denuncia de un comisario

La Justicia investiga la renovación de la cúpula policial con el Gobierno en funciones

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias admite a trámite el recurso de un comisario que denunció al Ministerio del Interior por entender que pretendía politizar a los jefes del cuerpo

Foto: El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al número dos de la Policía, Eugenio Pino, el pasado 31 de marzo en la inauguración de la nueva comisaría de Lorca (Murcia). (EFE)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al número dos de la Policía, Eugenio Pino, el pasado 31 de marzo en la inauguración de la nueva comisaría de Lorca (Murcia). (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga si el Ministerio del Interior incurrió en algún tipo de ilegalidad en la última convocatoria de plazas de comisarios principales, la máxima categoría de la Policía Nacional, de donde salen los responsables de las jefaturas, las subdirecciones o los departamentos más relevantes del cuerpo, como la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de diligencias judiciales tan importantes como los casos Gürtel, Bárcenas o la supuesta financiación irregular de Podemos. 

La Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal canario admitió a trámite el pasado 1 de febrero el recurso presentado por un comisario -delegado del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en las islas- contra la resolución de la Dirección General de la Policía (orden general 2156) que convocó 27 plazas de comisario principal el 30 de noviembre de 2015. El comisario, que finalmente aprobó la oposición, alegaba que esta había sido injusta al introducir el sistema de concurso oposición en un modelo de ascenso que siempre se había decidido por antigüedad selectiva, que en la práctica se limitaba a aprobar a los funcionarios que llevaban más años como comisarios. 

A juicio del denunciante, que está apoyado por su organización sindical -curiosamente, la que representa a más del 80% de los comisarios de la corporación-, el cambio de sistema politiza la escala superior, pues la introducción del concurso oposición permite que puedan acceder muchos más aspirantes y que la Dirección General de la Policía pueda seleccionar. Argumenta que en este sistema la entrevista final es fundamental, pues el tribunal está conformado por miembros de la cúpula del cuerpo.

No en vano ese era el argumento del SPP para plantear el recurso a través de su delegado en Canarias, que este nuevo modelo politiza los cargos. Desde el sindicato de mandos policiales, explican que siempre han estado en contra del concurso oposición por este motivo, que incluso se oponen a que el ascenso de inspector jefe a comisario se haga también por este sistema. Matizan, sin embargo, que esta última es una batalla perdida, ya que desde que lo aprobó el Gobierno socialista de Felipe González, se ha enraizado en la corporación. No en vano, aquella primera promoción se denomina dentro del cuerpo como Promoción Pablo Iglesias, en alusión al fundador del PSOE.

La última convocatoria de comisarios principales aprobó a nueve funcionarios por concurso oposición y a 18 más por antigüedad selectiva. Por primera vez, además de la inclusión del mencionado concurso oposición, se produjo algo inédito hasta el momento, que fue el hacer uso del adjetivo 'selectiva' del sistema de antigüedad, ya que por primera vez no aprobaron estrictamente los que llevaban más tiempo siendo comisarios, sino que hubo quienes se quedaron fuera a pesar de contar con más años en la categoría.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, junto al director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)

El comisario del SPP presentó un recurso contra la convocatoria, pero indirectamente también contra el Real Decreto 1069/15, que introdujo el concurso oposición en el sistema de ascenso a comisario principal. En concreto, la norma pretende desarrollar solo algunos aspectos de los procesos de ascenso interno que contempla la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía, aprobada el pasado 18 de julio, que ya fueron anunciados por El Confidencial. 

"Criterios básicos de técnica normativa aconsejarían la elaboración de un nuevo reglamento que recoja de manera integral todos los extremos de la regulación", explica el real decreto -aprobado 20 días antes de las elecciones-, que añade: "No obstante, cuestiones de urgencia relacionadas tanto con necesidades de la operativa policial, singularmente la elevada tasa de jubilaciones de los miembros integrados en la categoría de comisario principal, así como otras relativas a la implantación real y efectiva de los principios de igualdad, mérito, capacidad y antigüedad en los procesos selectivos hacen necesario el abordaje parcial en este momento de algunas de las reformas acogidas en la referida Ley Orgánica 9/2015".

Desde el SPP, aseguran que hay más de 150 comisarios principales en activo en la corporación y que el catálogo de puestos de trabajo únicamente prevé 77 destinos para esta categoría, por lo que no entienden que haya urgencia en aprobar la norma, que únicamente enmarcan en el interés político del Ministerio del Interior de contar con un grupo de funcionarios afines al departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz que se hagan cargo de áreas policiales de especial sensibilidad.

No en vano, en los próximos meses de junio y julio quedarán vacantes las plazas de director adjunto operativo -número dos de la corporación- y de comisario general de Policía Judicial, ya que sus actuales inquilinos -los comisarios principales Eugenio Pino y José Santiago Sánchez Aparicio- pasarán a situación de jubilación. También está pendiente de ser nombrado el responsable de la UDEF de la Policía, área encargada de investigaciones tan relevantes como el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas, los cursos de formación de Andalucía o la financiación de Podemos.

Sin embargo, el SPP no es el único que considera que este cambio normativo obedece a intenciones políticas. La comisión de Interior del Congreso de los Diputados instó el pasado martes al Gobierno a que paralice el proceso de ascenso de los comisarios principales, después de que el PSOE presentara una proposición no de ley pactada con Ciudadanos y aprobada con 26 votos a favor (ERC, PSOE y Ciudadanos), dos abstenciones (Democracia y Libertad) y 16 en contra (los de PP y UPN). En concreto, el Parlamento reclamó al Ejecutivo que "paralice el proceso de la nueva convocatoria y en consecuencia el ascenso que de esta se derive, procediendo a someter de manera voluntaria a escrutinio por parte del Ministerio de Administraciones Públicas la actuación completa relativa a la mencionada convocatoria y a la remisión de sus conclusiones a la comisión de Interior".

Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía.
Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía.

La diputada socialista Ana Botella denunció que la iniciativa del ministerio permite hablar de "policía política" y lamentó que se pueda interferir en la carrera de los funcionarios "en clave de control ideológico". Desde Ciudadanos, por su parte, el diputado Javier Hervías afirmó que "lo que se está intentando es politizar las fuerzas de seguridad intentando colocar a comisarios principales afines". El PP ha respondido a las acusaciones argumentando que la paralización de este proceso provocaría "un daño a las expectativas organizativas y a la calidad del servicio".

El TSJ de Canarias ha abierto una pieza separada para decidir si, como ha pedido el comisario que ha intepuesto el recurso, es procedente paralizar el ascenso como medida cautelar previa a la decisión judicial de si es o no irregular el proceso. La Abogacía del Estado, por su parte, ha argumentado que el alto tribunal regional no es competente para enjuiciar el asunto, puesto que este implica a funcionarios de muy diversas partes de España, alegación que el SPP ha rechazado de plano, ya que el único recurrente tiene su plaza en Canarias.

Fuentes policiales aseguran que el TSJ de Canarias estrictamente no está investigando, sino que únicamente tiene que resolver el recurso. Aseguran que el proceso ha sido "impecable" y que confían en que los tribunales rechazarán la queja.

El anterior Gobierno socialista, con Francisco Javier Velázquez como director general de la Policía y la Guardia Civil, también trató de modificar el sistema de ascenso a comisario principal en el mismo sentido que ha aprobado ahora el Ejecutivo popular. Por aquel entonces, sin embargo, era el propio PP desde la oposición el que criticaba la maniobra emprendida por el máximo responsable de ambos cuerpos, quien incluso llegó a acuñar la teoría de la pecera en una reunión interna para argumentar que necesitaba tener un grupo de comisarios afines entre los que poder 'pescar'.

La reforma legislativa emprendida por Interior con la aprobación del mencionado Real Decreto 1069/15 no es la única iniciativa encaminada a nombrar altos cargos de las fuerzas de seguridad con mayor libertad. El ministerio aprobó tan solo tres días antes de esta norma otro real decreto que permitía designar a dedo y sin necesidad de publicitarlo a todos los responsables de los órganos de coordinación, gabinetes y subdirecciones generales de la Secretaría de Estado de Seguridad con el argumento de que eran puestos de especial seguridad y confidencialidad.

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