El Tribunal de Cuentas se lava las manos e investigará a Podemos con los otros partidos

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha decidido quedarse al margen de la investigación sobre la financiación de Podemos con fondos de Irán a través del conglomerado audiovisual del régimen islámico en España. Como adelantó El Confidencial el pasado 8 de marzo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había remitido en febrero al órgano encargado de fiscalizar alos partidos elinforme de inteligencia PISA sobre Podemos que ha llevado a esa sección de las Fuerzas de Seguridad a abrir una investigación penal. El objetivo de la UDEF era facilitar que el TCU pudiera abrir su propio procedimiento para aclarar si la fuerza emergente pudo cometer infracciones de tipo administrativo.

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La denuncia de la Policía fue recibida por el Departamento de Partidos Políticos de la Sección de Fiscalización del TCU, el órgano encargado de abrir diligencias para comenzar un proceso de instrucción que incluye la petición de documentos y termina con la elaboración de un informe de conclusiones que es sometido al dictamen del pleno. Sin embargo, el TCU ha anunciado este viernes que ha optado por no investigar los documentos de la Policía en un procedimiento específico sobre los fondos de la formación de Pablo Iglesias. Sólo analizará esos datos en el marco del estudio global sobre la contabilidad de los partidos que realiza anualmente a todas las formaciones.

La información de la UDEF ni siquiera será incluida en el informe sobre las cuentas de los partidos del ejercicio 2014, año de la fundación de Podemos y en el que, según esos documentos de inteligencia, se habría producido la entrada de dinero del régimen de Teherán a través de la productora del canal iraní Hispan TV. El TCU ha explicado en su comunicado que el informe de los partidos de 2014 se encuentra en una fase muy avanzada y, por tanto, no admite la inclusión de nuevos datos.

La información policial sólo será considerada en el informe de financiación de los partidos de 2015. El TCU ha pedido a las formaciones que le remitan sus cuentas consolidades de ese ejercicio antes del próximo 30 de junio. A partir de ese momento comenzarán las comprobaciones del organismo para verificar si los datos remitidos por las formaciones son reales y averiguar si incumplieron la normativa. “Si de la verificación de las contabilidades de las formaciones políticas se apreciaran infracciones de las tipificadas en la mencionada LOFPP [Ley Orgánica de Financiación de los Partido Políticos], el Tribunal de Cuentas acordará tramitar el correspondiente procedimiento e imponer, en su caso, las sanciones previstas en la citada ley”, asegura el comunicado remitido por la institución. “En el supuesto de que el Tribunal de Cuentas detectara indicios de infracciones de carácter penal, se dará traslado de ellos al Ministerio Fiscal, a los efectos oportunos”.

La UDEF está centrando su investigación penal sobre la presunta financiación ilegal de Podemos en los fondos que habría recibido a partir del 1 de julio de 2015. La legislación establece que, a partir de ese momento, recibir más de 100.000 euros al año de otro país para costear los gastos de una formación supone un delito castigado con hasta cuatro años de cárcel para los responsables del partido y una multa de hasta el quíntuplo de la cantidad recepcionada.

Sin embargo, la legislación ya contemplaba sanciones administrativas por la financiación con fondos de un gobierno extranjero desde el año 2007. Ese es el campo en el que se desarrollará la investigación que finalmente hará el Tribunal de Cuentas sobre Podemos.